Los contratistas de obra pública piden 9.800 millones de inversión en 10 años

“No es que vamos por mal camino es que vamos directos al precipicio”, se quejó ayer sin disimulo el gerente de la Cámara de Contratistas de Obra Pública de la Comunidad Valenciana, Manuel Miñés. Compareció con José Luis Santa Isabel, presidente de Fecoval —otro de los colectivos fuertes de la obra pública— para reclamar a las Administraciones Públicas que paguen los 151 millones de euros que les deben en obras e inviertan más en infraestructuras si no quieren que el sector se hunda definitivamente. Ninguna de las tres administraciones escapó al rapapolvo de los empresarios. Los dos colectivos cifraron en 6.300 millones de euros el déficit inversor que acumula la Comunidad Valenciana desde el año 2000 si hubiera recibido la cantidad media española.

En consecuencia, los empresarios de la construcción reclaman un aporte de fondos extraordinario de 9.800 millones de euros en 10 años y la aprobación de una reforma del Estatut d’Autonomia con una cláusula que blinde las inversiones del Estado en territorio valenciano. “Los diputados que nos representan en Madrid tienen que defender nuestras posturas porque para eso los hemos votado”, agregó Santa Isabel visiblemente molesto tras conocer que el PP tumbó en el Congreso de los Diputados una moción de los socialistas en la que pedían que el Gobierno invirtiera en tierras valencianas una cantidad equiparable a la media española.

Los dos dirigentes defendieron con cifras —sacadas de fuentes oficiales— el trato discriminatorio que sufren los valencianos de las Administraciones Públicas y, en especial, del Gobierno español. Según sus informes, el sector público ha invertido en los tres primeros meses del año 210 euros por habitante en Galicia frente a los 42 euros per cápita de la Comunidad Valenciana. Andalucía y Extremadura también la adelantan en términos de Producto Interior Bruto (PIB). “La mayoría de inversiones van a parar a Galicia”, subrayaron para censurar que el reparto de las inversiones obedezca a criterios de “clientelismo político”. Al presidente Mariano Rajoy le pidieron que cumpla con su compromiso de mejorar la financiación autonómica.

Las críticas de los contratistas no se dirigieron solo contra el Gobierno de Mariano Rajoy. También arremetieron contra la gestión de la Generalitat. Según Miñés, en los cuatro primeros meses de 2014 la inversión del Estado repuntó un 45% mientras la local descendió un 62%. El escenario para los constructores valencianos es desolador a la vista de la evolución de las cifras: entre enero y mayo pasados, la Comunidad Valenciana solo absorbió el 3,3% de la licitación del Estado mientras Andalucía acumulaba el 18%, Extremadura el 7,9% y Galicia el 7,8%. “Esto no nos da ni para comer”, exclamaron.

Los dos dirigentes consideraron un hito histórico la unión de los empresarios valencianos para reclamar a Madrid un sistema de financiación autonómica e inversiones más justas para los valencianos. El presidente Fabra trasladó el malestar al Gobierno y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha comprometido a mantener este mismo mes una entrevista con el presidente de la Generalitat y una representación de los empresarios.

Pero además exigen a Fabra “que se plante y pida al ministro Montoro que les pague” con cargo al último fondo de liquidez autonómica los cerca de 152 millones de deuda pendiente. Según Miñés, hay unos 70 millones de euros del total que el Ministerio de Hacienda no reconoce porque la consejería de turno no lo dotó presupuestariamente —son liquidaciones, modificaciones de obra o revisiones del precio de las obras—. Es necesario que los políticos valencianos “se pongan colorados y digan a Montoro que, por culpa de quien sea, se debe tanto dinero”.

Los constructores recuerdan que ya se han hecho cargo de los intereses de mora provocados por el retraso en los pagos de las Administraciones. La Generalitat, mientras tanto, ha recibido del Gobierno —ya sea del plan de pago a proveedores o del FLA— cerca de 20.000 millones de euros entre 2012 y 2013 y, sin embargo, no ha saldado con los contratistas una deuda de hace cinco años. “Moragues [consejero de Hacienda de la Generalitat] hace todo lo que puede, pero no tiene nada en el bolsillo”, dijo Santa Isabel, quien recordó que la deuda valenciana, según los últimos datos del Banco de España, supera los 33.864 millones de euros, y el 60% del total lo adeuda al Estado.

Los empresarios detallaron los departamentos más morosos. La Consejería de Infraestructuras debe a estos colectivos más de 65 millones, Sanidad otros 16, Educación 12, Economía 8, la Ciutat de les Arts i les Ciències (Cacsa) otros 7,5 millones y el Ayuntamiento de Castellón otros 2,5. El gerente de la Cámara de Contratistas puso nombre y apellidos a algunas de las deudas. Se debe, por ejemplo, parte de la obra de la nueva Fe. También parte del Ágora o la ampliación de la Institución Ferial Alicantina (IFA).

El presidente de Fecoval pidió que cese la demonización del sector de la obra pública porque es un multiplicador del empleo y criticó con dureza que los recortes presupuestarios, consecuencia de la crisis económica, se hayan cobrado 180.000 empleos en la construcción valenciana. “Pedimos que la construcción sea considerada como bien social”, apostilló Santa Isabel.

Los portavoces de los contratistas criticaron algunas decisiones de las Administraciones valencianas. “La Generalitat, por acción o por omisión, se ha metido en camisas de once varas con muchas cosas por no ponerse colorada ante el Gobierno central”, opinó Miñés, quien señaló a [Eduardo] “Zaplana porque aspiraba a cargos en el Gobierno de España, a Camps, que guiado de su bondad infinita o no quiso ver los números o no se los enseñaba su consejero de Hacienda para no darles disgustos, y el presidente de ahora se ha encontrado con un marrón muy serio”.