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Imputado el director de una empresa pública por discriminación laboral

Un sindicalista acusa al responsable de la empresa de aguas de A Coruña de acosarlo y vejarlo por oponerse a recortes a la plantilla

Sede de la empresa municipal de aguas de A Coruña
Sede de la empresa municipal de aguas de A Coruña

El director general de Emalcsa, la empresa municipal de aguas de A Coruña, deberá declarar como imputado por un presunto delito de discriminación laboral a un miembro del comité de empresa por el sindicato CIG. El querellante acusa a Jaime Castiñeira de la Torre de hostigarlo y vejarlo en represalia por su oposición a los recortes sociales impuestos a la plantilla. Según la documentación presentada en el juzgado, la denuncia penal llega después de que Emalcsa se negase a cumplir una resolución de la Inspección de Trabajo en la que ordenaba a la empresa pública a devolver al trabajador a su despacho, tras haber sido postergado a una mesa en un pasillo sin iluminación propia ni acceso a Internet.

Castiñeira de la Torre deberá declarar en el juzgado de instrucción número 6 de A Coruña el 7 de noviembre. Dirige empresas municipales en A Coruña desde el último gobierno de Francisco Vázquez, cuando en 2005 tomó las riendas de Emasersa, una filial de Emalcsa. Dos años después, con el bipartito PSOE-BNG que presidió el socialista Javier Losada, Castiñeira ascendió a director general de Emalcsa. El querellante, Luis Liaño, que trabaja en la empresa coruñesa de aguas desde 1978 y forma parte del comité de empresa desde 2003 (fue presidente entre 2007 y 2012), relata que las tensiones vividas con la dirección de la compañía por su condición de representante de los trabajadores derivaron con Castiñeira “en una dinámica de acoso laboral”.

En 2011, afirma, fue apartado del consejo de administración, donde ostentaba la representación de la plantilla, sin haber terminado su mandato, con la “finalidad”, dice, de poder aprobar “una serie de cambios estatutarios contrarios a los derechos de los trabajadores”. En 2013, la “situación de acoso y hostigamiento” alcanza “su punto álgido”, cuando decide no jubilarse. Liaño asegura haber recibido presiones y coacciones para abandonar la empresa con la “pretensión” de que dejase también su silla en el órgano de control del plan de pensiones, una de las prestaciones del personal de Emalcsa que la dirección pretendía recortar, señala la querella. Ante su negativa, fue destituido de este puesto también fulminantemente tres años antes de que terminase el periodo para el que había sido designado.

En septiembre de 2013, al regreso de una baja por enfermedad provocada, según el querellante, por el acoso laboral del que era víctima, Liaño descubrió que su despacho había desaparecido y que su mesa de trabajo había sido colocada en un “corredor por donde transitan los empleados”, sin pared ni puerta y con la única iluminación de los focos del pasillo. La responsable de Informática de Emalcsa le comunicó asimismo que siguiendo “instrucciones” de Castiñeira se le había cortado la conexión a Internet. Tras presentar Liaño denuncia ante la Inspección de Trabajo, este organismo ordenó que se le repusiesen sus condiciones anteriores, pero la empresa hizo caso omiso, asevera el querellante.