El aumento de la pobreza desborda las ayudas de Xunta y Ayuntamientos

Si las prestaciones sociales se entregan tarde a quien las necesita “no cumplen su finalidad”. Lo dice el Valedor do Pobo en su último informe anual, donde vuelve a denunciar los retrasos que sufre quien pide ayudas públicas para sobrevivir. Demoras que han ido en aumento a medida que se prolonga la crisis, como ya admiten las propias administraciones. “Dinero hay”, coinciden la mayoría de los consultados, lo que falta es personal y sobran trámites. La principal ayuda autonómica es la Renda de Integración Social de Galicia (Risga), una prestación de unos 400 euros al mes —cantidad que aumenta según el tamaño de la familia— para ciudadanos entre 25 y 65 años sin recursos. Se solicita en los ayuntamientos y entre estos y la Xunta tienen tres meses para resolver las peticiones a partir del momento en que cuenten con todos los papeles. Pero la realidad es que están tardando dos y tres veces más, según denuncian diversas entidades sociales y constata el Valedor.

Hasta 2008, aún sin crisis, los beneficiarios de la Risga —las peticiones totales se desconocen— rondaban los 4.000 anuales. Hoy son 10.000. Cada año, cuando presenta sus presupuestos, el Gobierno gallego publicita como un logro el incremento de esa partida a su máximo nivel histórico. Así ha pasado de los 22,7 millones de 2009 a los 39,7 previstos para este año. Pero el autobombo, critican PSdeG, AGE y BNG, es “perverso”. Por un lado, porque el constante aumento de la Risga revela el paralelo incremento de la pobreza. Por otro, porque la ayuda no está condicionada por límites presupuestarios y la Xunta aumenta la partida si necesita atender más casos de lo previsto, como ha hecho nuevamente nada más comenzar este 2014 al inyectar otros 2,2 millones “por el incremento experimentado en las solicitudes pendientes de concesión generadas en el último trimestre del año”. Junto con la Risga, Xunta y ayuntamientos disponen de las denominadas ayudas de emergencia social, para necesidades puntuales como el pago de recibos básicos o alimentación. También estas sufren retrasos.

Según denuncian oenegés, sindicatos y oposición, y corroboran varios ayuntamientos, no hay personal suficiente para una tramitación ágil ni a nivel autonómico ni municipal. El presupuesto de ayudas sociales ha subido pero el personal que las tramita es el mismo porque el Gobierno central ha limitado el empleo público. Según el Valedor, “Benestar reconoce esos retrasos y los justifica por la falta de documentos necesarios y el aumento de solicitudes”, que califica de “considerable”. Consultada por este diario, la consellería niega que las demoras alcancen los ocho meses, recuerda que algunos retrasos se deben a que los solicitantes no presentan los papeles precisos y elogia el esfuerzo para agilizar trámites que hacen todas las administraciones. Pero cuando estas no llegan a tiempo, son otras entidades las que acuden al rescate.

Es el caso de Cáritas en Compostela, cuyo portavoz, Miguel Fernández, indica que el Ayuntamiento ha incrementado su aportación anual a la organización a 70.000 euros para que esta “adelante ayudas porque dicen que a la Administración le es más complejo tramitarlas”. Fernández critica que en la Risga el retraso “viene por entenderla como una ayuda asistencial, que requiere un procedimiento” y defiende convertirla “en una renta ciudadana, un salario social con condiciones objetivables, como el paro”. Fernández considera que “hay en general en todos los sistemas de protección social una tendencia a desconfiar del pobre” mientras “a otros que reciben más dinero público nadie los vigila”.

Similar visión tienen en la Oficina de Dereitos Sociais vinculada a la parroquia del Cristo de la Victoria de Coia, en Vigo, que todos los viernes convoca concentraciones frente al Ayuntamiento para reclamar mas agilidad en sus ayudas. Diego Lores, trabajador social, critica la discrecionalidad con que se otorga la Risga, que depende en parte de la valoración que hacen los servicios municipales de cada caso. Por eso reclama que “sea un derecho”, para que no se la nieguen a “una mujer de 50 años con hijos que cuida de sus padres y a la que dicen que estos le tienen que dar alimentos”, o a “mujeres con hijos que no se han separado legalmente” y que para la Administración aún cuentan con sus exmaridos. Fernández o Lores son de los que han visto evolucionar el perfil de quien pide ayuda. Antes atendían a colectivos marginales o inmigrantes, destaca Fernández, pero ahora abundan los parados de larga duración. “Cuando se acaban las prestaciones, en el Inem les dicen que vengan aquí”, concluye Lores.