Un órdago sin cartas a la Unión Europea

Al final a las instituciones vascas les han pillado las señas y los trucos. Después de una larga década jugando al mus con la UE, ocultando las cartas, contando verdades a medias, pasando literalmente de las resoluciones judiciales y enfadando a funcionarios y cargos públicos de tres diferentes comisarios de la Competencia europea, el Gobierno y las diputaciones se van a retratar el próximo miércoles pasando por caja para pagar una multa de 30 millones de euros.

El órdago sin cartas que lanzaron a la UE cuando la justicia comunitaria ratificó que las instituciones vascas tenían que recuperar las ayudas ilegales, las denominadas vacaciones fiscales, les va a costar a los contribuyentes vascos esos treinta millones más los costes derivados de las minutas de los abogados y el descrédito de una comunidad autónoma que los funcionarios comunitarios estuvieron a punto de considerar en rebeldía.

Si en 2001, cuando la Comisión Europea consideró ilegales las ayudas, el Gobierno vasco y las diputaciones hubieran dado un paso atrás no habría multa. “Si en vez de apostar y porfiar hubieran apelado a la prudencia institucional debida, esto no hubiera pasado”, asegura un ex diputado del PNV.

Ese año la UE abrió el expediente de las vacaciones fiscales y el 20 de diciembre lo cerró declarando ilegales los regímenes de incentivos fiscales que estuvieron en vigor en Álava, Guipúzcoa y Bizkaia entre 1993 y 1995 —Bruselas ya había declarado ilegales, en julio de ese año, los posteriores a esta fecha—. Todas las alarmas se dispararon en Euskadi.

Si hasta entonces las instituciones seguían caminos, no divergentes, pero si paralelos en cuanto a la defensa jurídica de sus causas abiertas en los tribunales vascos y españoles, a partir de ese año, la Hacienda del Gobierno vasco tomó las riendas del asunto y convocó a las instituciones a una reunión al más alto nivel.

El entonces viceconsejero de Hacienda José Miguel Bilbao —también citado en la comisión de investigación de Epsilon e Hiriko— que fue repescado por Ricardo Gatzagaetxebarria para el mismo cargo esta legislatura, fue quien trasladó que, a partir de ese momento, la dirección letrada de todas las instituciones iba a ser cosa de Ignacio Sáenz-Cortabarria, —especialista en temas comunitarios—. Él ha dirigido la defensa de las administraciones vascas ante el Tribunal de Luxemburgo en todos los pleitos fiscales. “No hubo capacidad de maniobra ni de oposición, no era una sugerencia, fue una imposición”, aseguraron a este diario fuentes que vivieron el proceso en primera persona.

El PNV controlaba el Gobierno, y las diputaciones de Bizkaia y de Gipuzkoa, mientras que Álava estaba en manos del PP. La diputación alavesa, que apenas dos años antes había contratado los servicios de Cuatrecasas —decisión que adoptó el diputado peneuvista Carlos Peral— tuvo que rescindir sus servicios y Sáenz-Cortabarria comenzó dar instrucciones también en la casa de Ramón Rabanera.

El recurso de todas y cada una de las decisiones judiciales y administrativas relacionadas con esas ayudas se convirtió en el modus operandi, hasta que el 14 de diciembre de 2006 el Tribunal de Justicia de la UE dio la razón a la Comisión Europea y volvió a solicitar a España que recuperara las ayudas al considerarlas “incompatibles con el mercado común”. Además, pidió las listas de las empresas beneficiarias de las ayudas.

Ni siquiera en ese momento las instituciones se plantearon en serio iniciar la complicada recuperación de las ayudas. La minuta de Saenz-Cortabarria seguía subiendo en el entorno ya de los dos millones de euros, y la preocupación de la patronal vasca Confebask iba en aumento. Tenían razones para estar enfadados. Se habían acogido a un marco normativo legalmente implantado por las tres diputaciones forales y apoyadas por el Gobierno vasco y años después la UE cambia las reglas. El error no era suyo, pero en vez de buscar una solución Confebask optó por sumarse a la partida.

La presión de la UE empezaba a ser asfixiante y la preocupación de la patronal era que las listas con los nombres de las empresas y las cuantías recibidas acabaran en manos de Competencia o del Tribunal europeo que juzgaba el tema.

En otra cita al más alto nivel entre todas las instituciones y Confebask “el entonces representante ejecutivo de la patronal fue especialmente contundente y claro. Facilitar las listas a la UE será casus belli” amenazó en una reunión tensa ante los representantes de Hacienda de las cuatro instituciones.

Cambiar de estrategia a esas alturas del partido no parecía viable. Todos decidieron tirar para adelante con la esperanza de llegar a un acuerdo, quizás como el que en 1999 sellaron la administración central y la vasca con la paz fiscal, o que se olvidara. En los lentos pero seguros pasillos de la UE, las cosas no funcionan así.

En septiembre de 2009 el Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea (TUE) volvió a confirmar a decisión del Ejecutivo comunitario al rechazar los recursos presentados por las diputaciones forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, el Gobierno vasco y la Confederación Empresarial Vasca (Confebask), y el 24 de noviembre de 2010 la Comisión anunció que “había solicitado al Tribunal que imponga una sanción” a las instituciones vascas por su reiterada negativa a recuperar las ayudas y obstruirlas sentencias de la UE.

Fieles a sus socios las diputaciones siguieron intentando de todo para eludir sus obligaciones. Desde enviar furgonetas llenas de documentación para que fueran los funcionarios europeos quienes los cribaran, hasta recuperar una cantidad inferior a lo que dictaba la UE y así ganar tiempo. El pasado mayo el tribunal de la UE confirmó la sanción. Poco antes se había acabado de recuperar la última de las ayudas en Gipuzkoa. La unidad de acción ya se había roto. Había dado paso al sálvese quien pueda con una institución de cada color político. Ya era demasiado tarde, demasiado caro.