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Andalucía lleva al Supremo la ‘ley Wert’

La Junta pedirá al alto tribunal que paralice la reforma educativa del Gobierno central

La oposición del Gobierno andaluz a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) llegará también al Tribunal Supremo. El consejero de Educación, Luciano Alonso, ha sostenido este viernes que la Junta presentará un recurso ante este tribunal para que se paralice cautelarmente la aplicación de la reforma ideada por el ministro José Ignacio Wert.

La LOMCE, teóricamente, se empezará a desarrollar de forma escalonada a partir del próximo curso. Pero Alonso ha insistido ante el Consejo Escolar de Andalucía en que es "imposible" que la normativa propia que debe desarrollar la Junta para poder a aplicar la ley pueda estar aprobada y publicada en plazo.

Andalucía —al igual que el resto de comunidades que no están gobernadas por el PP: Cataluña, Canarias y Asturias— ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la reforma educativa. Todos los recursos —también el presentado por el grupo parlamentario del PSOE— han sido ya admitidos por el Constitucional. Pero, a diferencia de los pleitos que el Estado interpone contra las normas de las comunidades autónomas, su admisión no implica una paralización automática de la ley.

Alonso ha justificado precisamente la vía del Supremo en la necesidad de poner en marcha "todos los mecanismos para evitar la aplicación de la norma". En su opinión, se debe evitar "un daño irreparable". Este doble camino judicial —recurrir ante el Constitucional y pedir al Supremo la paralización de forma cautelar— ya lo ha puesto en marcha en otras ocasiones el Gobierno andaluz, como en el caso de la reforma local.

La delegada del Gobierno central en Andalucía, Carmen Crespo, ha interpretado el recurso ante el Supremo como una "confrontación fuera de lo normal" por parte de la Junta. En unas declaraciones recogidas por Efe, sostuvo que "son ya 11 o 12 recursos de inconstitucionalidad" que el Ejecutivo andaluz ha interpuesto contra leyes promovidas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

La delegada ha dicho que entendería que la Junta estuviese en contra de determinadas cuestiones pero no de todas, especialmente cuando "muchas de ellas están beneficiando a Andalucía". Respecto a la LOMCE, ha apuntado además que "se ha dialogado mucho con las comunidades, también con Andalucía".

Este último argumento ha sido rechazado por el consejero de Educación. Según Alonso, "la comunidad educativa en general y la Junta de Andalucía han luchado intensamente para parar o mejorar la ley". Pero el consejero asegura que solo se ha obtenido "del Gobierno de Rajoy desplantes y rectificaciones parciales —también improvisadas—, y promesas de inversión que no están documentadas en ningún sitio".