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El PP rechaza que Montoro explique en el Congreso la investigación de la UE

La Comisión Europea investiga una manipulación de estadísticas de la Comunidad Valenciana

El diputado popular Gerardo Camps ha negado que exista ninguna necesidad de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, comparezca en el Congreso para explicar la investigación que la Comisión Europea (CE) ha abierto contra la Comunidad Valenciana por presuntamente manipular sus estadísticas de déficit público, y ha acusado a los socialistas de querer "denigrar" a la región con este tipo de iniciativas.

Durante el debate en la Diputación Permanente --el órgano que sustituye al Pleno en los periodos no hábiles-- de la petición del PSOE de convocar una sesión extraordinaria de la Comisión parlamentaria de Hacienda centrada en este asunto, Camps ha rechazado que exista necesidad o urgencia de recibir estas explicaciones del ministro, que "ha hecho lo que debía".

Además, ha afirmado que la petición es "una muestra más de los esfuerzos baldíos" del PSOE en los últimos tiempos "una vez tras otra para intentar socavar la credibilidad del Gobierno de España" y también para "denigrar la imagen de la Comunidad Valenciana, que ha hecho y sigue haciendo grandes esfuerzos por reducir su déficit y equilibrar sus cuentas pese a arrastrar graves problemas de financiación".

"Hoy ha llegado a extremos que superan el 'critica que algo queda aunque no tengamos razón', habitual en el PSOE. Ha rizado el rizo parlamentario", ha espetado al secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, a quien ha recordado que fueron las autoridades estadísticas españolas las que en mayo de 2012 detectaron "gastos erróneamente realizados y no notificados" en Valencia, y los "notificaron inmediata y formalmente" a Eurostat.

En este sentido, el que fuera vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat Valenciana con Francisco Camps ha insistido en que "no hubo ningún tipo de ocultación ni actuación irregular" y que los gastos sanitarios que no se habían declarado fueron "registrados correctamente" hace dos años.

"Nadie engaña a nadie, no hay déficit oculto, no se dice una cosa que luego resulta ser otra. Hoy se escandalizan por investigar datos aflorados hace años y que en nada afectan a las cifras de déficit de Valencia ni de España. Se rasgan las vestiduras parlamentarias por la existencia de obligaciones no reconocidas en el ámbito sanitario, algo conocido de hace más de 20 años y a lo que no ha sido ajeno prácticamente ninguna comunidad", ha añadido Gerardo Camps.

En este punto, ha recordado que los socialistas que durante sus años de Gobierno valenciano, a finales de los 80 y principios de los 90, también se produjo esta situación y que incluso el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero destapó entre 2006 y 2007 obligaciones en el ámbito sanitario no declaradas por más de 2.000 millones de euros en tres comunidades gobernadas por el PSOE.

"Por eso entonces no pusieron el grito en el cielo, como hacen ahora. Y tampoco por los 30.000 millones de diferencia entre el déficit que dijo Zapatero que dejaba y el que dejó realmente, ni tampoco ante el desvío de fondos europeos que se investiga en algunas comunidades, sobre lo que guardan un silencio vergonzante. Son ustedes incoherentes como casi siempre y sectarios como siempre", ha espetado al principal partido de la oposición.

Y le ha recomendado que "no se dejen de llevar por un nerviosismo electoral acelerado por su cambio de liderazgo" y "dejen investigar a la CE", mostrado por último su convicción de que la investigación comunitaria llegará a la conclusión de que "se ha cumplido con las obligaciones de Valencia" porque "han sido los gobiernos del PP en la Generalitat y en España los que han acabado con eso que (el PSOE) muy bien conoce que se llama facturas en los cajones".

Sin embargo, Ximo Puig cree que "la única forma de reparar el daño sobre la imagen de España y de la maltrecha imagen de Valencia" que ha provocado este caso, y que "se suma a todo el efecto despilfarro y corrupción", es "investigar lo sucedido, establecer mecanismos para que no vuelva a pasar y asumir responsabilidades". "Está en juego la credibilidad de nuestras estadísticas, y el silencio de Montoro no es la respuesta adecuada", ha añadido.

De hecho, ha criticado que el ministro no haya pedido comparecer 'motu proprio' una vez salió a la luz la investigación de Bruselas, sobre todo porque "aunque quien ha engañado sistemáticamente ha sido el Gobierno valenciano, con su silencio surgen dudas razonables sobre su complicidad en este tiempo".

En el mismo sentido, el presidente de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en la Cámara Baja, Cayo Lara, cree que este tipo de noticias "no son buenas para España" y que por eso "es necesario que Montoro comparezca para decir si se va a investigar, si se van a depurar responsabilidades, por qué no se detectó durante tantos años y cómo se piensa resolver el problema crónico de financiación de la sanidad en las comunidades autónomas".

Además, ha lamentado que no se tomara ninguna medida cuando la Sindicatura de Cuentas valenciana avisó de las primeras "facturas ocultas", allá por 2002, y ha señalado que el problema de fondo que debería atenderse a partir de ahora es el "desfase clarísimo" entre las necesidades de gasto y el presupuesto sanitario en cada ejercicio.

El portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, ha puesto el acento en la necesidad de resolver "uno de los principales déficit institucionales de la Democracia española", que es el funcionamiento de los supervisores y reguladores y la obligatoriedad de atender sus avisos y recomendaciones.

"No tiene gran sentido que haya tribunales de cuentas autonómicos que hagan advertencias de que hay una gestión irregular o diferentes prácticas desaconsejables o que rozan lo delictivo si luego no va a ninguna parte. Es un problema grave, muy serio y que probablemente va a llevar a que los ciudadanos tengamos que pagar por una mala gestión que era perfectamente evitable", ha añadido.

Finalmente, Joan Tardà (ERC) también ve justificada la petición socialista por la "alarma social" que ha generado este caso, que también ha enmarcado en la "financiación inaceptable" de las comunidades autónomas y en la "mala gestión" de los gobiernos del PP en Valencia.

"Los valencianos viven entre la España y la pared, entre el expolio fiscal padecido históricamente en la financiación del Gobierno, y la corrupción y mala gestión de sus gobernantes, cómplices de los gobiernos derechistas de Madrid. Y la ciudadanía está llegando al límite de lo asqueado", ha lamentado el independentista catalán, que lamenta que el precio que se ha pagado por esta situación sea "el desguace del Estado del Bienestar".

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