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OPINIÓN

¿Cuál es el límite?

No me sirve oír al presidente de la Generalitat hablar de “pobreza estructural” y situar la independencia como solución

Hace pocos días oía a una trabajadora social explicar algunas de las historias personales y casos con los que se encontraba en su quehacer diario. No se trata de alguien que trabaje en un barrio de los considerados extremos ni en un ayuntamiento especialmente castigado por la crisis. Ella misma estaba sorprendida de que en poco tiempo se había acostumbrado a escuchar narraciones y situaciones que hace sólo cuatro cinco años hubiera considerado como disparatadas y horrendas.

Las preguntas que se le planteaban era: ¿cuál es el límite?; ¿no me estaré inmunizando ante lo que oigo día sí y día también?; ¿no deberíamos reaccionar saliendo del marco de análisis y diagnóstico en el que nos han situado y que nos obliga a considerar como normal lo que, de hecho, es intolerable? En el fondo, vamos tragando y tragando, y lo hacemos porque, de alguna manera, compartimos con más o menos reticencias la excepcionalidad del momento, la imposibilidad de seguir actuando como lo hacíamos. Pero ese análisis no puede conducirnos al extremo de considerar como “normal” lo que no lo es, lo miremos por donde lo miremos.

El pleno del Parlament de Cataluña sobre la pobreza es una demostración de la mezcla de impotencia y retórica en la que estamos inmersos. Las entidades del Tercer Sector venían presionando para que se celebrara un pleno extraordinario sobre el tema en el que ellas pudieran expresarse. El gobierno prefería no complicarse la vida con un tema sobre el que no tiene respuestas y quería, además, evitar quedar solo frente a un nutrido grupo de organizaciones de la sociedad civil y encontró en su socio ERC, los apoyos necesarios para reducir la trascendencia del tema. El resto de fuerzas políticas querían, con mayor o menor convicción y coherencia, aprovechar la ocasión para poner en un brete al gobierno. Al final, el resultado de todo ello ha sido un pleno que no ha satisfecho a nadie. Y mientras, la gente que está atendiendo a personas y casos cada vez más insufribles, va endureciendo su piel o sufre tensiones y sinsabores que no logra dejar sobre la mesa de su trabajo.

No me sirve oír al Presidente de la Generalitat hablar de “pobreza estructural” y a renglón seguido situar la independencia como solución. Seamos un poco más serios. Si al final del pleno las únicas consecuencias que podemos constatar es el alargamiento temporal de la obligación de pagar las deudas por “pobreza energética”, la posibilidad de pedir las becas comedor a lo largo de todo el curso, y poca cosa más, lo que concluiremos es que respondemos con fuegos de artificio a temas que requieren cañonazos.

Entre los que no trabajan ni logran encontrar trabajo, los que trabajan en condiciones cada vez más paupérrimas, y los que siguen trabajando en condiciones dignas, pero que acumulan cada vez más tasas e impuestos (al no conseguir desde el poder que los que más tienen sean los que más paguen), no hay quien vea horizonte alguno. Y mientras, seguimos jugando con los números y el Cabo de Hornos para manipular las percepciones y conseguir llegar al próximo fin de semana.

¿Cómo afrontar este tema que pone en cuestión la dignidad de las personas y la propia calificación moral de nuestra sociedad? Hasta ahora habíamos confiado en que, esencialmente, los poderes públicos se ocupaban del tema, con políticas de redistribución. Ello no impedía que siguieran funcionando, de muchas maneras distintas, mecanismos de solidaridad, de reciprocidad y de cooperación entre familiares, vecinos y ciudadanos. A pesar de que esas corrientes de apoyo mutuo se hayan incluso incrementado, no resultan suficientes, ya que las transferencias entre poderes públicos y personas en situación o en riesgo de exclusión han tendido o bien a reducirse o han incrementado las barreras de acceso.

Por mucho que doremos la píldora a las entidades del Tercer Sector no podemos transferir sin más la responsabilidad de los derechos sociales a organizaciones que cumplían y cumplen labores esenciales, pero a las que no podemos exigirles que garanticen de manera general la dignidad de las personas. Podemos llenarnos la boca de innovación y de emprendeduría social, podemos hablar de smart city y de smart citizens, pero, al final, la cuestión clave es quién decide qué, con qué criterios y cómo se reparten costes y beneficios. Y ese es un tema de poder.

¿Estamos dispuestos a que la ciudadanía y los movimientos y organizaciones sociales, a cambio de que asuman más responsabilidades, tengan más poder y sean también co-responsables de decisiones y presupuestos? Dejémonos de monsergas. El tema clave es el control público (es decir, de la comunidad, de la ciudadanía y de las instituciones en que se organizan) de los bienes comunes que son clave para asegurar la subsistencia digna de todos.

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política e investigador del IGOP de la UAB.