El rechazo de ayudas a víctimas del GAL puede llevar a Interior a prevaricar

El catedrático de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) Ignacio Muñagorri ha advertido de que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, pudo haber cometido un delito de "prevaricación" por la denegación de indemnizaciones a varias víctimas del GAL y otros grupos terroristas que previamente ya habían sido reconocidas legalmente como damnificados por el terrorismo.

Muñagorri ha comparecido este lunes ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco para presentar, junto a la profesora de Derecho Penal Ana Pérez Machío, un informe que analiza la denegación de ayudas a varias víctimas del GAL, el Batallón Vasco Español y la Triple A por parte del Ministerio del Interior.

El informe, que ya se había dado a conocer a mediados de este mes, analiza la decisión del Ministerio del Interior de denegar varias solicitudes de actualización de ayudas a personas que ya habían sido reconocidas previamente como víctimas del terrorismo y que ya habían sido indemnizadas por ello.

Estas personas, al igual que otras a las que sí se concedió la actualización de la ayuda, solicitaban que se les incrementase la indemnización inicial, dado que el importe de este tipo de ayudas se había incrementado por un cambio legislativo posterior.

"Se vacían de forma inadmisible las garantías procesales", ha asegurado Muñagorri

La negativa a revisar las compensaciones por parte del Gobierno central se sustenta en el artículo 8.2 del 'Convenio Europeo sobre Indemnizaciones a víctimas de delitos violentos'. Este artículo establece la posibilidad de "reducir o suprimir las indemnizaciones si la víctima o solicitante participó en delincuencia organizada o pertenece a una organización que perpetra delitos violentos".

El informe, tal y como ha explicado Muñagorri, considera que el Ministerio del Interior "desvirtuó" el contenido del referido convenio, puesto que basó su decisión de denegar la actualización de ayudas en meros informes policiales u otro tipo de elementos probatorios "insuficientes" --referidos a la supuesta vinculación de los solicitantes con el entorno de ETA-- ante el derecho a la presunción de inocencia y a las debidas garantías jurídicas.

A su juicio, para rechazar una petición de indemnización a una víctima del terrorismo reconocida como tal y hacerlo sobre la base del convenio europeo sobre esta materia, sería necesario que exista una condena judicial firme que acredite la participación delictiva o pertenencia a organización criminal de la que habla el artículo 8.2.

En opinión de Muñagorri, con esta interpretación "arbitraria" y "falsaria" del texto europeo, el Ministerio "vulnera" el principio de legalidad, la separación de poderes, la presunción de inocencia. "Se atribuye a un mero informe policial una capacidad de prueba capaz de destruir la presunción de inocencia", ha censurado.

En la misma línea, ha alertado de que con este procedimiento "se vacían de forma inadmisible las garantías procesales y el principio de la separación de poderes". El catedrático de Derecho Penal ha llegado a plantear la posibilidad de que el propio ministro del Interior haya podido incurrir en un delito de prevaricación por la forma en la que se ha gestionado este asunto. Este tipo penal se refiere a aquellos casos en los que una autoridad dicta una resolución a sabiendas de que es injusta.

De hecho, ha asegurado que "estudiando el tipo delictivo recogido en el artículo 404 del Código Penal (referido a la prevaricación), sí vemos que están todos los elementos del tipo: los subjetivos, tanto el cognitivo como el volitivo, y el elemento de resultado objetivo a partir de los supuestos de hecho que recoge el tipo de prevaricación", ha manifestado.

Este experto ha alertado de que con este tipo de actitudes se está produciendo "un vaciamiento de contenidos constitucionales básicos". A su juicio, este tema puede acabar dirimiéndose en los tribunales de justicia y llegar incluso al Tribunal de Derechos Humanos de la UE.