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La presión fuerza a Trias a duplicar los inspectores de pisos turísticos

Barcelona tendrá 120 controladores para combatir los apartamentos ilegales

La presión de los ciudadanos y de los partidos de la oposición sigue dando sus frutos. El Gobierno del alcalde Xavier Trias anunció ayer un paquete de medidas para poner orden al fenómeno de los apartamentos turísticos e intentar reconducir la situación. La novedad más importante es la promesa de doblar el número de inspectores municipales que se encargan de controlar que los apartamentos turísticos tengan la licencia correspondiente y no operen de manera fraudulenta.

Para pasar de los 60 inspectores actuales a los 120 anunciados, el Ayuntamiento —que por ley no puede contratar nuevos funcionarios— deberá formar a trabajadores que ya tenga en sus dependencias para destinarlos a los controles de pisos turísticos. La teniente de alcalde de Economía, Empresa y Ocupación, Sònia Recasens, aseguró ayer durante la comisión extraordinaria que se celebró en el Ayuntamiento que los nuevos inspectores empezarán sus funciones “este otoño”.

Gomà: "Trias va a Miami a buscar cruceristas, pero no va a la Barceloneta"

Otra de las medidas anunciadas es “endurecer el régimen de sanciones” y retirar la licencia al propietario que reciba dos denuncias. “No son medidas para criminalizar el sector, pero sí para hacerlo viable”, dijo Recasens.

La oposición celebró el anuncio del gobierno pero le reprochó que no haya reaccionado hasta que ha estallado el conflicto de la Barceloneta. “¿Pero qué han estado haciendo hasta ahora?”, preguntó Eduardo Bolaños, concejal del PP. Y es que las cifras del Ayuntamiento demuestran que han realizado más controles en los últimos 15 días —después de que estallara la polémica— que en los siete años anteriores.

A pesar de criticar duramente la gestión del turismo que ha hecho CiU, el PP no votó a favor de la propuesta que había presentado el PSC, porque incluía también la suspensión de la modificación del Plan de Usos de Ciutat Vella que convergentes y populares pactaron para suavizar las restricciones que levantó el gobierno anterior.

Todo el paquete de medidas anunciado por el Gobierno se centra en los apartamentos turísticos, aunque según los vecinos, y también los tres partidos de izquierdas, el problema es más de fondo.

El concejal de ERC Jordi Portabella criticó que el Gobierno no ha entendido que “el turismo es como un industria” que tiene algunas necesidades para funcionar “como el paisaje urbano y el espacio público”. Sin estas condiciones, el turismo puede fallar. “La Administración tiene que actuar de manera contundente porque de esto depende cambiar el talante de un barrio”, dijo Portabella, que se abstuvo en la votación.

El PP vota con CiU para evitar que se recupere el Plan de Usos de Ciutat Vella 

Las intervenciones más duras llegaron de los concejales del PSC y de ICV-EUiA. La socialista Sara Jaurrieta reprochó al Gobierno no haber tenido “sensores suficientes para prever la turistofobia” y de haberse dedicado “a vender la ciudad con la modificación del Plan de Usos o la instalación de más terrazas” en bares y restaurantes.

El concejal de ICV-EUiA, Ricard Gomà, advirtió que buena parte de los problemas que sufre la Barceloneta se deben al proyecto de la Marina del Port Vell, que ha generado unas expectativas que han disparado los precios. “Tenemos un alcalde que es capaz de ir a Miami a buscar cruceristas pero es incapaz de ir a la Barceloneta a atender a los vecinos”, dijo Gomà.

Recasens se mostró partidaria de pedir a la Generalitat que los ingresos por el impuesto turístico que pagan los visitantes se destinen a compensar a los barrios que más presión reciben y no solo a seguir promocionando Barcelona como destino.

Los vecinos de los barrios de Ciutat Vella se concentraron ayer en varias plazas en contra de “los abusos de un modelo de turismo que beneficia a las grandes empresas”, según una nota firmada por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona.

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