Iberpotash congela la segunda fase de sus inversiones tras la sentencia del Supremo

Iberpotash ha decidido congelar la segunda fase del plan Phoenix, que suponía una inversión de 270 millones de euros en Cataluña, a la espera de “valorar” la última sentencia del Tribunal Supremo. Este falló que la empresa, que gestiona las minas de potasa de Sallent y Súria, debe presentar un plan de restauración para el espacio que ahora ocupa la montaña de sal del Cogulló. “Cumpliremos con la sentencia, pero este comportamiento no es bueno ni para nosotros ni para quien quiera llevar a cabo proyectos de este tipo”, ha asegurado el consejero delegado de la compañía de capital israelí, José Antonio Martínez Álamo. Entre las inversiones previstas hay una nueva terminal en el Puerto de Barcelona.

En un almuerzo organizado por la Cámara de Comercio de Barelona, el máximo ejecutivo de la empresa ha lamentado la “inseguridad jurídica” que acarrean sentencias como la del Supremo. “O se soluciona o este país tendrá problemas de credibilidad”, ha advertido. De momento, la compañía ya ha decidido echar el freno al plan Phoenix, que engloba las actuaciones que se derivan de una inversión global de 800 millones de euros en Cataluña. Martínez Álamo ha explicado que la segunda fase del proyecto debía arrancar en 2015, pero la empresa ha aplazado la decisión de tirarlo adelante, que debía haber tomado este mismo mes.

El Supremo avala la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que en octubre de 2011 falló que la Generalitat debía exigir a Iberpotash un programa para restaurar el impacto de la explotación minera en ambos municipios hasta 2035. A raíz de esa sentencia, el Ejecutivo catalán, además, aumentar la fianza por posibles incumplimientos de los 583.153 euros iniciales a 6,9 millones de euros. “Actuamos siempre de acuerdo con la legalidad”, se ha quejado Martínez Álamo. “Hemos hecho los deberes, hemos comprometido inversiones y no pueden venir sentencias que pongan en duda lo que han hecho las administraciones”, ha asegurado Martínez Álamo, quien ha añadido que lo sucedido es “muy grave”. El consejero delegado ha comparado el alcance de la sentencia con el obstáculo que supondría para un constructor que “cuando está levantando la quinta planta” le cambiaran las reglas de juego.

El Supremo da la razón a Sebastià Estradé, un vecino de Sallent (Bages) que denunció a la empresa y que el año pasado, además, llevó el caso ante la Comisión Europea ante lo que consideró “inactividad” de la Generalitat frente a los “incumplimientos medioambientales” de la filial del grupo ICL. Precisamente, Bruselas anunció el jueves la apertura de un expediente a España por una “mala aplicación” de la directiva de residuos en las minas de Sallent y Súria, puesto que las extracciones podrían afectar al agua de la zona. Al respecto, Martínez Álamo aseguró que Iberpotash levanta “pasiones malintencionadas” entre la competencia. “No pueden competir vía mercado por calidad y optan por una competencia malintencionada con todos los argumentos que hallan”, ha denunciado el consejero delegado, quien ha añadido: “Ni un gramo de la sal de las montañas va a pasar a los ríos a pesar de las voces que dicen lo contrario”.

No obstante, el acuerdo alcanzado con la multinacional química Akzo Nobel hace pensar que la segunda fase del Plan Phoenix seguirá adelante. No todo han sido malas noticias para la compañía. El grupo ICL alcanzó la semana pasada un acuerdo con la multinacional química Akzo Nobel que asegura la comercialización de toda la sal vacuum que se produce en las plantas de sal que se han previsto en los planes Phoenix I y II. “Los depósitos salinos irán reduciendo su volumen con la comercialización de la sal”, ha recordado Martínez Álamo.

El consejero delegado ha defendido el proyecto de Iberpotash por su capacidad “multiplicadora” y de atracción de más inversiones, aunque ha afirmado que es necesario avanzar en la construcción del Corredor Mediterráneo. Preguntado sobre la apuesta del Gobierno catalán por la industria y por un “país business friendly”, el consejero delegado ha lamentado: “Hay un tema que está por encima del resto y los otros asuntos están en segundo término y tardarán unos meses en solucionarse”.