La Xunta perdona a la constructora media Autovía da Costa da Morte

La adjudicataria de la Autovía da Costa da Morte ya no tendrá que construir todo el vial para comenzar a cobrar de la Xunta su canon anual por cada vehículo que circule, como se había comprometido la concesionaria en 2011 cuando ganó el concurso de la obra. Tres años después, la unión de empresas encabezada por Copasa aún no había logrado la financiación privada necesaria para acometer toda la vía, pero ahora el Gobierno gallego, en vez de rescindirle el contrato por completo, lo adaptará a la medida de sus posibilidades. La constructora hará solo 25 de los 42 kilómetros totales, según se recoge en la última disposición adicional de la ley de acompañamiento de los Presupuestos autonómicos que ayer entró en el Parlamento.

La Autovía da Costa da Morte, entre Carballo y Berdoias (Vimianzo), obra valorada en 200 millones de euros, fue planificada como una infraestructura de peaje en la sombra, sistema por el que una empresa asume su construcción con fondos propios y, una vez terminada, la Administración le paga por cada vehículo que la emplee. La vía la licitó por primera vez el bipartito de PSdeG y BNG en 2008, pero al poco de colocar el entonces presidente, Emilio Pérez Touriño, la primera piedra, su adjudicataria, la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Ferrovial y Taboada y Ramos, paró los trabajos por su incapacidad para lograr la financiación necesaria. Nada más recuperar la Xunta en 2009, y en una decisión que contrasta con la actual, el PP rescindió aquel contrato por completo. En vez de negociar al igual que ahora con la concesionaria, como venía haciendo el bipartito, criticó ese proceder y convocó un segundo concurso. El PSdeG denunció entonces sobrecoste en ese procedimiento, y la polémica llevó a la Xunta a anularlo, destituir a la entonces directora de Infraestructuras y convocar un tercer concurso. En ese último proceso, resuelto en 2011 y al que solo se presentó otra oferta, de ACS, ganó la UTE formada por Copasa, Taboada y Ramos (presente ya en la primera adjudicación), Covsa y CRC Obras y Servicios, a la que se le fijó la condición de que “solo se tendrá derecho a recibir ingresos por parte de la Administración tras la entrada en servicio de la totalidad de la autovía”.

Tres años después, la adjudicataria apenas ha ejecutado una quinta parte del total de la obra porque tampoco ha logrado la financiación a la que se había comprometido. Ahora, la Xunta, y con rango de ley, ha acordado “la resolución parcial del contrato” para que la empresa solo tenga que ejecutar los primeros 25 kilómetros de la vía, entre Carballo y Baio (Zas) y así “reducir el volumen de compromisos de gasto que se derivan”. Aparcados sin fecha quedan los 17 kilómetros restantes entre Baio y Berdoias (Vimianzo), por cuyos trabajos ya iniciados y al 19% de ejecución la empresa será compensada. Esa cantidad por lo ya trabajado pero no terminado y el nuevo canon anual que recibirá la concesionaria por los 25 kilómetros que sí acabará aún deberán ser definidos. Los Presupuestos autonómicos en los que se incluye esta rescisión parcial del contrato siguen contemplando entre las obligaciones plurianuales el total de 745 millones que la Xunta se había comprometido a pagar hasta 2036 a cambio de los 42 kilómetros cuyo coste real no supera los 200 millones.

La norma que impulsa el Gobierno gallego nada dice de posibles impugnaciones por parte de la otra oferta que se presentó al concurso de 2011, de Iridium, filial para concesiones del grupo ACS, a la que la candidatura encabezada por Copasa ganó fundamentalmente por su mejor oferta económica, esa que luego ha sido incapaz de cumplir.

La misma ley de acompañamiento de los Presupuestos en la que se modifica la concesión de la Autovía da Costa da Morte incluye otras muchas modificaciones normativas de todo tipo. Entre ellas destaca la posibilidad de que los casinos, de los que solo puede haber uno por provincia, abran “una sala adicional” en otra localidad dentro de la misma provincia en la que “podrán practicarse todos los juegos autorizados para casino”, lo que vendría a facilitar la histórica pretensión de la empresa que gestiona la sala de juego de la isla de A Toxa (O Grove) de abrir una sucursal en Vigo. La ley de acompañamiento también establece que todos los informes sectoriales sobre patrimonio cultural, medio ambiente u otros similares, necesarios para desarrollar determinadas actuaciones urbanísticas se emitan en un plazo de tres meses o el silencio administrativo sea considerado positivo.