Un juzgado investiga al Ayuntamiento de Torredembarra

El secretario y la interventora declaran por varias adjudicaciones a dedo

El Juzgado de Intrucción número 1 de El Vendrell (Baix Penedès) ha citado a declarar este viernes al secretario y a la interventora del Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragonès) en calidad de testigos. Este juzgado y la fiscalía investigan la posible ilegalidad en la adjudicación de numerosos trabajos de asesoramiento e informes encargados en los últimos años por el Consistorio —gobernado por CiU, el PP y un regidor independiente— a una empresa externa, así como el alquiler de varios locales en el municipio.

En las mismas investigaciones ya han sido interrogados, también como testigos, otros funcionarios y exfuncionarios, admite el Ayuntamiento. El PSC, que llevó el caso a los tribunales, acusó en octubre de 2012 al equipo de Gobierno local de no convocar concursos públicos y otorgar a dedo todas las contrataciones del Consistorio, llegando a afirmar que el alcalde, Daniel Masagué (CiU), hacía caso omiso a los informes jurídicos del secretario municipal y lo puenteaba acudiendo a una consultoría externa que realizaba informes “a medida”. Solo entre enero y mayo de 2012 esta empresa externa facturó al Ayuntamiento de Torredembarra 88.438 euros. Entre 2010 y esa fecha, la cifra superaba los 171.000 euros. En algunos casos, según se detallaba en el desglose de las facturas, el Ayuntamiento pagó los informes externos en función del tiempo dedicado a redactarlos. Un asesor podía llegar a facturar 180 euros por hora al Consistorio.

El PSC también señaló dos contratos de alquiler presuntamente adjudicados a dedo. En uno de ellos, destinado a ubicar las entidades de Torredembarra, el alquiler asciende a 6.000 euros al mes y el local es un sótano “imposible de legalizar para estas actividades”, afirmaron los socialistas. En cambio, Masagué explicó que los alquileres “son con opción a compra y rentables”.

“El Ayuntamiento está personado en las actuaciones como parte, colabora con la justicia y manifiesta su convencimiento de la plena legalidad de los expedientes”, afirma una portavoz.

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