Alaya exige a la Junta los informes que fiscalizaron los cursos de formación

La juez Mercedes Alaya busca aclarar el papel de la Intervención General de la Junta, departamento que fiscaliza las cuentas de todo el Ejecutivo autónomo, en la nueva macrocausa de los cursos de formación. Para ello, la instructora ha exigido al Gobierno andaluz que en un plazo de 10 días le entregue “los informes que haya realizado la Intervención General desde el año 2002 en adelante para el programa 32D [sobre cursos de formación]”, y así determinar si existieron informes que avalaron o censuraron, como en el caso de los ERE, las subvenciones. Es decir, en su prolongado examen a las ayudas públicas a la formación, la juez quiere ver las opiniones de los interventores que durante una década visaron ayudas de la formación, ya que los últimos pagos del Gobierno se prolongaron hasta 2012, y en su petición a la Intervención Alaya se remonta a 2002.

En esta macrocausa, que superará los dos millones de folios y afecta a miles de empresas, Alaya ya le ha exigido a la Junta las subvenciones para cursos de formación desde 2001 hasta la actualidad. Ahora esta nueva petición de la juez, expuesta en un auto del pasado 16 de septiembre, pone la lupa sobre la vigilancia de estos fondos por parte de la Intervención General. Alaya considera delictivo el procedimiento con el que se repartieron las subvenciones, así como la ausencia de control sobre estos fondos, por eso ha encomendado a la Guardia Civil que recabe todos los informes que auditaron los cursos. La magistrada ya ha censurado en el caso ERE el papel de los interventores, y tanto el exinterventor delegado en la Consejería de Empleo como el ex interventor general Manuel Gómez están imputados en la causa.

La petición de Alaya es una diligencia esencial para poner orden en la macrocausa, dado el ingente volumen de los fondos (con una estimación de más de 3.000 millones de euros) y el periodo que abarca, que supera una década. Para ello la instructora ordena a la Guardia Civil que determine los informes previos de la Intervención sobre órdenes de la Junta, los que afectan a los expedientes que superaron los tres millones y se aprobaron en Consejo de Gobierno, así como los informes sometidos al control financiero. Sobre este último aspecto, la juez se refiere a informes “sobre Control Financiero Periódico”, pero esta definición no existe, por lo que probablemente alude a los informes sobre expedientes concretos de control financiero, según las fuentes consultadas.

El portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, ha replicado este martes que la Junta responderá “como siempre en tiempo y forma” a la petición de Alaya para la entrega de información. “La voluntad de este Gobierno es colaborar en la resolución de los casos que están sometidos a investigación”, ha insistido Vázquez. Los reproches y amenazas de la juez a los retrasos de la Administración en la entrega de la información han sido continuos. Tan frecuentes como las réplicas de la Junta sobre la imprecisión de las peticiones de la juez, al pedir esta datos e informes de manera global.

En definitiva, en su último auto Alaya encarga a los investigadores que analicen todos los pronunciamientos de la Intervención sobre las ayudas. Cada año la Intervención emite informes previos sobre las bases reguladoras y órdenes de convocatoria de la Junta (entre ellas las referentes a la formación). Cuando las ayudas superan los tres millones, deben ser aprobadas por el Consejo de Gobierno dado su carácter de “concesión directa” y visadas de manera preventiva por los informes previos de la Intervención General. Finalmente, los interventores examinaban de manera aleatoria cada año alrededor de unos 600 expedientes a través de la figura del control financiero, por lo que entre estos expedientes habrán figurado sin duda algunos relativos a los cursos de formación.

La juez quiere que la Guardia Civil precise “la explicación de la Intervención” sobre el diferente tratamiento de la concesión de fondos públicos. Y para ello quiere que diferencie entre las subvenciones otorgadas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y las concedidas por los delegados provinciales de Empleo. Además, incluye un matiz muy concreto sobre si existió “algunas particularidades en la Delegación Provincial de Empleo de Sevilla”, al frente de la cual estuvo durante años el exdelegado imputado Antonio Rivas, y “el papel que realizó la Intervención en el control financiero de las subvenciones”, y reclama una “explicación ajustada a la legalidad sobre las mencionadas exoneraciones”. Sobre las exoneraciones, que permitieron que Ayuntamientos, Diputaciones y empresas pudieran optar varios años a nuevas subvenciones sin haber justificado las concesiones anteriores, ya se ha pronunciado Alaya. En el auto de imputación del exconsejero Antonio Fernández la magistrada censuró los 950 millones “sin justificar” gracias a las exoneraciones. Ahora la juez quiere saber si la Intervención se ha pronunciado sobre estas resoluciones, recogidas en la ley.

Mientras, Alaya cita a declarar el próximo 9 de octubre a Teodoro Montes, responsable de Formación Profesional de la Junta, y cuya declaración ante la Guardia Civil hace un año fue el detonante de la causa. El alto cargo censuró la adjudicación de fondos públicos de manera “arbitraria” a sindicatos, empresarios y fundaciones con un escaso control desde la Administración. En una segunda declaración ante los agentes, Montes salpicó tanto a los directores generales de Formación como a los sucesivos viceconsejeros y consejeros de Empleo.