Ribó critica las trabas al uso del catalán en la justicia y en la policía

El catalán goza de buena salud en Cataluña pero aún quedan ámbitos como la justicia o la relación con los cuerpos de seguridad del Estado donde aún hay dificultades en el respeto del derecho lingüístico de cada ciudadano a decidir en qué lengua quiere ser atendido. Esta es la principal crítica que recoge el informe sobre los derechos lingüísticos que el Síndic de Greuges Rafael Ribó presentó ayer al presidente de la Generalitat Artur Mas.

El texto hace un resumen de las quejas y actuaciones correspondientes al uso del catalán, el castellano y el aranés desde 2008. En 2013, el Síndic recibió 19 quejas e hizo dos actuaciones de oficio por el uso del catalán; y 12 quejas en el del castellano y no recibió ninguna por el del aranés. Ribó recordó que el número de actuaciones ha ido disminuyendo en los últimos años.

A juicio del Síndic, la alta rotación del personal de la administración de justicia “no contribuye a la consolidación del catalán como una herramienta de trabajo” y denuncia que algunos miembros de la judicatura y la fiscalía consideran que “las comunicaciones y resoluciones efectuadas en castellano ya tienen plena validez jurídica” o que atribuyan interés dilatorio a las partes que alegan vulneraciones de derechos lingüísticos. Otras quejas se han referido a trámites fronterizos o de obtención de documentos como el DNI.

Ribó remarcó el “exquisito respeto” a la pluralidad lingüística que existe en Cataluña aunque critica que en la LOMCE las lenguas oficiales “no tienen la misma protección y garantías que el castellano”. El Síndic pidió que se mantenga el “tesoro” de la convivencia lingüística independientemente de la “orientación institucional futura” de Cataluña.