Imputada la alcaldesa de Puerto Real por una adjudicación a dedo

El Juzgado de Instrucción 1 de Puerto Real ha imputado a la alcaldesa de esta localidad gaditana, María Isabel Peinado (PA), por prevaricación al firmar un convenio de exclusividad con una empresa privada para la gestión de los aceites usados de origen doméstico y comercial. También ha sido imputada por el mismo caso la concejal de Medio Ambiente del municipio, María Beatriz Parrado, quien junto a la alcaldesa deberá comparecer ante la titular del juzgado el próximo 8 de octubre. Esta imputación es la respuesta judicial a una querella presentada por la Asociación Nacional de Gestores de Residuos de Aceites y Grasas Comestibles (Ceregras), encargada de garantizar su gestión en el ámbito nacional y europeo.

La asociación ve ilegal el monopolio del sector y según el auto de admisión de la querella, tanto la alcaldesa como la concejal podrían haber cometido presuntamente delitos contra la Administración pública y vulneración del principio de libre competencia del mercado. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento preparan la defensa de ambas políticas. “Estamos muy tranquilos, se está trabajando en la documentación y en los informes”, ha declarado la alcaldesa de la localidad. Según Ceregras, en una junta de gobierno municipal de 2011 se firmó por motivos de urgencia un acuerdo de colaboración exclusiva con una empresa privada para la recogida de aceite usado doméstico domiciliario. “En contra de lo establecido en la ley de contratos del sector público, a esta medida no se le dio publicidad. Fue un convenio oculto. No se respetaron los principios básicos de libre concurrencia y competencia entre las empresas del sector”, matiza Carlos López, responsable jurídico de la asociación.

Un año más tarde, ese acuerdo se amplió para que la empresa designada por el Ayuntamiento tuviese también la exclusividad para recoger el aceite usado en los comercios, instituciones e industrias, entre ellos los establecimientos que pertenecen a la patronal de hostelería en Cádiz (Horeca). “Se dieron cuenta de que con el aceite doméstico no conseguían el suficiente rédito económico y ampliaron la recogida al ámbito comercial, cuando ya había empresas autorizadas en la localidad que realizaban ese servicio sin problemas”, considera López. En la ampliación del convenio, el Ayuntamiento estableció que la empresa designada en exclusiva para esta labor lo haría de forma gratuita. Es decir, sin pagar a los hosteleros por el aceite usado. Con el anterior sistema podían llegan a cobrar por la venta de un bidón de 50 litros entre 12 y 20 euros.

Los empresarios están obligados a entregar gratis estos residuos

El aceite usado está catalogado como un subproducto que tiene valor económico per se. “En el 99% de los casos este aceite se destina a la fabricación de biodiésel, que es lo que genera más rentabilidad económica. Pero en Puerto Real, esa gestión la está realizando solo la empresa que ha monopolizado el sector, ella se queda con todo el beneficio y los hosteleros no cobran nada por el subproducto, porque están obligados a entregar el aceite únicamente a esa empresa”, añade López. Según asegura Ceregras y como ya denunció públicamente el partido Equo, que está previsto que se persone como acusación popular en este caso, el Ayuntamiento se queda con el 10% de los beneficios de la empresa que monopoliza el sector.

Además, si los hosteleros no entregan el aceite a la empresa designada, pueden ser multados. En el acta del pleno municipal del 5 de octubre de 2012 se lee: “El Ayuntamiento si fuera necesario sancionará debidamente a aquellos establecimientos que incumplan de manera reiterada la obligación de entregar dicho residuo en su totalidad”.

López asegura que hay empresas disidentes, que se niegan a entregar el aceite a la que ha monopolizado el servicio. “Los agentes ambientales les dicen que pueden ser sancionados, pero de momento, creo que no ha pasado”, asegura.

Desde la asociación Ceregras recuerdan además que la imposición de un sistema público para la recogida de aceites usados tiene que estar motivada y razonada. “Tiene que justificarse el principio de mayor eficiencia o eficacia, lo que no nos consta en este caso. Además, la normativa vigente establece que el proveedor hostelero podrá elegir entre sistema público o privado”, añade López.