Vuelta atrás de las EPSV para no descapitalizarlas

Las EPSV han recibido un auténtico hachazo con la sentencia del Tribunal Constitucional que elimina su capacidad para rescatar los fondos a partir de los diez años —quizás su aspecto más atractivo junto a la exención tributaria del 40% al recuperarlo en forma de capital—, curiosamente en un momento en el que los fondos de pensiones (FP) nacionales están revisando sus planteamientos para flexibilizar su liquidez en términos, incluso fiscales, muy similares.

El supervisor y regulador de las EPSV es el Gobierno vasco, que desde 1983 tenía regulada la liquidez de esa modalidad de ahorro a partir de los diez años, mientras que el de los segundos es el Ministerio de Economía y no lo contemplan. Las EPSV han sido un modelo de éxito al lograr un patrimonio en tres décadas del 33% del Producto Interior Bruto vasco —incluyendo las de empleo—, los FP apenas si llegan al 8% del PIB nacional.

Si finalmente el Gobierno central implanta la flexibilidad para el rescate de las aportaciones tal y como le pide su propia dirección general de Seguros y Fondos de Pensiones y reclama ya desde hace tiempo la patronal Inverco, los fondos de pensiones se convertirán en las nuevas EPSV y estas pasarán a ser los viejos y poco atractivos fondos de pensiones. Decenas de miles de inversores que empezaron a colocar sus ahorros porque les garantizaba el rescate del dinero a partir de los diez años de sus primeras aportaciones, se van a ver con sus ahorros entrampados y cautivos hasta que se jubilen.

Si las EPSV no logran superar la sentencia del Tribunal Constitucional, hay voces que auguran un futuro corto para las entidades de previsión social, y un trasvase progresivo de los fondos vascos a los instrumentos nacionales. Es decir, un progresivo desinterés y deterioro y al final la descapitalización del instrumento vasco. Y podría incluso dar lugar a reclamaciones individuales y colectivas ante las EPSV —como ha sucedido con las aportaciones subordinadas de Fagor o Eroski— porque sus socios se sienten engañados.

El Gobierno vasco y la Federación de EPSV creen que todavía hay posibilidades de evitar ese escenario para el que el TC ha puesto una auténtica alfombra roja. Pasaría por una negociación política de carácter muy técnico con la administración central y finalmente por un nuevo decreto que aleje a las EPSV de la normativa de los fondos de pensiones y las vuelva a acercar al mundo de las mutualidades y seguros, que es donde el Gobierno vasco tiene competencias, y el envoltorio con el que ha funcionado sin ningún problema desde hace tres décadas. Es lo que quieren decir los expertos de este tipo de productos cuando explican que las soluciones pueden llegar “mirando hacia atrás para consolidar el futuro”.

El Gobierno trabaja ya en las vías que la sentencia deja abierta para poder restaurar el derecho al rescate, es decir, volviendo al mundo de las mutualidades de previsión social y de las aseguradoras. Si la ley de 2012 —el TC anula varios párrafos de artículos de esa ley— no hubiese dicho nada respecto del derecho al rescate, ese aspecto seguiría en vigor. Por darle reserva de ley el Parlamento vasco se ha metido en un terreno que el Gobierno central considera suyo. Al intentar proteger el rescate con rango de ley, ha acabado por desprotegerlo y eliminarlo.

El Gobierno Vasco ha publicado una instrucción tras conocerse la sentencia que establece que las aportaciones hechas desde el 4 de julio no podrán ser rescatadas al de diez años de su contratación. El Ejecutivo establece que las entidades gestoras de las EPSV deberán en el plazo “de un mes a partir de la notificación” de esta resolución incorporar un “anexo” al reglamento de las prestaciones en las que se establezca la “anulación” del derecho de rescate a partir de las aportaciones hechas desde ayer en base a lo determinado por el Alto Tribunal.

Hay quien atribuye a la sentencia del Constitucional una clara intención intervencionista y de control político. El Gobierno y el PNV han explicado estos días que llama mucho la atención que el Alto Tribunal se haya manifestado varias veces respecto de las EPSV y mutualidades, pero ninguna vez lo hubiera hecho respecto de derecho a rescate, que viene regulado desde el 20 de febrero de 1984 en el artículo 31 del decreto del Departamento de Sanidad y Seguridad Social del Gobierno vasco el 87/84 que aprobaba el Reglamento de la Ley sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria, en su artículo. “Desde entonces nunca lo había puesto en cuestión”, critican desde el Ejecutivo.

Esa mirada atrás por la vía de reconducir las EPSV como mutualidades de previsión social, entidades aseguradoras, en las que no es ajeno el derecho de rescate, obligaría a hacer modificaciones legales. El Gobierno estudia si hacerlo a través de un decreto, o de una ley después de una negociación política con la administración central en un tema que desde hacer tres décadas todos consideraban “pacífico”.

La sentencia viene a decir que el derecho de rescate en cuanto modalidad aseguradora no se contempla en la normativa del Estado al décimo año. “Una solución es la regulación de rescates parciales que acaben dando el mismo resultado”, sugieren varios abogados. “El problema es que el Parlamento vasco, en la Ley de 2012 desenfoca el aspecto mutualista y asegurador de las EPSV y el abogado del Estado lo que dice en su recurso, y el TC le da la razón, es que con la regulación que propone la nueva ley vasca se acerca demasiado a los Fondos de Pensiones, un producto que tiene regulado el Estado y que no tiene el derecho de rescate. En mi opinión no hay nada político”, sostiene un bufete de Madrid especializado en inversiones individuales y colectivas.

La patronal INVERCO prefiere no tomar posición en ese asunto: “Creemos que se trata de una negociación más técnica que política de competencia legislativa”, dicen. Ellos miran a un futuro que pinta bien para los fondos de pensiones.

“Parece que hay sensibilidad en el Gobierno de Rajoy para avanzar en esa línea. Nosotros proponemos dar liquidez a esos fondos a partir del décimo año, ya veremos si es total o parcial, y recuperar la exención del 40% que ya existía para los fondos de pensiones hasta que en 2006 y que fue eliminado en una de las reformas que hizo el Gobierno”, citan fuentes de Inverco.

Cuando el dinero de los fondos se recupera en forma de capital (todo a la vez) y no en forma de renta (mes a mes), las EPSV y los fondos hasta 2006 permitían una exención tributaria del 40% del capital recuperado. El problema es que el miedo es libre y cuando el miedo se siente sobre el dinero las decisiones suelen ser drásticas. “Quiero decir que la solución, sea la que sea, hay que tomarla con carácter de urgencia”, aseguran desde una de las mayores EPSV del País Vasco con más de 70.000 socios.

A finales de 2013, ante la previsión de una reforma tributaria del Gobierno central que podía gravar más las EPSV mucha gente rescató los fondos. El conflicto de las EPSV ha cogido a este Gobierno en medio. El recurso del Gabinete de Rajoy a la ley que impulsó el Gobierno del socialista Patxi López y después el Parlamento vasco, se enmarca dentro de una guerra en la que entraron ambos ejecutivos y que provocó la judicialización de parte de la vida política.