Atrapados en Pérez Giménez
Los trabajadores de los laboratorios cordobeses llevan 27 meses sin cobrar
Las primeras muestras claras de que algo no iba bien en los laboratorios cordobeses Pérez Giménez comenzaron a asomar en 2010. Sus empleados sufrieron los primeros retrasos en el pago de las nóminas. Al principio, llegaban con días o semanas de retraso. Luego, tardaron meses en cobrar. Hace 27 meses, dejaron de hacerlo. Estos cuatro años están siendo un verdadero calvario para los empleados. 111 se encuentran en medio de una especie de limbo jurídico, sometidos a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que al menos garantiza que algunos cobren una prestación social. Pero 40 trabajadores siguen vinculados a la empresa y ni reciben sueldo ni paga de desempleo.
“Su situación es agónica”, reconoce Pilar Relaño, trabajadora de Pérez Giménez, que finalmente pudo acogerse al ERTE y el mes pasado recibió su primer ingreso por estar en el paro. “Hasta ahora hemos funcionado sobre todo con la ayuda de la familia, en mi caso. Y porque mi marido tiene un negocio y eso ha ayudado algo. Pero algunos compañeros, incluso del ERTE, ya no cobran y han tenido que acudir a Cáritas para poder comer”, dice la trabajadora de 49 años, que pasó 28 de ellos en la farmacéutica cordobesa y llegó a ser responsable del departamento de planificación de la fábrica.
Tras una nefasta gestión empresarial por parte de la familia que da nombre a la firma, en 2010 la compañía se vendió por un simbólico euro a un grupo inversor. Se quedó con la empresa, sus deudas (49 millones entonces) y su flamante y enorme fábrica en Almodóvar del Río (Córdoba), que llevaba sólo un año abierta. El lío que siguió marcó la tónica que estaba por venir. El grupo inversor, Tecris, se enfrentó al administrador único, Sergio Martínez, quien terminó haciéndose con el control de la empresa. Pero las cifras de producción ya caían en picado en todos sus productos, entre ellos, el famoso Calmante Vitaminado por el que era conocido Pérez Giménez. La situación derivó en insostenible y, hace tres años, el juez de lo mercantil de Córdoba ordenó que los Laboratorios Pérez Giménez entrasen en concurso de acreedores. Y en esa situación siguen desde entonces, para absoluta desesperación de los trabajadores.
Los empleados acusan a los administradores de destruir la firma
La maraña es ya infinita. Ninguna de las empresas interesadas en hacerse con la firma —principalmente, Global Aeronautics, de capital estadounidense, y la rusa Krasfarma— ha logrado terminar el proceso de compra. Y el juez de lo mercantil, Fernando Caballero, tampoco se atreve a ordenar la liquidación total de los laboratorios, incluyendo la venta de la fábrica y sus componentes. Oficialmente, los 40 empleados de Pérez Giménez que siguen vinculados a la firma porque no han podido acogerse al ERTE prosiguen la actividad y mantienen el complejo. “Pero la fábrica está parada”, afirma Relaño. “Hay una empresa de seguridad que vigila para que no se lleven material, pero poco más. De vez en cuando, se pasa alguien para ver que todo sigue ahí”.
La pantanosa situación que arrastra Pérez Giménez ha puesto en el punto de mira de las críticas a los administradores concursales. El representante de UGT en los laboratorios, José Ruiz, ha llegado a llamar “irresponsables” a los cinco administradores. “Este es un proceso para destruir la empresa por parte de la administración concursal”, insistió Ruiz hace unos días. “Es una falta de respeto para las personas que están trabajando y que están dejando sin poder comer”, recalcó.
El último capítulo de esta historia se vivió el viernes, cuando los inversores de Krasfarma anunciaron que pujarán en la próxima subastilla de Pérez Giménez para exportar medicamentos a Rusia, América Latina y China. El presidente de la entidad, Ilya Shpurov, entregó ante un notario 125.000 euros como fianza para poder participar en la subasta del 2 de octubre. Shpurov aseguró que el resto del dinero requerido, hasta el millón de euros, llegará en los próximos días, por los problemas de transferencias entre Rusia y España. Mientras tanto, los trabajadores seguirán sin saber su futuro.
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