Sanidade prorroga en Vigo la entrega del hospital sin penalizar a la empresa

La obra del nuevo hospital de Vigo debía estar a disposición de la Xunta el pasado 24 de abril, cuando vencieron los 31 meses previstos para su ejecución. Pero en esa fecha comenzó la prórroga de al menos un año concedida por la Consellería de Sanidade, que alega causas ajenas a la unión de empresas para acceder a la moratoria solicitada por la concesionaria. De aceptar que la crisis de una de las compañías de la UTE o los problemas de financiación están en el origen de ese retraso, como reconoció públicamente el presidente Feijóo, las consecuencias serían severas, ya que el Gobierno gallego debería acordar la resolución del contrato y exigir una indemnización.

Así figura en el artículo 37 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que figura como anexo en el contrato, que prevé como causa de resolución el “retraso en el plazo total o en los plazos parciales previstos”. Si el contrato se anulase por causa imputable a la concesionaria, la Administración incautaría una garantía de 18,7 millones de euros y recibiría una indemnización por daños y perjuicios.

Aunque la Xunta no facilita la resolución administrativa de la prórroga, en la que deben detallarse las causas de la prórroga, el Sergas sostiene que la entrega del hospital está condicionada por la ejecución de las infraestructuras urbanísticas de aguas, gas o energía, “a la que se había comprometido el Ayuntamiento de Vigo”. “Por lo tanto, no es imputable a la concesionaria” el retraso en la entrega, señala un portavoz del Servicio Galego de Saúde.

Estas explicaciones no hacen ninguna referencia a la crisis que atravesó una de las empresas de la UTE ni a los problemas de financiación que amenazaron el proyecto durante meses. El propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reconoció en mayo de 2013 que era “evidente” que el cumplimiento de los plazos “dependerá de cuándo resuelvan sus problemas internos” las compañías de la UTE. Feijóo dejó pocas dudas al respecto cuando afirmó de forma tajante que una de las empresas que formaban parte de la concesionaria “intoxicaba la financiación de la obra”.

Feijóo se refería a la empresa ourensana Obras, Caminos y Asfaltos, SA, integrada en la UTE, insolvente y en concurso forzoso de acreedores desde mayo de 2013. A finales de julio pasado, el juez firmó la autorización para que vendiese el 10% de participación en el proyecto, de forma que salía de la Sociedad Concesionaria Novo Hospital de Vigo, su nombre oficial. Ese cambio dejó a Acciona, Puentes y Calzadas, Concessia y Altair como las cuatro empresas que forman parte de la concesión, lo que permitió que, meses más tarde, se desbloquease la financiación.

Pero los problemas financieros no quedaron ahí, pese al compromiso que asumió la UTE de contar con fondos para ejecutar la obra, al que estaba condicionada la concesión. Un 20% eran propios, pero el 80% que aseguró tener garantizado en el mercado financiero se atascaron en distintos frentes, principalmente el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que no firmó con la concesionaria hasta que contó con las suficientes garantías, lo que también contribuyó al retraso.

Nada de esto aparece en las explicaciones de la Xunta sobre la demora. Tal y como reiteraron distintos cargos del Sergas cuando esta era ya innegable, el único argumento que se acepta para explicarla es “un incumplimiento de sus obligaciones por parte del Ayuntamiento” de Vigo, al “no ejecutar las infraestructuras urbanísticas precisas que garanticen los servicios necesarios para la construcción y funcionamiento del hospital”. Por lo tanto, el retraso “no es algo imputable a la concesionaria, como tampoco lo es a la Administración concedente”.

En todo caso, el pliego de cláusulas que forma parte del convenio obliga a la empresa a “asumir expresamente el riesgo de construcción de la puesta a disposición de la Administración de la obra pública concesionada”, y cita entre los gastos que correrán por cuenta de la compañía “los de las conexiones y acometidas provisionales o soluciones técnicas alternativas para el correcto desarrollo de las obras, hasta la entrada en servicio de las acometidas definitivas”.

Aunque la concesionaria solicitó un año más de plazo, que debería vencer en abril próximo, la Xunta no aclara por cuánto tiempo ha concedido la prórroga, aunque fuentes oficiales hablan del segundo trimestre de 2015 para la entrega del edificio, antes de su equipamiento. Además de esta moratoria, el Sergas admitió otra inicial de tres meses previa al cómputo de los 31 meses pactados.