Roca pide al Tribunal Supremo la anulación de todo el ‘caso Malaya’

La defensa de Juan Antonio Roca, principal condenado en el caso Malaya, ha pedido al Tribunal Supremo en su recurso de casación que anule todo el procedimiento, desde el inicio de la investigación hasta la sentencia. El extensísimo escrito del exasesor de Urbanismo de Marbella, de 757 páginas y 139 motivos de impugnación, introduce algunas opciones alternativas, como devolver la causa al tribunal que lo juzgó para que realice algunas aclaraciones, volver a celebrar la vista oral con otros magistrados o la absolución de todos los delitos. También carga duramente contra el juez Miguel Ángel Torres, primer instructor de la causa, y el propio tribunal. “Todo valía en Malaya”, consta al final del recurso, parte en la que se alude a su “demonización” desde el origen.

Roca, en prisión desde que fue detenido por estos hechos el 29 de marzo de 2006, está condenado en Malaya a 11 años de cárcel y a una multa de 240 millones de euros por blanqueo de capitales, cohecho pasivo para acto injusto y fraude. La fiscalía ha reclamado ahora al alto tribunal que corrija la sentencia y eleve 10 años más esa pena, además de un notable incremento de la sanción económica.

El escrito de Roca ahonda en las infracciones de preceptos constitucionales que se habrían cometido en este caso. Lo primero que hace es pedir la nulidad de las actuaciones porque “están contaminadas desde su nacimiento”. “El magistrado que instruyó la causa tenía y evidenciaba un interés privado, personal y contrario a la debida objetividad en el procedimiento, que le llevó a prescindir de las normas más esenciales del mismo”, alega el escrito, que vuelve a sacar a escena las quejas constantes contra el magistrado Torres por la forma en que se abrieron las diligencias. En su opinión, “se ha quebrado la garantía del juez imparcial”.

Los argumentos contra el instructor ocupan varios folios. “Nunca fue imparcial, ni objetivo, no se acercó al proceso desprovisto de prejuicios”, añade el recurso, que achaca al magistrado haber justificado su actuación en los oficios policiales cuando “la fuente de conocimiento era el propio instructor”.

“Un juez-testigo, un juez-denunciante no es un juez imparcial, pues no puede investigar imparcialmente los hechos quien cree a ciencia cierta que han sucedido de tal modo”, asevera en otro momento. Incluso se pone en entredicho la medalla que el Ayuntamiento de Marbella concedió al magistrado y al fiscal en 2007.

Para su defensa, contra Roca ha existido “una causa general y prospectiva”. La abogada Rocío Amigo también ha reclamado al Supremo la nulidad de las intervenciones telefónicas y de los registros y que expulse del procedimiento el maletín decomisado a Salvador Gardoqui, su contable, porque con esta prueba (una de las principales) se habría roto la cadena de custodia. En este artículo se localizó documentación con una parte de la contabilidad B en la que estaban anotados los sobornos.

Según el recurso, Roca “no ha tenido un juicio justo y con garantías”. “Se ha cercenado su derecho de defensa”, alega. El escrito asegura que no se permitió a algunos testigos contestar preguntas de la defensa, que la vista oral se inició sin que la sala contara con toda la prueba y que en la sentencia no se ha respondido a algunas atenuantes planteadas. La conclusión es que los magistrados no actuaron con “la debida imparcialidad”. Respecto al delito de cohecho, la defensa afirma que el fallo del caso Malaya no solo no se corresponde con la realidad, sino que no tiene encaje con los hechos aducidos por las acusaciones. “Existe decisión de condenar, no motivación de la condena”, apunta.

Cita, además, algunas contradicciones en el fallo, como hablar en un momento determinado de un supuesto patrimonio de 240 millones de euros y en otro punto, de 100 millones. Esas supuestas discordancias las extiende a otras consideraciones sobre el delito de blanqueo por el que Roca ha sido condenado.