Defensa blinda sus bases contra las reivindicaciones de los alcaldes

Cinco kilómetros de playa virgen y 5.399 hectáreas de monte y pastos. Al norte, el parque natural de Los Alcornocales. Y el Atlántico al sur. El campo de adiestramiento de la Armada en la sierra del Retín está encajonado entre los núcleos turísticos de Barbate y Zahara de los Atunes, en Cádiz. Para cualquier promotor inmobiliario esos casi 54.000 metros cuadrados serían el paraíso en la Tierra. El Ayuntamiento barbateño lleva décadas instando a la Armada a abandonar la finca, que ocupa el 37% de su término municipal. Pero el Ministerio de Defensa, que asegura que la zona se ha librado del ladrillo gracias a su presencia allí desde que los terrenos fueron expropiados en 1981, considera que el Retín resulta vital. Tanto que el Gobierno ha declarado este campo "zona de interés para la defensa nacional".

Este paso forma parte de una campaña de blindaje emprendida en junio. En solo cuatro meses, el Gobierno ha convertido 13 instalaciones militares en áreas de "interés para la defensa nacional". Entre otras cosas, ello implica que en la franja de 300 metros de anchura que rodea los campos y acuartelamientos no podrán acometerse "obras", "instalaciones" o "actividades de clase alguna" sin la autorización ministerial.

El paraguas legal que se está empleando es una ley de 1975 y un reglamento de 1978, ambos preconstitucionales. También, la Ley Orgánica de Defensa Nacional, de 2005. Desde que en febrero de 1978 se aprobó dicho reglamento, solo seis instalaciones militares habían alcanzado esta máxima categoría de protección, reconoce el ministerio. En solo cuatro meses, Defensa ha declarado otras 13, que suman una superficie total de más de 46.300 hectáreas: una base en Almería, otra en Madrid, 10 en Cádiz y una más en Zaragoza. En este último caso se trata del campo de maniobras de San Gregorio, el mayor de España, con sus 33.847 hectáreas.

El ministerio de Pedro Morenés argumenta que el objetivo es "evitar" que esas zonas "sean engullidas por el desarrollo inmobiliario". También busca "evitar conflictos de intereses que se producen en ocasiones por la construcción de autovías, líneas de AVE o reclamaciones de entidades oficiales o particulares". "Es un golpe en la mesa a un pueblo", replica el socialista Rafael Quirós, alcalde de Barbate, quien recuerda que el pasado verano el municipio se manifestó y pidió a la Armada que se marchase. "Ahora seguirán sin pagarnos un euro y ocupando casi la mitad de un municipio que quiere dedicarse al turismo y tiene un alto paro", añade el regidor de esta localidad de 23.000 habitantes. La movilización vecinal —se ha creado una plataforma— se produjo tras el incendio que se registró en junio dentro del campo de adiestramiento. Las maniobras realizadas allí han desencadenado 14 fuegos en los últimos tres lustros.

Otro gran incendio, en 2009, despertó las reivindicaciones en la comarca de las Cinco Villas, que engloba a cinco municipios aragoneses en los que viven unas 32.000 personas. Allí se sitúa el campo de maniobras de San Gregorio, declarado en junio zona de "interés para la defensa nacional". "El Gobierno está blindando esos terrenos para que siempre sean militares", opina José Luis Pola Lite, también del PSOE y presidente de esta comarca. Su partido, IU y la Chunta Aragonesista aprobaron en julio una proposición en la que piden al Estado la desafección de los terrenos. Abogan por darles usos agrícolas, ganaderos, ecoturísticos u "otros usos sociales". "En la comarca tenemos inconvenientes sin beneficios", apunta Pola.

En lo que sí coinciden Defensa y estos alcaldes es en que la crisis ha hecho que los Ayuntamientos miren a estos terrenos como una forma de intentar salir del hoyo.

No todos los regidores están molestos con que el Ejército esté en sus municipios. "¡Que no se vayan, por favor!", pide la alcaldesa de Viator, María del Mar López Asensio, del PP. La Legión ocupa el 52% de esta localidad almeriense y sus instalaciones también han sido declaradas de interés para la defensa nacional. El desarrollo de Viator, de 5.600 habitantes, ha estado ligado a la base, indica López. "Varias generaciones de legionarios viven aquí", explica.

En una posición intermedia se sitúa el regidor de Tarifa, Juan Andrés Gil, también del PP. Cinco instalaciones militares sitas en este municipio gaditano de 18.000 vecinos también han sido blindadas por el Gobierno en los últimos meses. "No somos nadie para enmendar la plana y sabemos que estamos en una zona sensible", asume. Pero Gil pide al ministerio que ceda al municipio alguna de las 10 "propiedades desafectadas" que el Ejército posee en Tarifa. Reclama, por ejemplo, un antiguo cuartel y una vieja batería en la que quieren levantar un centro de interpretación del parque natural del Estrecho.