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El testigo clave sostiene que avaló 25 cursos que no se impartieron

El funcionario señala a dos cargos de la Junta de obligarle a expedir los diplomas tras mostrar su disconformidad por escrito

Ángeles Lucas
El funcionario Teodoro Montes en los juzgados de Sevilla este miércoles.
El funcionario Teodoro Montes en los juzgados de Sevilla este miércoles.PACO PUENTES

El funcionario Teodoro Montes, principal testigo en la macrocausa sobre los cursos de formación que instruye la juez Mercedes Alaya, ha declarado este jueves que firmó los diplomas de 25 cursos de formación de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) que previsiblemente no se impartieron entre los años 2009 y 2010. Según ha detallado, esos cursos no estaban inscritos en la herramienta informática en la que se anotaba toda la formación ejecutada llamada Gefoc. En su cuarto día de declaración, Montes ha señalado a la actual delegada de empleo de Sevilla, Aurora Cosano, y a la secretaria provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), María Auxiliadora de Nova, de imponerle, pese a la ausencia de anotación en la herramienta Gefoc, que expidiera los diplomas. Accedió a ello pero aseguró que existía constancia por escrito de su negativa, según han informado fuentes judiciales.

Con respecto a irregularidades en los diplomas, las fuentes han detallado que podría haber más cursos en similar situación por lo que cabría la posibilidad de que este método se utilizara en otras ocasiones desde la Faffe, una entidad, que, según denunció el funcionario en 2013, podría haber gestionado hasta 450 cursos y que además acumula 48,8 millones entre 2009 y 2010 de los que “no consta justificación alguna, a pesar de haber finalizado el plazo límite para ello”, según informó la Cámara de Cuentas.

Montes se ha convertido en el eje central de la investigación de la juez, pero este miércoles se debilitó su testimonio tras contradecirse en sus principales acusaciones. El funcionario se desdijo de la petición de mordidas desde la patronal andaluza y los vínculos entre el caso ERE y los cursos de formación, y de nuevo, evitó ofrecer pruebas sobre sus acusaciones contra los agentes sociales y la fundación pública de la Junta Faisem, a la que imputó haber maltratado y anestesiado a enfermos mentales.

El pasado martes acusó a los sindicatos y a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) de cobrar mordidas de hasta el 20% por la subcontratación de los cursos y este jueves ha declarado que no sabía cómo las entidades pagaban esas cantidades pedidas. Ha ratificado que los sindicatos cobraran las comisiones, pero ha matizado de nuevo su testimonio respecto a la CEA. Ha confirmado que se creó en la patronal una red de entidades que se lucraron a través de ella al poder acceder a los cursos que le eran adjudicados y que se ejecutaban en sus instalaciones y con sus docentes. Y ha dicho que, de esta forma, el beneficio que obtendría con ello la patronal sería la posibilidad de realizar los cursos cuando y como quisiesen.

Por otro lado, los Efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) han comenzado a interrogar a los alumnos y profesores de cursos de formación en Almería.

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Sobre la firma

Ángeles Lucas
Es editora de Sociedad. Antes en Portada, Internacional, Planeta Futuro y Andalucía. Ha escrito reportajes sobre medio ambiente y derechos humanos desde más de 10 países y colaboró tres años con BBC Mundo. Realizó la exposición fotográfica ‘La tierra es un solo país’. Másteres de EL PAÍS, y de Antropología de la Universidad de Sevilla.

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