Convergència ve una mano negra en la detención del alcalde de Torredembarra

El escándalo de corrupción que afecta el Ayuntamiento de Torredembarra provocó ayer la dimisión del segundo teniente de alcalde, José Oviedo (PP). Sin embargo, el alcalde, el convergente Daniel Masagué sigue formalmente en el cargo y cuenta con el apoyo de su partido pese a estar en situación de prisión sin fianza por un presunto delito contra la Administración pública, vinculado al blanqueo de capitales. Convergència Democràtica anunció ayer que por ahora no piensa tomar ninguna medida contra el edil y, además, cuestionó su detención insinuando la existencia de una mano negra en el caso.

El secretario de Organización del partido, Josep Rull, aseguró en una conferencia de prensa que antes de actuar el partido quiere “saber con precisión de qué se está hablando y escuchar a nuestra gente; sin tener antes estos elementos no tomaremos ninguna decisión”, afirmó. Rull pidió “respeto a la presunción de inocencia” del alcalde y de los concejales imputados.

Rull también puso de relieve aspectos que considera “extraños” en la detención del edil. El dirigente convergente cuestionó que la Guardia Civil actuara practicando los arrestos sin orden previa del juez: “Lo que es extraño es que el juez le diga al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cómo han ido las cosas y que -las actuaciones policiales- no han tenido origen en la justicia. No es normal”, dijo.

El juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Baix Penedès) dictó el viernes por la noche prisión provisional sin fianza para Masagué, acusado de delitos contra la Administración pública. El edil convergente fue detenido el jueves en una operación llevada a cabo por la Guardia Civil contra la corrupción en el municipio junto a un empresario local y otros seis regidores de CiU, PP y los independientes GIT. Estos siete implicados quedaron en libertad con cargos.

Los agentes investigan un cúmulo de posibles ilegalidades, como la supuesta concesión de contratos, concursos y alquileres irregulares. La oposición, en especial el PSC y ERC, además de particulares, habían presentado más de una veintena de denuncias ante la justicia durante este mandato clamando contra la gestión de Masagué.

No es la primera vez que la dirección de Convergència cuestiona los procedimientos legales a los que han sido sometidos algunos de sus miembros. Recientemente, el partido vinculó la imputación por el caso Innova de Josep Poblet, presidente de la Diputación de Tarragona, con el apoyo de este dirigente al proceso soberanista catalán.

Una de las principales denunciantes, Montserrat Gassull, concejal de ERC, en la oposición, explicó que en 2012 ya interpuso seis denuncias junto al PSC por asuntos diversos: el alquiler de dos locales, pagos mensuales desde el Consistorio a la consultoría Efial o el mantenimiento del aparcamiento Filadors. Después también fue denunciada la modificación del contrato del agua. “Durante el primer pleno de este mandato adjudicaron directamente el servicio de limpieza viaria. En el expediente había informe contradictorio y de ilegalidad. Pero el alcalde no quiso dar la palabra al secretario para que avisase de ello, con lo que acabaron votando a favor todos los regidores del equipo de Gobierno y presuntamente prevaricaron”, afirmó ayer Gassull. “Ha habido muchos procedimientos ilegales, la mayoría de concejales estaban al corriente. Nos hemos partido la boca informándoles, diciéndoles que se marchasen al baño en el momento de votar”, añadió Gassull. “Esto es solo el principio, en el Ayuntamiento hay muchos millones de euros implicados”, remachó.

Los sindicatos penitenciarios denuncian trato de favor al alcalde encarcelado

Otro de los hechos investigados, según la concejal de ERC, tiene relación con una empresa vinculada al alcalde, una panadería, que fue registrada por la Guardia Civil el viernes. La edil relató cómo en 2013 acudió a la Guardia Civil junto a un extrabajador del negocio del alcalde, Rachid El Ghazoui. “Rachid denunció movimientos raros de dinero”, dijo la regidora. El caso se encuentra bajo secreto de sumario. Además, en diciembre de 2013 el alcalde interpuso una querella por injurias contra ella. Para Gassull lo más sorprendente es que durante todo este tiempo de denuncias, presiones e investigaciones ha sido precisamente su partido, ERC, quien le ha dado la espalda pese a pedir en numerosas ocasiones ayuda. La concejala quiso ayer dejar bien claro el nulo apoyo recibido por parte de los dirigentes de la formación a la que pertenece. Y puso un ejemplo: “Hace unos dos meses pedí con mi abogada una reunión con la dirección de ERC en Barcelona para avisarles de todo lo que está pasando ahora. Ni siquiera me contestaron”, aseguró Gassull. La edil relata que solicitó el encuentro al secretario de política municipal de ERC, Marc Sanglas. “No entiendo la reacción de ERC, que no me hayan apoyado con un ejemplo tan claro de presunta corrupción. He estado sola”, dijo Gassull. Y concluyó: “Soy independentista pero con corruptos no voy y mi pueblo es mi pueblo”.

Por otra parte, los sindicatos del centro penitenciario de Tarragona denunciaron este lunes que el alcalde de Torredembarra ha recibido trato de favor en la cárcel. En concreto, UGT, CC OO, CATAC y CSI-CSIF acusan a la directora accidental del centro de permitir que el alcalde mantuviera más comunicaciones de las permitidas. Según los sindicatos la directora de guardia permitió este domingo una comunicación “vulnerando la normativa del centro”. Esta normativa, alegan los sindicatos, permite una única comunicación, de 45 minutos, durante el fin de semana. Los sindicatos explican que esta única comunicación permitida ya se había producido el sábado. El alcalde fue trasladado ayer al centro Brians-1 por “razones de seguridad”, según fuentes penitenciarias.