La Síndica pide que no se embargue a los pobres por no pagar impuestos

La Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, alertó ayer de que en la ciudad se está produciendo la paradoja de que el Ayuntamiento está embargando el dinero de las cuentas por no pagar impuestos a ciudadanos en situación de pobreza a los que, por otro lado, está ayudando a través de los servicios sociales municipales. Vilà pidió al Gobierno municipal que compruebe de dónde salen los ingresos y si se trata únicamente de ayudas --“conceptos retributivos no embargables”--, paralice el cobro de las deudas tributarias en caso de morosos que están en situación de clara vulnerabilidad económica.

Es el caso de Pere, nombre ficticio de un jubilado que pide anonimato. Es una de las personas que se han dirigido a la Síndica para denunciar su caso. En 2010 tuvo dificultades económicas y (mal)vendió un piso por un valor que no alcanzaba ni siquiera el valor de la hipoteca. Además, pidió un préstamo, por lo que no vio un duro del dinero que le pagaron. La plusvalía ascendía a 9.200 euros, un importe que asegura que en varias ocasiones y por escrito ha solicitado fraccionar.

La pelota no ha parado de bajar por la pendiente y la deuda, si se suman los intereses de demora (1.253 euros) y la multa por no pagar (4.859), supera los 15.000 euros. Mientras, su situación económica no ha mejorado: apenas cobra 600 euros de una prestación de jubilación con complemento. De ahí que, junto a su mujer, ambos mayores y enfermos, durante algunas temporadas hayan sido usuario de los servicios sociales del Ayuntameinto.

“¡Y encima tienen los huevos de mandarme una carta que dice que si pago los 15.000 euros a tocateja me hacen descuento!”, se sulfura tras recordar que sus ingresos apenas llegan al importe del salario mínimo.

La Síndica explica que la respuesta que ha obtenido del Ayuntamiento es que no embarga las prestaciones en origen, sino el dinero que hay en una cuenta bancaria, del que desconoce el origen. Pero Vilà recuerda que el resultado es el mismo: que una persona pobre se queda sin los pocos ingresos con los que cuenta. Además, fuentes de la Sindicatura explican que las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento prevén “la declaración de insolvencia de los deudores”.

Las quejas de familias pobres que han llegado a la Síndica son pocas numéricamente, pero “pueden ser la punta del iceberg”, afirman fuentes de la institución. Sobre el papel, el Ayuntamiento puede embargar a los ciudadanos por el impago de cualquier cantidad, aclaran las mismas fuentes. Deudas que pueden tener en origen desde en no pagar el IBI hasta una plusvalía derivada de una compraventa inmobiliaria, el impuesto de circulación, de basuras o una multa de tráfico. En varias ocasiones, los casos analizados por Vilà son de personas “que antes podían y ahora no pueden”, vecinos que eran solventes, pero a quien la crisis o la pérdida de empleo les han convertido en caras de la nueva pobreza.

La Síndica reconoce que, de entrada, la Administración, en este caso local, no tiene por qué conocer las fuentes que alimentan una cuenta embargada, “pero una vez tiene conocimiento, como mínimo, tendría que tomar en consideración las alegaciones del ciudadano o ciudadana, comprobar los hechos y actuar en consecuencia”, afirma. En el informe, la Síndica recuerda que “los criterios legales sobre inembargabilidad de sueldos y pensiones que no superan el sueldo mínimo interprofesional” tienen por objeto precisamente “asegurar la satisfacción de los mínimos vitales y unas condiciones de vida dignas”.