Revocada la imputación de la mujer de Ignacio González por el ático de Marbella

La sección novena de la Audiencia Provincial de Málaga ha acordado en un auto hecho público hoy revocar la imputación por un presunto delito fiscal y de blanqueo de capitales de la esposa del presidente regional Ignacio González, Lourdes Cavero, por el conocido como caso ático.También deja sin efecto la imputación de Rudy Valner, administrador de la empresa offshore Coast Investors, a la que el matrimonio compró el apartamento en la urbanización Guadalmina de Estepona. Ambos permanecerán personados en la causa, al igual que el propio Ignacio González.

La juez de instrucción número 5 de Estepona (Málaga), Mariana Peregrina, imputó el pasado mes de diciembre a Cavero por la operación de compra del lujoso ático de Estepona que el matrimonio utiliza desde hace años como lugar de veraneo. Además de tomar la decisión de imputar a la esposa del presidente regional, la juez se inhibió en favor de la Audiencia Nacional, una decisión que también revoca la Audiencia Provincial de Málaga.

La resolución de la Audiencia, contra la que no cabe recurso alguno, califica en este sentido de “impreciso y vago” el análisis de la juez de Estepona, que imputó a Cavero en diciembre de 2013. La semana pasada la fiscalía ya señaló a su vez que no existían fundamentos para la acusación. La juez de Estepona vuelve a hacerse cargo así de una causa que tiene su origen en una denuncia presentada ante ese juzgado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que intentaba demostrar que el citado ático es propiedad del presidente madrileño a través de sociedades interpuestas. La denuncia sostiene que el piso fue comprado en 2008 “por un fiduciario habitual llamado Rudy Valner, en nombre de la sociedad offshore Coast Inverstors” por un millón de euros.

La resolución judicial establece que “deja sin efecto” la imputación de Cavero dado que “no se ha sustentado por el momento en datos fácticos o indicios de criminalidad concretos, reveladores de su presunta participación en unos delitos contra la hacienda pública y de blanqueo de capitales”. El fallo de la Audiencia Provincial de Málaga señala también que "no se alude a la procedencia delictiva de los fondos de la sociedad constituida en el extranjero"

Poco después de la apertura de la causa judicial, el presidente de la Comunidad de Madrid admitió que a finales de 2012 compró, por 770.000 euros, el ático de Guadalmina, cercano a Marbella y en el que veranea desde hace años. El 80% de la vivienda (equivalente a 616.000 euros de los 770.000) está a nombre de Cavero. La Sociedad de Tasación SA tasó en julio de 2012 el apartamento en 769.611 euros. El 20% restante de la vivienda correspondería al presidente de la Comunidad de Madrid, tras pagar 154.000 euros.

En su respectivo patrimonio a él le corresponde un 20% indiviso y a ella, un 80%. La compra fue posible, según explicó entonces el dirigente autonómico, a la indemnización de 700.000 euros que Cavero cobró tras 26 años en la patronal eléctrica, UNESA, de donde salió en julio de 2011. El sueldo del presidente madrileño asciende a 103.000 euros brutos al año, según los presupuestos de la Comunidad de Madrid.

En diciembre del pasado año, la fiscalía anticorrupción recurrió la imputación alegando que resultaba improcedente porque no constaban explicitados los hechos que determinaban la imputación por un delito determinado. El recurso señalaba que la juez no había precisado siquiera indicios de “al menos, cuál es el delito fiscal que se imputa, a qué impuesto se refiere y cómo se ha producido y, especialmente, quién es el responsable de ese hecho delictivo”.