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La policía revisa 350 cursos estatales de Aneri con más de 10.000 alumnos

Empleo detectó las primeras irregularidades en un expediente a finales de 2012

El caso Aneri empezó mucho antes de que José Luis Aneri saltara a la luz pública. En diciembre de 2012 llegó el primer expediente con supuestas irregularidades en la formación a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Se trataba de las ayudas solicitadas por una federación de transportes (Ucotrans) y lo que llamó la atención a los técnicos fue que había nombres de alumnos que se repetían demasiado. Nadie reparó entonces en el empresario cordobés, que figuraba como persona de contacto, pero su actuación ha llevado a que la Policía Nacional haya revisado en el último año 350 cursos estatales con unos 10.500 alumnos, según las estimaciones oficiales. Entre esos alumnos había vendedores ambulantes que ni siquiera pertenecían a la federación, como pudo constatar este periódico.

Desde la primera denuncia, distintos episodios han complicado la investigación sobre el empresario cordobés, que gestionó ayudas que suman 15 millones de euros (11 estatales y 4 de la Comunidad de Madrid). El caso Aneri, además, amenaza con tambalear los delicados equilibrios entre el PP madrileño y el estatal.

150.000 nombres de alumnos al juzgado

La Consejería de Empleo ha remitido al juzgado que investiga el caso Aneri los nombres de todos los alumnos inscritos en sus cursos de formación continua en 2012. Un portavoz de Empleo explica que, tras detectar irregularidades con distintos expedientes en los cursos de 2011, han decidido mandar toda la información al juzgado. También han enviado un expediente con los cursos de 16 asociaciones de la Federación de Empresarios de Madrid (Fedecam) a través de la consultora Elmar Time en 2012 en los que detectaron otras irregularidades.

El presidente de Fedecam es Alfonso Tezanos, socio de Aneri hasta 2011, que supuestamente usaba el mismo modus operandi: conseguir DNI e identidades y asignarlos a cursos. Tezanos ha negado siempre este extremo. El citado portavoz de Empleo señala que no tienen constancia de que exista relación entre los dos supuestos fraudes, aunque “no se descarta”.

Casi un año después del traslado del primer expediente a la policía, el caso salió a la luz. Este periódico publicó que la Comunidad de Madrid había detectado un fraude de 4,4 millones de euros en cursos de formación a una treintena de asociaciones empresariales que contrataron a la consultora del empresario José Luis Aneri.

Con esa información encima de la mesa, el personal de la Fundación Tripartita (el organismo dependiente del Ministerio de Empleo en el que participan patronal, sindicatos y Administración) comenzó a cruzar datos. Aneri era el hombre que figuraba también como persona de contacto en el expediente de Ucotrans y en otra decena más de ayudas estatales a distintas asociaciones. Las supuestas estafas de la Comunidad y el del Estado tenían un personaje en común.

La Consejería de Empleo, que tuvo las primeras sospechas entre finales de 2012 y principios de 2013, no avisó de su investigación interna al Ministerio ni acudió al fiscal o a la policía. Existe un correo interno en el que se pide expresamente lo contrario. En noviembre de 2013, la directora general de Formación, Patricia Herrero, denegó el permiso que le había solicitado un funcionario para avisar a la Tripartita: “No se notifica nada y que todo pase por aquí”.

El Ministerio de Empleo salió ayer a defender su gestión en el caso de los cursos fraudulentos gestionados por Aneri, después de que la Comunidad le haya reclamado en los últimos días una investigación estatal.

El Gobierno regional, que no presentó una denuncia ante la policía ni ante el fiscal durante meses, anunció finalmente el pasado jueves que se personaría en la investigación abierta en el juzgado número 9. Ese mismo día fue detenido Aneri, acusado de los presuntos delitos de fraude de subvenciones, falsedad y estafa documental. Los grupos de la oposición han pedido una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid en la que una plataforma con 20 de las 35 asociaciones afectadas por la estafa han dicho que están dispuestas a colaborar.

El presidente autonómico, Ignacio González, reiteró ayer que tiene interés en conocer qué acciones están llevando a cabo el Ministerio de Empleo, la patronal y los sindicatos para esclarecer lo sucedido. La secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, respondió que las primeras irregularidades se comunicaron en diciembre de 2012. Añadió que, después de eso, “se están analizando todos los expedientes [relacionados con Aneri] y se están comunicando las investigaciones a la policía”. Hidalgo destacó la “absoluta responsabilidad y prudencia” de su departamento y la “lealtad” que han tenido con otras Administraciones, como la Comunidad de Madrid, con cuyo Gobierno comparte siglas políticas.

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