Los centros de trabajo para discapacitados, en la cuerda floja

Varios ataques convulsivos obligaron a Dani Márquez, de 25 años, a abandonar su trabajo en una fábrica textil hace apenas un año. Desde que está en el paro, los efectos del trastorno de conducta y personalidad que padece desde que era un niño se han agravado. Está constantemente alterado e incluso se ha vuelto más agresivo. El joven, con una discapacidad del 65%, calma su permanente estado de nerviosismo caminando por las calles de Blanes (Selva) hasta que su madre sale del trabajo y se lo lleva a casa. “Él quiere trabajar. Si hiciese algo y ganase un poco de dinero, cambiaría y volvería a estar tranquilo. Si alguien le abriese alguna puerta…”, lamenta su madre, Mari López.

El joven aguarda a una plaza en un centro especial de trabajo (CET), un recurso de inserción laboral para personas discapacitadas que no pueden entrar en el mercado ordinario. Pero el puesto de trabajo que necesita Dani no llega y, tras el último recorte de 17 millones de euros del Gobierno central a la partida destinada a políticas activas de ocupación en Cataluña —en la que se encuadran, entre otros programas, las subvenciones a los CET—, la familia teme que nunca llegará. En la última conferencia sectorial celebrada la semana pasada en Madrid, el Gobierno acordó destinar 176 millones de euros a políticas activas de ocupación en Cataluña, el 60% menos que en 2011.

En tres años, se ha recortado un 60% las partidas para políticas activas de ocupación

Aunque todavía se desconoce a cuánto ascenderá el recorte de la partida destinada a los CET, las entidades del sector de la discapacidad han dado la voz de alarma. El nuevo tijeretazo podría hacer peligrar la viabilidad de los centros especiales de trabajo. “Esta nueva reducción nos tiene muy preocupados y queremos saber qué acciones se van a tomar. Debemos saber si podremos aguantar todos los puestos de trabajo o tendremos que comenzar con los despidos”, denuncia Rosa Cadenas, presidenta de la Federación de entidades de discapacitados intelectuales de Cataluña (DINCAT). Actualmente, una parte de los fondos destinados a políticas de ocupación —que también sirven para sufragar formación de parados o planes locales de empleo, entre otros programas de inserción laboral— subvencionan el 50% del salario mínimo interprofesional que reciben los empleados de los CET. En 2009 y 2010 las partidas llegaron a sufragar el 75% del sueldo mínimo.

Los CET pueden ser lucrativos (contratan a discapacitados más leves) o sin afán de lucro (fichan a discapacitados con especial dificultad, es decir, personas con discapacidad intelectual, parálisis cerebral o trastorno mental de más del 33% y personas con discapacidad física o sensorial superior al 65%). Unos 14.000 discapacitados están empleados en los 200 centros especiales de trabajo que hay en Cataluña. De ellos, el 70% están contratados en empresas del tercer sector, sin ánimo de lucro.

El sector de la discapacidad denuncia que el constante goteo de recortes en las políticas de inserción laboral se ha llevado por delante las subvenciones para la creación de nuevos puestos de trabajo. “No se han dado altas nuevas desde mayo de 2012”, confirma Cadenas. Como no hay lista de espera para acceder a estos centros, los profesionales del sector desconocen el número de discapacitados que aguardan por una plaza en un CET.

Los tijeretazos en las subvenciones destinadas a los CET, que también contribuyen a sufragar las unidades de apoyo profesional con las que cuentan los centros, formadas por psicólogos, trabajadores sociales y terapeutas, han obligado al Departamento de Trabajo de la Generalitat a complementar con fondos propios las partidas que llegan del Gobierno. Alrededor de unos 30 millones anuales es la aportación del Departamento de Trabajo para ayudar a mantener los CET.

14.000 discapacitados están empleados en los 200 centros especiales catalanes

“Nos hemos apretado mucho el cinturón. Aquí hay entidades sociales que han hecho sus esfuerzos, con imaginación y buscando otras vías de financiación para no perder puestos de trabajo”, confiesa Lola de la Fuente, gerente de Esclatec, un CET especializado en montaje de placas electrónicas que emplea a 14 personas con parálisis cerebral y pluridiscapacidad. Hace unos años llegó a tener 17 personas y asegura que el volumen de trabajo del centro daría para contratar a media decena de personas más. “Estamos asustados y aturdidos porque nos están ahogando los recortes en el sector. Podríamos hacer muchas más cosas si tuviésemos más ayudas, pero todo lo que hemos conseguido parece que se está desmoronando”, apostilla de la Fuente.

Las entidades temen que la inviabilidad de los centros aboque a los discapacitados que sí pueden desempeñar un trabajo hacia recursos asistenciales, como los centros ocupacionales, que desarrollan una función más terapéutica dirigida a personas que no tienen capacidad de trabajar. “Estamos hablando de personas muy productivas con su trabajo. Los estaríamos obligando a ir a un centro ocupacional, que tiene fines terapéuticos, no de inserción laboral. Además, estos centros están saturados y las personas que vienen de los CET no tienen ninguna prioridad. Solo están aceptando a los jóvenes que acaban de salir del colegio”, abunda Cadenas.

Mari López poco sabe de partidas presupuestarias que no alcanzan y de subvenciones que se pierden en el camino por la tijera, pero lucha a diario por hacerle un hueco a su hijo en el mercado laboral. Entre lágrimas, se derrumba al recordar la desesperación de su hijo por encontrar un trabajo. “Yo no quiero una cárcel para mi hijo ni que lo encierren en un centro porque no está loco y se puede valer por sí mismo. Solo necesita un trabajo, que él vuelva a sentirse orgulloso y útil al colaborar en la economía familiar y que está haciendo algo”, concluye.