Díaz confía en que el Constitucional frene la reforma educativa de Wert

Tras fallar la vía de urgencia que Andalucía abrió en el Tribunal Supremo para intentar paralizar la implantación de la reforma educativa, la Junta confía ahora en que sea el Constitucional el que termine frenando la ley aprobada por el PP en el Congreso de los Diputados a finales de 2013. El Supremo ha rechazado suspender cautelarmente los desarrollos de los currículos que el Ministerio de Educación ha diseñado para que se puedan empezar a aplicar en septiembre la nueva Formación Profesional Básica y los cambios en primero, tercero y quinto de primaria. Andalucía y Cataluña pidieron la suspensión cautelar de esos reales decretos, algo que ha denegado el Supremo.

Entre otros argumentos, la sala de lo contencioso afirma que carece de competencia para suspender los decretos porque cuando se refieren al calendario de implantación hacen una transcripción “literalmente idéntica” a lo que se establece en la ley orgánica.

“El tribunal ha valorado las formas, no el fondo. Esperaremos que el Constitucional valore el fondo”, ha sostenido este jueves Susana Díaz, presidenta de la Junta. Andalucía —al igual que el PSOE y otras cuatro comunidades autónomas— ha recurrido también la reforma de José Ignacio Wert ante el Constitucional al entender que ha invadido sus competencias.

Pese al revés judicial en el Supremo —que impone a la Junta el pago de las costas judiciales—, la presidenta andaluza ha reiterado que va a “intentar minimizar el impacto” de la reforma educativa. Es el mensaje que lleva meses lanzando la Junta ante la Ley Orgánica para la Mejora de la Educación (LOMCE). El consejero Luciano Alonso ha hablado también de que este curso será “de transición”. Pero lo cierto es que esta reforma no se aplicará en primaria dentro de tres semanas en Andalucía, como establecen la ley y los decretos de desarrollo. Para que pueda implantarse hace falta que, a su vez, la Consejería de Educación apruebe una orden en la que se fijen, entre otras cosas, los horarios de las asignaturas. La consejería no prevé que esté lista hasta enero, con lo que el curso arrancará en los colegios sin prácticamente cambios respecto al anterior. La Junta ha argumentado que el ministerio no ha dejado tiempo suficiente entre la aprobación de la LOMCE y el inicio del curso escolar para poder hacer la planificación.

Entre las modificaciones que la nueva ley impone está la eliminación de la obligatoriedad de la asignatura Educación para la Ciudadanía. Díaz ha recordado este jueves que esa materia se mantendrá en Andalucía. Además, ha incidido en que el número de alumnos por aula se mantendrá en 20, a pesar de que la nueva reforma permite llegar hasta una ratio de 30 estudiantes.

Respecto a la Formación Profesional Básica, que sí se empezará a dar en Andalucía a partir de septiembre como establece la LOMCE, Díaz ha afirmado que mantendrá la oferta de títulos de los Programas de Cualificación Profesional Inicial. Los PCPI, pensados para que chicos de más de 16 años logren el título de ESO y una acreditación profesional, se eliminan con la reforma educativa.