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Pujol burla al Parlament y espera a que Mas convoque la consulta

El expresident pide comparecer desde el 22 de septiembre y no esta semana, como se le exigió

Jordi Pujol saliendo de su casa de Barcelona la semana pasada. Ampliar foto
Jordi Pujol saliendo de su casa de Barcelona la semana pasada.

Horas después de que el Parlamento catalán solicitase por unanimidad su comparecencia a la mayor brevedad para explicar su fortuna oculta en el extranjero durante 34 años, Jordi Pujol respondió por carta a la presidenta de la Cámara que acudirá a partir del 22 de septiembre. Para esa fecha se da por hecho que Artur Mas ya habrá convocado la consulta soberanista del 9 de noviembre, que habrá finalizado el debate catalán de política general y que se habrá celebrado la Diada del 11 de septiembre, que se prevé una nueva exhibición del independentismo. Lo recuerda el propio Jordi Pujol en la misiva que remitió a Núria de Gispert, presidenta del Parlament, en la que se refiere a “hechos de gran voltaje político” en los que desea incidir “lo menos posible”.

Aparte de la deliberada decisión de Pujol no entorpecer la hoja soberanista de Mas, hay otro hecho que no cita para entender por qué quiere acudir al Legislativo autónomo a partir del próximo día 22. Justo una semana antes, el día 15, su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola y su nuera, Mercè Gironés, están citados a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por blanqueo de capitales y un delito contra la Hacienda pública.

A la vista de esa citación judicial, Pujol ya anunció a la dirección de Convergència, el partido que fundó, que no acudiría al Parlament “antes de que su hijo fuese al juzgado”, como adelantó EL PAÍS el 27 de agosto.

El expresident recuerda en su misiva que “la comparecencia no es obligatoria ni por normativa ni por práctica” y precisa que, en otras ocasiones, “requerimientos similares no han sido atendidos”. Aún así, comunica que ha decidido acudir por “la alta consideración” que tiene por la Cámara.

El artículo 59 del Estatuto de autonomía establece la obligatoriedad de que comparezcan en el Parlamento “los cargos públicos y el personal al servicio de las Administraciones públicas que actúan en Cataluña”. No es el caso de Pujol. También extiende la obligatoriedad a las personas que sean requeridas en el curso de una comisión de investigación. Eso es lo que podría acabar sucediendo si los partidos de la oposición logran ponerse de acuerdo para sacar adelante esa iniciativa.

Tras la carta de Pujol que demoraba su comparecencia, Esquerra, Iniciativa y la CUP, por un lado, y el PP y Ciutadans, por el otro, presentarán hoy mismo sendas propuestas de comisión de investigación. La de los partidos de izquierdas reclamará una investigación genérica sobre el fraude fiscal, mientras que la formación de Alícia Sánchez-Camacho y la de Albert Rivera han pactado pedir una comisión mucho más concreta sobre Pujol y su gestión de Gobierno, pidiendo esclarecer las cuentas en el extranjero y el supuesto cobro de comisiones. Los dos bloques de partidos buscarán consensuar una propuesta común para asegurarse que sale adelante. El PSC, que de momento no firmará ninguna de ambas propuestas, se inclina por votar la que impulsan ERC, ICV y la CUP.

La comisión de investigación, sin embargo, no acelerará la declaración de Pujol porque no será efectiva hasta que pase por el pleno de la Cámara. La primera sesión ordinaria del Parlament tras las vacaciones y el debate de política general está prevista para el 1 de octubre.

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