Las asociaciones del ‘caso Aneri’ denuncian a la Comunidad de Madrid

Algunas de las asociaciones de la patronal que contrataron con el empresario José Luis Aneri —son 14 de las 25, según las cifras que ofrecen y en las que no detallan cuáles son las que quedan fuera— presentaron ayer una denuncia contra altos cargos y funcionarios de la Consejería de Empleo de Madrid.

Hasta la fecha, se investiga cuál ha sido el destino de unos 17 millones de euros de subvenciones entre fondos regionales y estatales destinados a actividades de formación online que en muchos casos no se impartían o en cuyos listados figuraban nombres y DNI de alumnos falsos que no las cumplimentaron.

Las asociaciones, agrupadas en una plataforma, denuncian hechos que “podrían llegarse a calificar judicialmente como delitos de responsabilidad in vigilando y/o in eligendo, ocultamiento contumaz, connivencia delictiva, prevaricación e inducción al delito”, según resumen las entidades.

Acusan a la Consejería de Empleo, que encabeza Ana Isabel bel Mariño, de “persistente actitud obstruccionista” y se declaran “víctimas” de la estafa. Señalan a cinco cargos y funcionarios regionales, entre los que no incluyen a la consejera. Los denunciados son el exviceconsejero de Empleo Juan Van-Halen; la directora general de Empleo, Patricia Herrero; el director de Estrategia y Fomento de Empleo, Valentín Bote; y el exsubdirector general de Formación Continua Joaquín Velázquez Pérez;

Las asociaciones basan su acusación en informaciones periodísticas aparecidas en los medios de comunicación durante los últimos meses y hacen un relato pormenorizado de todas las irregularidades que, a su entender, se han dado en la sede de la Consejería de Empleo, en Vía Lusitana, 21.

Ocultación: Aseguran los denunciantes que la Administración sabe desde 2010 que Aneri y las empresas de su grupo estaban cometiendo graves irregularidades en los cursos de formación. “A pesar de ello, se siguieron tramitando y concediendo subvenciones a las asociaciones que las solicitaban a través de las consultoras dirigidas por el señor Aneri, sin iniciar expedientes de control, ni revisión de la documentación entregada ni de su autenticidad”, dice la denuncia.

Aunque no se incluye en la denuncia, las asociaciones se refieren en ese apartado a las irregularidades detectadas por el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST) en 2010. El organismo, dependiente de la Consejería de Empleo, detectó presuntas irregularidades en la actividad a la que José Luis Aneri se dedicaba anteriormente, la prevención de riesgos laborales. El IRSST contactó con las asociaciones que habían contratado a Aneri y con la patronal madrileña CEIM, entidad colaboradora de esas charlas sobre prevención. A pesar de las sospechas que existían sobre Aneri, este pudo seguir trabajando con la Administración.

Falta de seguimiento y control. Aseguran las asociaciones que en las subvenciones tramitadas por Aneri, la Administración no constituyó la Comisión Mixta de Seguimiento, un grupo de trabajo que, según el artículo 27 de la Orden 3727/2011, debe estar formado por dos personas de la Dirección General de Formación y por dos personas de la entidad beneficiaria. Esa comisión es la encargada, entre otras cosas, de analizar y valorar el desarrollo de los planes de formación y los resultados obtenidos.

Indefensión. En los meses de abril y marzo de 2013 es cuando los técnicos de la Consejería de Empleo requieren a las entidades que han recibido subvenciones el año anterior la justificación de las ayudas. La persona que figuraba como contacto de las entidades era José Luis Aneri y todos los requerimientos van a los domicilios de sus empresas. En julio, Aneri no contestó a las notificaciones. No se avisó a las asociaciones empresariales hasta septiembre y octubre de ese año. Esos cinco o seis meses han causado una “evidente indefensión”, dicen los denunciantes. Sostienen además que, según los reglamentos de la Comunidad, “los requerimientos se dirigirán a la entidad beneficiaria exclusivamente”.

Iniciativa ilegal. Los empresarios que firman la denuncia señalan que a finales de 2013 se produjo una circunstancia extraordinaria, “excepcional e ilegal”. Se trata de la reapertura de la aplicación informática que la Comunidad de Madrid utiliza para justificar las subvenciones. El organismo regional la reabrió fuera de plazo, para que las asociaciones justificaran las ayudas. Algunas asociaciones, asesoradas por sus abogadas, no las rellenaron para evitar precisamente que se justificaran de forma irregular unas subvenciones sobre las que ya existían indicios de que habían sido objeto de fraude. Los denunciantes solicitan que se investigue “de dónde partió esta orden, y el objetivo de la misma, si era para ocultar unos graves hechos o sencillamente para incitar precisamente a que se justificaran unos cursos que no se habían hecho”.

Añaden los empresarios que los responsables de los expedientes tramitados por Aneri tenían conocimiento de las irregularidades cometidas y no denunciaron los hechos ante los tribunales. No denunciar la comisión de un delito que se tenga conocimiento por razón del cargo supone un incumplimiento del artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La denuncia fue presentada ayer, dos semanas después de que la Comunidad comunicase a las asociaciones que además de devolver las subvenciones, tendrán que pagar multas de hasta el triple de lo recibido.

Además de los altos cargos denunciados, las asociaciones incluyeron ayer en su escrito a Joaquín Velázquez, exsubdirector de Formación Continua. El funcionario fue destituido en febrero de este año después de acudir a la policía voluntariamente para dar información sobre los cursos. Según los correos publicados por este diario y aportados por Velázquez a la policía, el funcionario había pedido a sus superiores que se informara a la Fiscalía y se cooperase con los agentes.

La denuncia supone un giro en el caso Aneri que por primera vez lleva a los juzgados a la Comunidad. Fuentes de la investigación señalan que algunas de las asociaciones recibieron de Aneri mordidas de hasta el 20% de las subvenciones.