El fiscal pide tres años de cárcel para dos hijos de Ruiz-Mateos por fraude

La fiscalía pide tres años de cárcel y una multa de tres millones de euros para Pablo y Alfonso, dos hijos del empresario José María Ruiz-Mateos, acusados de haber defraudado a Hacienda casi 1,4 millones de euros por no declarar el IVA correspondiente a la venta de las Bodegas Montesquius S.A. En su escrito de calificación, el fiscal acusa de un delito contra la Hacienda Pública a los dos hijos de Ruiz-Mateos y al supuesto "testaferro" Juan C., que afronta dos años de cárcel por haber formalizado la venta de las Bodegas Montesquius, empresa perteneciente a Nueva Rumasa, siguiendo las instrucciones de los otros dos imputados.

El fiscal acusa a los empresarios de "idear un plan al objeto de defraudar al erario público" cesando en su cargo cuando ya habían pactado la venta de las bodegas y dejando la administración de la sociedad en manos de un ciudadano ruso, "no residente e ilocalizable en territorio nacional" para ocultar a Hacienda el fraude en el IVA.

Por ese motivo, el ministerio público pide que los tres acusados devuelvan a Hacienda los 1.383.837 euros evadidos, más intereses, y se decrete la responsabilidad civil subsidiaria de la empresa Bodegas Montesquius, que desde 2004 tiene sede en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. El delito fiscal que se imputa a los hijos de Ruiz-Mateos deriva de la operación de venta de las cavas Montesqius de Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) que gestionaban -lo que incluía inmuebles, instalaciones, maquinaria, existencia y marcas comerciales- a la sociedad Arvicatarey S.A., dedicada a su mismo ramo de actividad.

Según el ministerio público, una vez fijado el precio y condiciones de venta, los empresarios "idearon un plan" para defraudar al erario público, para lo que el 25 de julio de 2003 cesaron en su cargo y designaron administrador único de la sociedad al ciudadano ruso Andrey Achkasov, al que la justicia no ha podido localizar durante la instrucción del caso.

Posteriormente, ese nuevo administrador firmó una escritura mediante la cual otorgaba amplios poderes sobre la empresa a Juan C., "persona de confianza de los dos acusados, al punto de ostentar apoderamientos o administración de hasta otras 22 sociedades mercantiles, y que mostró su disposición a materializar los actos que aquellos le indicasen con relación a la venta acordada (...)", añade el fiscal. En septiembre de 2003, Juan C. firmó con Arvicatarey la transmisión de todos sus activos por un valor de 13,6 millones de euros, más otros 2,1 millones en concepto de IVA.

"En ejecución del plan defraudatorio previamente ideado", añade la Fiscalía, los acusados, que no habían perdido en ningún momento su capacidad de gestión de Bodegas Montesquius S.A., obviaron en sus declaraciones tributarias las cantidades de IVA percibidas por la operación de venta. Además, considera el ministerio público, los empresarios realizaron una serie de actos para ocultar a la Inspección de Tributos el fraude fiscal, "como dejar a administración de la sociedad en manos de una persona no residente, e ilocalizable, en territorio nacional, comisionando a la escrituración del contrato a una persona de su confianza provista de los poderes otorgados por el anterior".

Junto a las penas de prisión y multa, la Fiscalía pide que durante cinco años se impida a los hermanos Ruiz-Mateos obtener subvenciones públicas o el derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social. Para Juan C., el ministerio público pide, además de los dos años de prisión, una multa de 1,5 millones de euros y la imposibilidad de obtener subvenciones públicas durante un período de cuatro años.