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Inversión pública con sello privado

Los 17 millones de fondos públicos han generado unas patentes que se encuentran en manos privadas

Hiriko consiguió en tres años dos prototipos de coche eléctrico que no logró homologar para su venta. Las empresas que se encontraban bajo el paraguas del consorcio de este proyecto solicitaron al Gobierno vasco 11,7 millones, se les concedieron 6,15 y acabaron cobrando 2,6, después de las evaluaciones de la marcha del proyecto. El Gobierno central le concedió 14,7 millones y también recibió a través de la Diputación alavesa. En total, más de 17 millones de euros públicos. El responsable de la matriz Afypaida, Jesús Echave, no tuvo reparos en reconocer el martes pasado en el Parlamento, durante su comparecencia ante la comisión de investigación sobre esta empresa y sobre Epsilon en la que no admitió preguntas, que el proyecto estaba financiado “prácticamente en su totalidad con ayudas públicas”.

Y sus impulsores han asegurado en el Parlamento que el proyecto fue “barato” porque otros proyectos automovilísticos de grandes multinacionales tuvieron un coste que rondó los 400 millones de euros. Varias de las personas que formaban parte del consorcio se han mostrado públicamente críticas con el giro que tomó el proyecto cuando Armando Gaspar, exdirector de industrialización de Mercedes Benz para España y Portugal, fue fichado para encauzar la iniciativa. Gaspar cambió el proyecto para crear un vehículo que pudiera ser homologado, certificado, y posteriormente comercializado. Para lograrlo, apostó por un diseño novedoso pero con sistemas alejados de los utópicos del diseño original. El coche que no llegó a arrancar durante su presentación al presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, tampoco se pudo empezar a vender al inicio de 2013.

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