Aneri: “Yo solo era el relaciones públicas”

José Luis Aneri, empresario y dueño de Sinergia Empresarial, el único encarcelado por la macroestafa de los cursos de formación subvencionados con dinero público, dice que no se acuerda prácticamente de nada, echa la culpa de todo a su hermano Joaquín y a su contable, Santiago P. Añade que su único cometido en la compañía que gestionó los cursos era “hacer de relaciones públicas”.

Ese es, en resumen, el contenido de la declaración que prestó Aneri el pasado 5 de marzo ante la juez de Madrid que instruye el caso. De su testimonio, se deduce que la memoria le flaquea cuando se le pregunta por asuntos que le inculpan y, en cambio, se muestra nítida cuando le exculpan.

Ante la juez, Aneri insistió en que él solo era un relaciones públicas encargado de “captar clientes” y que su trabajo en Sinergia siempre había estado al margen de las cuentas. Pero algunos correos internos de Sinergia, a los que ha tenido acceso este diario, y testimonios de extrabajadores indican lo contrario: que era él quien daba las órdenes, quien organizaba los cursos y el que elaboraba el papeleo.

Aneri era el dueño de un entramado de sociedades (una veintena de empresas cuya matriz es Sinergia Empresarial) que dieron cursos on line a miles de alumnos inventados. Cuantos más alumnos más cuantiosa era la cantidad de la subvención. La investigación policial eleva lo sustraído al erario público por los falsos cursos, de momento, a unos 16 millones de euros, unos 11 millones de dinero estatal y otros cinco de la Comunidad de Madrid.

Sus clientes eran una treintena de asociaciones empresariales que recibían esas subvenciones para hacer cursos que finalmente encomendaban a las empresas de formación de Aneri. El empresario admitió ser el “dueño y administrador” de Sinergia, pero dijo que no sabía quiénes eran los otros socios. “Solo sé que está mi hermano, pero del resto no sé nada”, declaró.

A través de Sinergia como empresa matriz (y de otras sociedades tejidas supuestamente para blanquear el dinero público), se canalizaban los cursos de formación con alumnos fantasma. El dinero llegaba por adelantado de la Administración a las asociaciones, que muchas veces ponían a Aneri como persona de contacto.

El empresario admitió que cuando se creó Sinergia, en 2007, él era el encargado de todo y habló también de sus socios, Alfonso Tezanos y Víctor Porta, actualmente en libertad con cargos. “Yo mismo llevaba a cabo todas las funciones”, dijo Aneri refiriéndose a esos años. “Los socios eran Tezanos, a través de su hija, Ángela Tezanos, y también Víctor Porta Chacón, que creo que participaba con un 25%, aunque no recuerdo si participaba a través de su esposa”, declaró.

Tezanos y Porta fueron las dos personas que introdujeron a Aneri en el mundo empresarial madrileño en 2007. Ambos ocupaban cargos en la Cámara de Comercio y en la patronal CEIM antes de que estallara el caso.

A preguntas de la juez, Aneri precisó que él prestaba “servicios de asesoramiento a asociaciones de empresas respecto a calidad y formación. Y que, en aquel momento, pesaban, más que la formación, los [cursos de prevención de] riesgos laborales”. Sinergia hacía los cursos con las asociaciones pero “sin suscribir ningún contrato con ellas, salvo que alguna lo pidiera expresamente”, dijo. Es el caso de la Confederación del Taxi, que firmó un convenio con Aneri en 2012 que incluía una cláusula con una gratificación del 20% de la facturación, lo que distintas fuentes de la investigación consideran una mordida en toda regla.

Según Aneri, el objeto siempre era impartir acciones formativas concretas para trabajadores. Las asociaciones solicitaban subvenciones a la Comunidad y, si se las concedían, llamaban a Sinergia dando los detalles e instrucciones. “Y yo me encargaba de que se hicieran los cursos con mi empresa”, admitió Aneri en el juzgado. Según documentación a la que ha tenido acceso este periódico, Aneri daba instrucciones a sus trabajadores para diseñar los cursos con manuales plagiados y obtenidos de Google.

El empresario cordobés señaló ante la jueza que los cursos “los planificaba Víctor Porta”. “En 2011 yo no me encargaba de esos detalles. Era Joaquín [su hermano] y antes Felipe Granados Martínez, que se apoyaba en su pareja [Ionela Oraca, que trabajaba en Sinergia y figura como profesora en algunos cursos]. Granados tenía mi confianza plena”. Felipe Granados, también imputado, es cuñado de Alfonso Tezanos y exempleado de Sinergia.

Los investigadores policiales han comprobado que los alumnos, algo más de 10.000, eran inventados, así como la mayoría del profesorado. ¿Quién y cómo se seleccionaban los alumnos?, le preguntó la juez. Aneri contestó que eran las asociaciones las que lo organizaban y que él solo hacía “tareas operativas”.

Aneri declaró que su empresa justificaba que los cursos se hacían: “Había que comunicar antes de siete días los alumnos, el temario y aportar una clave para poder operar en Internet. Estas gestiones las hacía Joaquín Aneri Molina y para ello cobraba un gran salario”. Él asegura que nunca tuvo sueldo, aunque admite: “Yo participaba en los beneficios, pero no puedo precisar la cifra” de ganancias.

Aneri insistió varias veces en que es su hermano el que tiene toda la documentación de la empresa, que vive en Córdoba, y que se la ha pedido. “Pero no he obtenido repuesta”, subrayó.

El descontrol y ausencia de justificación de los fondos públicos obtenidos por las empresas de Aneri para los cursos ha llevado a Hacienda a levantar actas por fraude; y a la Comunidad de Madrid y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a pedir justificaciones de que esos cursos fueron impartidos y que los alumnos eran reales. De ninguno de estos organismos recuerda Aneri haber recibido “comunicación alguna”.

“Cuando llegaba algo de estos organismos, automáticamente se daba [la documentación] a las personas encargadas”. En su intento de difuminar su huella de las operaciones de Sinergia, Aneri señaló que no “recuerda” haber “suscrito ningún contrato como administrador único” de esas empresas, “salvo uno con la asociación Nacional de Empresas de Internet, y otro con Transobras [una de las asociaciones que recibió subvenciones]”.

“Los precios lo acordaban los clientes [las sociedades que encargaban los cursos]. La subvención para Sinergia era irrelevante: el precio era impuesto por la asociación y mi empresa aceptaba el precio y daba el servicio. Y se facturaba por alquiler de plataforma tecnológica, de contenido digital, alojado en esa plataforma...”. Según fuentes de la investigación, de cada 100 euros, Aneri y sus socios se quedaban con unos 70 tras pagar mordidas y sobres en negro y gastos de infraestructura.

Aneri señala que los cursos con los alumnos “se han realizado” y que ello se puede comprobar con el resto de las plataformas, a no ser que se hubieran borrado los datos por un informático por encargo de Joaquín Aneri”. La policía, que ha hecho un muestreo con entrevistas personales entre los supuestos alumnos, ha revelado que prácticamente todos los alumnos eran falsos o se les habían asignado muchos más cursos de los que realmente hicieron.

En su estrategia por tratar de quitarse responsabilidad en la empresa de la que era dueño, José Luis Aneri reconoció haber convocado asambleas para aprobar las cuentas, pero que quien “sabía de todo ese asunto era Santiago P.”. “Es en quien confiaba yo y quien me indicaba dónde debía firmar. He firmado muchas cosas, pero no era consciente de todo, confiaba en las personas que lo elaboraban”. Añadió que ignoraba los beneficios de Sinergia y dijo que la empresa matriz no tuvo ningún auditor de cuentas. “Y si Hacienda no me embargaba nada, era que todo iba bien”.

A preguntas del fiscal, indicó que sí recibió beneficios de las empresas, pero “el especialista era Santiago y yo firmaba sin conocimiento”. Y que de la operativa general de las empresas se encargaba su hermano Joaquín desde Córdoba: que venía a Madrid una vez a la semana para, hablar con la personas de confianza en Madrid (Felipe Granados), ultimar asuntos y dar las especificaciones oportunas, ya que era él “el único que dirigía a todos los empleados”.

Sinergia llegó a tener 20 trabajadores. Algunos de ellos han señalado las irregularidades. “No sé cómo dicen que no se han dado los cursos, y me gustaría que me dijeran quiénes son esos miles de alumnos que dicen que no han recibido los cursos”. En los expedientes que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) envió a la policía, aparecían decenas de alumnos de listados procedentes de asociaciones de vendedores ambulantes. Este periódico contactó con el presidente de estos colectivos, Lisardo Hernández Barrul, que aseguró que había facilitado esos listados a Aneri y negó que se hubieran dado esos cursos.

Aneri añade en su defensa que no era Sinergia la encargada de efectuar las gestiones ante la Comunidad de Madrid para obtener subvenciones. Y lo justifica en que desde hace más de tres años hay que tener un certificado digital para firmar esa solicitud y entregar todo el papeleo digitalmente. Es la Cámara de Comercio quien concedía esas firmas. Para ello es necesario que un representante de las organizaciones empresariales lo rubrique. Algunas de las organizaciones han señalado que Aneri había falsificado sus firmas y aseguran que él poseía los certificados digitales para encargarse de la gestión de las subvenciones.

A preguntas de su abogado defensor, Aneri señaló, a modo de resumen: “Ni mi empresa ni yo hemos recibido ninguna cantidad de subvenciones públicas ni he sido requerido para que devuelva dinero alguno de subvenciones públicas de las Administraciones. No tengo poder de ninguna asociación para recibir subvenciones, ni he tramitado en nombre de terceros solicitudes de subvenciones, ni tampoco las he recibido en su nombre. Tampoco mi empresa, Sinergia, ha firmado ningún contrato donde se comprometa a gestionar o tramitar subvenciones. El único contrato que he podido firmar era para impartir cursos, la mayoría de forma verbal. Las indicaciones y el precio de los cursos los ponía el cliente. Tampoco he recibido ningún requerimiento judicial o extrajudicial por incumplimiento de contrato de servicios de ninguna de las asociaciones ni de ninguna administración. La plataforma de cursos on line la dirigía David de T., el informático, y mi hermano desde Córdoba. La parte contable se llevaba desde Córdoba, bajo la supervisión directa de Santiago P. y Leornardo R. Unas asociaciones se implicaban más en los cursos y otras menos, pero nadie me comunicó ninguna irregularidad al respecto”.

Con información de Pilar Álvarez y Álvaro de Cózar