Mas rompe la unidad soberanista al admitir que el 9-N puede cancelarse

La cuenta atrás hacia el día 9 de noviembre está abriendo profundas discrepancias en el bloque de partidos soberanistas catalanes, que cada día se encuentra más dividido. Los desacuerdos soterrados de las últimas jornadas por la suspensión de la consulta por parte del Tribunal Constitucional se convirtieron ayer en reproches públicos cuando el Gobierno catalán admitió que en 10 días tendrá que decidir si paraliza o no el referéndum. El consejero de Presidencia, Francesc Homs, admitió por primera vez que la votación está en el aire y que tiene tiempo hasta el 15 de octubre para seguir adelante con los plazos fijados por la convocatoria de la misma. El Tribunal Constitucional no tiene previsto dictar sentencia antes de esa fecha, por lo que la situación no variará.

ERC reprochó con gran dureza a la Generalitat que ya hable públicamente de no hacer la votación y haya asumido, de esta forma, la “posible fecha de defunción” a la consulta. Por la tarde, y todavía en medio de un ambiente de tensión, los partidos soberanistas intentaron de nuevo limar sus asperezas en una discreta reunión con la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega.

Pese a la fotografía de unidad del pasado viernes tras reunirse con Artur Mas los dirigentes de los cuatro partidos partidarios de la consulta (CiU, ERC, ICV y la CUP), las discrepancias van en aumento. Cada día que pasa es un día perdido a efectos de los preparativos técnicos del referéndum y ERC sospecha que, pese a lo que dice en público, Artur Mas y su Gobierno ya han renunciado a la consulta.

Por este motivo, los republicanos decidieron no esconder su indignación cuando Homs apuntó ayer en la emisora Rac1 que su Ejecutivo tiene margen para actuar hasta “el entorno del 13, 14 y 15 de octubre” si quiere seguir adelante cumpliendo los plazos fijados en el decreto de convocatoria.

“El Gobierno nos ha descolocado al ponerle una posible fecha de defunción a la consulta, ya que el viernes se acordaron todas las garantías democráticas para llevarla a cabo”, replicó la portavoz de ERC, Anna Simó en referencia a la maratoniana reunión de partidos celebrada en el Palau de la Generalitat.

Fuentes del Gabinete catalán admiten que cada día es más difícil seguir hablando de la consulta como una certeza. “O lo tenemos todo a punto esta semana o habrá que tomar decisiones”, admiten. Y es que más allá de la convocatoria, hay que acabar de configurar el censo electoral, definir los locales de votación, enviar las papeletas y concluir todo tipo de actos burocráticos.

La Generalitat teme que este proceso pueda sufrir un golpe que resulte casi definitivo en cualquier momento si el Tribunal Constitucional decide anular la junta electoral puesta en marcha la semana pasada y que el pasado fin de semana quedó disminuida por la dimisión de uno de sus miembros, el politólogo Joaquim Brugué.

En un nuevo intento de calmar a sus socios de ERC y exhibir los preparativos de la consulta, la Generalitat recordó ayer que sigue admitiendo solicitudes para ejercer el voto anticipado y para completar el registro de participantes, pese a la suspensión cautelar por parte del Constitucional.

El Ejecutivo catalán ampara estas acciones en el hecho de que está obligado a admitir todos los documentos que le entregue un ciudadano. Los inmigrantes que quieran votar deben enviar una solicitud específica para participar en la iniciativa y deberían hacerlo, según el decreto, antes de mañana, miércoles, para que tenga validez para la consulta, aunque no se descarta que se pueda ampliar este plazo.

La previsión es que la lista provisional de personas llamadas a participar se publique el próximo 10 de octubre y se convierta en definitiva el 16 de octubre, tras unos días reservados para solicitar modificaciones, altas y bajas.

Pese a que en el bloque soberanista comienza a cundir la idea de que la consulta no se podrá hacer, el discurso público sigue destilando optimismo. La portavoz de Convergència (CDC), Mercè Conesa, aseguró ayer que “nada” le hace pensar que el referéndum no vaya a celebrarse pese a la suspensión del Constitucional. Además, invitó a los Ayuntamientos a continuar haciendo los trámites para facilitar el voto. Concretamente, pidió a los alcaldes que nombren a un responsable de la consulta en cada municipio.

El Parlamento catalán envió ayer al Tribunal Constitucional el escrito de recusación de su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, y del magistrado Pedro José González-Trevijano, quien ha sido designado ponente respecto al recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra la ley de consultas.