Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
OPINIÓN

‘I want to vote’

Ahora solo podemos salir del atolladero votando, pero no en una consulta que no tendría garantías, sino en unas autonómicas

El pasado referéndum escocés sirvió a nuestros soberanistas para redoblar su campaña de internacionalización de la consulta —We want to vote— y para lamentarse incansablemente de que Rajoy no sea como Cameron. Pudieron haber añadido, y no lo hicieron, que también es una lástima que Mas no sea como Salmond, y que, antes de poner en marcha una consulta sobre la independencia del país, no se haya impuesto, como sí hizo el escocés, la obligación de apoyarse en una mayoría absoluta en el Parlament ganada en las urnas con una propuesta inequívocamente independentista.

Y es que en Cataluña nos hemos saltado, como ahora se dice, una pantalla: un mandato claro para preguntar a la ciudadanía sobre la independencia. Sí, ya sabemos que la inefable pregunta del 9-N incluye también la posibilidad esotérica del Sí-No, pero hasta el mismo David Fernández (diputado de la CUP y coautor del bodrio), en un debate con representantes de los partidos catalanes el mismo día del último debate de política general en el Parlament, afirmó que eso del Sí-No nadie sabía muy bien qué quería decir.

Sentado a la diestra de Fernández, el representante de ICV, partido al que se supone impulsor de la introducción de esa opción en la pregunta, otorgó con su silencio. Y es que, como acaba de recoger explícitamente toda la prensa internacional de referencia, lo que se ha planteado para el 9-N es un referéndum —no una consulta— sobre la independencia, y no otra cosa. Pero, ¡ay!, para eso, guste o no, no existe un mandato popular expresado en las urnas.

Así que la consulta del 9-N no es que quepa o no en la Constitución, sino que quienes la impulsan carecen de mandato democrático para convocarla. Sí lo tendrían para preguntar a la ciudadanía sobre cuál sería la opción preferida en la relación entre Cataluña y el resto de España; pero entonces la pregunta debería considerar las tres opciones que hoy defienden los partidos que obtuvieron representación parlamentaria en noviembre de 2012: el estatuto actual, un autogobierno reforzado en el marco de un Estado federal, la independencia. La pregunta pactada para el 9-N recoge las opciones primera y tercera, pero no la segunda, como el propio David Fernández ya ha dejado claro.

Hemos llegado a un punto en el que solo podemos resolver el problema que tenemos votando

Hemos llegado a un punto en el que solo podemos resolver el problema que tenemos votando. Pero hay que respetar los procedimientos. Y eso quiere decir que el president Mas debería cumplir de verdad con su promesa y llamar a la ciudadanía a votar, aunque no en una consulta que, más allá de que nos guste o no la pregunta, y aceptemos o no su legalidad, no podrá realizarse ya con las mínimas garantías democráticas y la necesaria deliberación exigibles a un proceso de este tipo. Mas debe llamar a elecciones (que cada uno le ponga el adjetivo que quiera, si es que hace falta) al Parlamento de Cataluña. Si esta vez los partidos políticos fijan claramente su posición sobre la cuestión de la independencia, esas elecciones nos dirán qué opinan los ciudadanos al respecto. O al menos lo harán con mucha mayor exactitud que cualquier encuesta o que una consulta descafeinada como la que, de llevarse a cabo en las actuales circunstancias, tendría lugar el nueve de noviembre.

Últimamente hay quien sostiene — y algunas afirmaciones del presidente Mas en su entrevista con Mònica Terribas parecían ir en esa dirección— que de lo que se trataría el 9-N es de saber la opinión de los catalanes de cara a poner en marcha, o no, la competencia de la Generalitat de instar una reforma de la Constitución que diese cauce a la opción ganadora de la consulta. Lástima que, increíblemente, nadie sepa todavía cuál será el criterio de cómputo para establecer qué opción ha ganado.

En todo caso, si se tratase de eso, sería más fácil, claro y democrático que los partidos que defiendan esa vía la incorporen a sus programas electorales. Y que quien defienda la vía unilateral a la independencia lo haga también. Todos sabríamos entonces dónde estamos y a qué atenernos. Con esas condiciones, y en función de la mayoría que se diese en el Parlament, en mi opinión, una España democrática debería ir pensando en una reforma constitucional y, en su caso, en acogerse al modelo canadiense y aplicar los principios de la ley de claridad.

Ese es el camino. Algunos dirán que ya sabemos a dónde conduce: al mismo lugar en que estamos ahora. Pero nada está escrito en ninguna parte. Y el ciclo electoral que viene trastocará de tal manera el paisaje político español y catalán que los análisis basados en los mapas actuales van a quedar obsoletos.

Desde el campo soberanista se reclama continuamente el apoyo de los demócratas españoles al proceso en marcha en Cataluña, pero se pide sin haber hecho los deberes correspondientes. Háganse y exíjase entonces el mismo comportamiento democrático que se habrá mostrado previamente. Así pues, Mister President, we want to vote; I want to vote. Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya, respetuosamente, haga el favor de poner las urnas. Las de verdad.

Francisco Morente es profesor de Historia Contemporánea en la UAB