El Gobierno intenta tranquilizar a los municipios por la reforma local de Rajoy

El Gobierno considera que no debe haber un cambio de manos de las competencias de los municipios a otros niveles institucionales tras la promulgación a finales del año pasado de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local —un cambio legal que cree “radical”—, al menos hasta que Euskadi no disponga de una ley Municipal. Es la principal idea que el Ejecutivo recoge en una circular de 11 páginas que detalla los criterios de interpretación de la ley con “carácter transitorio” hasta que Euskadi cuente con su propia legislación sobre los consistorios.

El documento, redactado para “tranquilizar” a los municipios, según fuentes del Ejecutivo, precisa en qué situación quedan los Ayuntamientos respecto a los cuatro tipos de competencias que estructura la ley. Así, las competencias propias, las actuales, pueden seguir como hasta ahora bajo el criterio de “continuidad en la prestación de los servicios públicos locales”.

La atribución de nuevas competencias a raíz de la ley de Administración Local queda en manos del Gobierno vasco o las Diputaciones. Para ello, es necesario que se cumplan dos requisitos: ausencia de duplicidades y suficiencia económica para afrontarlas. La circular, publicada el pasado viernes en el Boletín Oficial del País Vasco, recuerda que la ley de Racionalización prevé “la asunción por las comunidades autónomas de las competencias relativas a educación, salud y servicios sociales” y plantea de qué manera dejan de ser ejercidas por los municipios.

Pero el texto incide en que Euskadi tiene un régimen de financiación distinto y una “singularidad” competencial entre instituciones que “ponen en duda la aplicabilidad” de ese mandato. Conceder seguridad jurídica a esta interpretación está, de nuevo, en manos de la futura ley Municipal, según el documento. Euskadi es la única comunidad autónoma que aún no ha logrado aprobar una ley que defina exactamente cuáles son las competencias de los Ayuntamientos y, en consecuencia, su financiación.

El Ejecutivo tiene previsto en su calendario legislativo aprobar un proyecto de ley antes de finales de junio para que inicie la tramitación parlamentaria, aunque sus responsables ya han arrojado dudas sobre la posibilidad de cumplir con los tiempos establecidos. Fuentes de Administración Pública resaltan que la ley Municipal es imprescindible y afronta un reto añadido tras la aprobación por el Gobierno central de la reforma local. “Hasta ahora hemos tenido una diferenciación en materia de financiación; ahora también la competencial”, detallan.

Este jueves se reunirá el Consejo Municipal vasco, en el que están representados los tres niveles institucionales, para empezar a tejer consensos que permitan a Euskadi contar, tras varios intentos, con una ley para el nivel institucional más cercano a los ciudadanos. Mientras se cocina la ley, la circular plantea que uno de los organismos que pueden determinar cuestiones competenciales o cómo se materializan posibles cambios sea el Consejo Vasco de Finanzas.

El documento habla de utilizarlo para establecer “mecanismos de cohesión del modelo económico-financiero y del propio sistema interno de distribución de competencias”, ya que hay cuestiones que quedan en manos de cada Diputación. Se trata en realidad de hacer uso de la legislación vigente, recuerdan fuentes del Gobierno. “Las leyes se utilizan cuando hay que utilizarlas”, subrayan los medios informantes, en referencia a las capacidades atribuidas al Consejo Vasco de Finanzas, donde se sientan el Gobierno, las instituciones forales y la asociación municipal Eudel.

El texto cita la Ley de Territorios Históricos o la de Aportaciones para permitir a ese foro una “intervención puntual” para determinar el “interés general supraterritorial” como “guía” para que después los entes forales pongan en práctica “un sistema integrado y coherente de gobiernos locales” que “reduzca razonablemente la heterogeneidad” de Euskadi.

De nuevo, el “elemento de cierre” del modelo que configura el dictamen es la ley Municipal. El acuerdo que el PNV alcanzó con el PP en el Congreso de los Diputados durante la tramitación parlamentaria de la ley determina que las Diputaciones decidirán la “fórmula de prestación de los servicios mínimos obligatorios de los municipios de menos de 20.000 habitantes”, en lugar de hacerlo el Ministerio de Hacienda. Con la ley, la circular ensalza que se ha producido un “proceso claro de interiorización” con el que las “decisiones trascendentes en materias críticas se adoptarán por las instituciones vascas competentes”.