La Justicia obliga a una asociación del ‘caso Aneri’ a devolver 187.000 euros

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado la razón a la Comunidad de Madrid frente a la Asociación Profesional de Salas de Despiece, una de las 35 asociaciones que contrataron cursos de formación a distancia con Sinergia Empresarial, la compañía epicentro de la presunta trama de corrupción organizada por José Luis Aneri. La red habría estafado 17 millones de euros de subvenciones para formación procedentes de fondos estatales y regionales, de los que 5,5 millones corresponden a Madrid.

La sección octava de la Sala de lo contencioso-administrativo establece en dos fallos, ambos del 7 de julio, “la obligación de reintegro” de la Asociación Profesional de Salas de Despiece al Ejecutivo de Ignacio González (PP) de más de 187.000 euros (124.332,35 euros y 63.027,37 euros). El tribunal considera que “no ha lugar” a suspender las órdenes de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, en las que revocó las subvenciones concedidas a la asociación empresarial.

Las subvenciones regionales a teleformación entre 2010 y 2013 fueron de 5,5 millones

Aunque contra las dos sentencias cabe recurso de reposición, el Gobierno regional cree que la decisión del TSJM conlleva un antecedente muy a tener en cuenta ante la negativa de las asociaciones empresariales de devolver las subvenciones para teleformación con las que se lucraron Aneri y otros sospechosos de pertenecer a la red corrupta, como Alfonso Tezanos, expresidente de la Comisión de Formación de la Cámara de Comercio y desempeñó cargos en la patronal madrileña (CEIM). Tezanos también tuvo responsabilidades en las organizaciones empresariales de comerciantes Fedecam y Cecoma.

De los 5,5 millones de euros otorgados a las asociaciones vinculadas al caso Aneri impartidos entre 2010 y 2013, la Comunidad señala que 3,9 millones deben devolverse. Estas ayudas fueron revocadas por la Consejería dirigida por Ana Isabel Mariño desde septiembre de 2012, tras detectar la falta de justificación e irregularidades en la mayor parte de los cursos. En total, las subvenciones a cursos impartidos en 2010 fueron de 756.375 euros; 1.584.825 euros en 2011; 2.729.370 euros en 2012; y 429.650 euros en 2013.

De los 3,9 millones, 13 asociaciones han devuelto 214.325 euros. Otras diez asociaciones han entrado en vía de apremio para que paguen 698.297 euros, esto es, que las citadas asociaciones no han pagado en el periodo voluntario y por lo tanto han entrado en la vía de embargo. El resto de la deuda hasta 3,9 millones que las asociaciones contrajeron con la Administración autonómica se encuentra en tramitación (las fases habituales: periodo de pago voluntario, fase de recurso administrativo, etcétera).

El Gobierno regional tiene cada vez más pruebas de que Sinergia Empresarial falseó los datos de más de 400 cursos de formación a distancia entre 2010 y 2013 en los que habrían participado 15.383 alumnos, la mayoría de ellos falsos.

Trece de las 35 asociaciones ya han devuelto 214.325 euros

La Asociación Profesional de Salas de Despiece alegó sin éxito al TSJM que “la devolución o reintegro” de las cantidades percibidas en concepto de subvención “produciría un perjuicio irreparable”. El tribunal señaló al respecto que la asociación no acreditó “en qué medida ni por qué causa” la devolución de la cantidad le produciría tal perjuicio. El TSJM también argumenta que los recursos de la asociación no se fundamentan “en ninguno de los motivos” que la doctrina del Tribunal Supremo considera “indispensables” para fundamentar el recurso presentado.

La jurisprudencia del Supremo recoge que “la mera alegación, sin prueba alguna, no permite estimar como probado que la ejecución del acto impugnado [o la vigencia de la disposición impugnada] le pueda ocasionar perjuicios, ni que estos sean de difícil o imposible reparación”. Partiendo de estas premisas, el TSJM entiende que la Asociación Profesional de Salas de Despiece “tiene la carga de probar adecuadamente qué daños y perjuicios de reparación imposible o difícil” concurren en el caso para acordar la suspensión, “sin que sea suficiente una mera invocación genérica”.

El Gobierno regional no exige los 5,5 millones debido a que algunos cursos de los que Sinergia organizó en la primera época (2009 y 2010) sí se hicieron. A eso se añade que parte de las subvenciones concedidas a las asociaciones no llegaron a cobrarse, por lo que no deben devolverlas.

La Comunidad rastrea desde el pasado mayo 40 plataformas de formación a distancia de trabajadores utilizadas por 150 asociaciones empresariales y sindicales. Un equipo de forenses informáticos investiga estas plataformas, que podrían estar implicadas en el fraude de los cursos.

La justicia ha paralizado el proceso sancionador a una de las asociaciones empresariales afectadas por el caso Aneri mientras se desarrollan las investigaciones policiales. La Consejería de Empleo exige, además de la devolución de las subvenciones, el pago de unas multas por el triple del valor de las ayudas. Los empresarios se enfrentan a una posible multa de hasta 10,4 millones.