Álava cuenta con 51 millones para hacer frente a la multa de las ‘vacaciones fiscales’

El diputado general de Alava, Javier de Andrés, ha asegurado este miércoles que la sanción de Europa por las denominadas 'vacaciones fiscales', "no va a afectar al presupuesto operativo" de la Diputación alavesa que va a ejecutar su presupuesto "tal y como estaba previsto". "Teníamos la previsión de que esto iba a suceder y tenemos fondos suficientes para afrontar esta sanción", ha reiterado, en respuesta a una pregunta del PSE, para a renglón seguido precisar que se trata de 51 millones de euros. 

De Andrés ha precisado que, aunque no hay una "partida concreta" en el presupuesto foral dirigida al pago de esta sanción, sí existe un fondo de contingencia ante posibles "obligaciones legales" que pudieran darse que asciende a 51.372.111,16 euros. "Tenemos obligación legal de tener este fondo para este tipo de contingencias, que no sabemos si se pueden producir", ha explicado poniendo como ejemplo que este fondo está dirigido a casos como el retorno legal de la paga extra para los funcionarios del que "estamos a la espera de que se nos autorice legalmente para hacerlo".

Teníamos la previsión de que podía pasar y tenemos fondos"

El diputado general ha subrayado que la sanción de la UE "no va a afectar al presupuesto operativo" de la Diputación alavesa que va a ejecutar su presupuesto "tal y como estaba previsto". "Teníamos la previsión de que esto iba a suceder y tenemos fondos suficientes para afrontar esta sanción", ha reiterado. En este sentido, ha informado de que el fondo de contingencia ha crecido en los últimos años, ya que "se encontraba en negativo y con una advertencia del Tribunal Vasco de Cuentas". "Nuestra gestión permite afrontar una sanción de estas características sin tener que aminorar un solo euro del presupuesto operativo de la Diputación de 2014", ha insistido.

Sin embargo, ha explicado que todavía no conoce cuál va a ser el montante económico que va a corresponder pagar a Alava y ha recordado que la posición que defiende, "que parece que está teniendo respaldo por parte de otras instituciones", que el Gobierno vasco se haga cargo del 70% de la multa y el otro 30% las Diputaciones.