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Santi Vila admite que el Constitucional debe ser el “árbitro” de la consulta

"La alternativa de no respetar la ley es la inseguridad y la incertidumbre", dice el consejero

El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila (CDC), se ha desmarcado hoy de lo afirmado ayer por Josep Rull, de su mismo partido, y ha reconocido el papel del Tribunal Constitucional (TC) como "árbitro" en el conflicto por la consulta soberanista y ha advertido de que "la alternativa de no respetar la ley es la inseguridad y la incertidumbre".

En una entrevista en Televisió de Catalunya, Vila ha explicado que el Govern "hará lo posible y lo imposible" para que se pueda votar el próximo 9 de noviembre y se ha mostrado convencido de que lo podrán hacer "ajustados a derecho", amparados por la ley de consultas populares no refrendarias que prevé aprobar el Parlament.

"En un Estado de Derecho es muy importante que todo el mundo, desde la ciudadanía de base hasta lógicamente su gobierno, siempre tenga cuidado de ser muy respetuoso con la ley que ampara a todos", ha subrayado el consejero.

Vila ha lamentado que el Gobierno español intente poner trabas a la celebración de la consulta, pero ha afirmado que si el Ejecutivo finalmente recurre la ley catalana "tendremos que ver qué dice el Tribunal Constitucional" al respecto. "El Constitucional arbitrará el conflicto", ha afirmado Vila, que ha criticado que se "cuestione" su papel, pese a reconocer que "no pasa por su mejor momento", en el marco del descrédito que sufren también otras instituciones españolas.

"Hay que ser cuidadosos porque si nos lo  llevamos todo por delante, la pregunta es qué nos queda", ha destacado el consejero. Por ello, Vila se ha mostrado cauto ante la posibilidad de que el 9 de noviembre el Govern saque las urnas a la calle, tal y como aseguró ayer el coordinador general de CDC, Josep Rull. "Es posible, pero aún estamos en una fase en la que el Parlament ha de acabar su trabajo, que es dotarnos de la cobertura legal de la consulta", ha incidido Vila.

Ha querido dejar claro que el ejecutivo autonómico "pondrá toda la inteligencia desde el punto de vista de la técnica legislativa" para intentar acreditar que la consulta se ajusta a derecho, aunque si finalmente la ley de consultas llega al Constitucional será este tribunal el que se pronuncie en última instancia sobre su legalidad. "A los magistrados que se tengan que posicionar sobre esta ley no les será fácil justificar que es ilegal y que no se ajusta a derecho", ha señalado.

Aún así, ha recalcado: "Es importante que enviemos a los ciudadanos el mensaje de que es responsabilidad de la Generalitat hacer todas las iniciativas que se tengan que hacer, pero siempre ajustadas a la ley, porque esto nos da seguridad y garantías a todos".

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