Las doble crisis de España

Cuando una cuarta parte de la población activa está en paro y cuando esta parte incluye a la mitad de los jóvenes en edad de trabajar sería una insensatez que el debate parlamentario sobre el estado de la nación versara sobre otras cuestiones. ¿Hay algo peor que tener sin horizonte laboral a la mitad de la generación de relevo? Este es actualmente, por desgracia, el eje de la vida colectiva en España. Un balance desolador. La economía está enferma y es una enfermedad particularmente insidiosa. Aunque el paro es nuestro, de nuestra sociedad, está muy claro que la crisis económica que lo provoca no es solamente nuestra. Tiene vertientes radicalmente genuinas, propias, locales, como el mal gobierno que en la década de 1990 llevó a hinchar irresponsablemente una burbuja inmobiliaria, a corromper casi todas las cajas de ahorros o a mantener estúpidamente altos los precios de la energía, por ejemplo.

Pero la crisis se originó en Estados Unidos, se extendió a Europa, alcanzó a numerosos bancos británicos, alemanes, franceses, etcétera y se agravó con la aplicación de recetas prescritas en instancias internacionales que no persiguen resolver la crisis española o europea sino asegurar que el entorno financiero global pueda seguir dragando sin cesar intereses de todas las economías nacionales.

De manera que un buen debate sobre estos asuntos y los que derivan de ellos, como la devaluación interna y el desastre social que conlleva, es inevitable, además de aconsejable. Pero es ilusorio pesar que un partido como el PP, cuya dirigencia está siendo investigada por cobrar una parte de sus ingresos en negro y dedicarse además a cobrar comisiones por todo tipo de decisiones tomadas desde distintos ámbitos de gobierno que controla, pueda aportar otra cosa que más sumisión al entorno financiero y el consuelo de que cada día falta un día menos para salir de la crisis.

¿Quién puede creer que un gobierno formado por un partido en esta situación va a cuidarse de que aflore el 25% de la economía sumergida? No, lo que de verdad interesa y ocupa ahora mismo a esta dirigencia es salvarse de la quema con que les amenazan los múltiples incendios que les acorralan. Se llaman Gürtel, Bárcenas, etcétera.

Lo que de verdad interesa y ocupa ahora mismo a esta dirigencia es salvarse de la quema con que les amenazan los múltiples incendios que les acorralan. Se llaman Gürtel, Bárcenas

Todo esto no impide, sin embargo, que un debate parlamentario como el de hoy deba ocuparse también de otros asuntos y, en particular, de la otra crisis que la agita desde hace cuatro años, la constitucional. La económica no es la única enfermedad que padece actualmente España. De los 47 millones de habitantes del Estado español hay en Cataluña en torno a tres y medio que quieren dejar de ser ciudadanos de este Estado. Eso es lo que indican una y otra vez los sondeos de opinión. Se dice rápido, pero si se para a pensar, estremece. Hay 3,5 millones de personas que declaran sostenidamente que, si se les presenta la ocasión, dejarán de ser ciudadanos del Estado español. Si esto no es una crisis ¿qué es? Es, por lo menos, una moción de censura total para la política que en los últimos años se ha seguido para con Cataluña.

Resulta que esta es, además, una crisis anunciada. Expresa el surgimiento de la desafección hacia España advertido en su día, en 2009, por el entonces presidente de la Generalitat, José Montilla, para el caso de que se impusiera la política del PP para Cataluña. La política diseñada por los Trillo, Arenas, Sáez de Santamaría, etcétera, para segarle a Zapatero la hierba bajo los pies en Madrid, Andalucía y las Castillas, contando con su influencia en el Tribunal Constitucional. Esta política triunfó, el Tribunal Constitucional la constitucionalizó, lo pactado en 2006 por el Parlament con las Cortes y refrendado por los ciudadanos de Cataluña quedó en 2010 fuera de la Constitución, y la advertencia de Montilla comenzó a materializarse.

Lo que tenemos ahora es que estos 3,5 millones de ciudadanos que quieren serlo de Cataluña y no de España no llegan al 10% del total español, pero no son pocos y vienen a ser aproximadamente la mitad de la población de Cataluña, que es mucho. Y por si no no bastara, además de este 50% hay otro 20% o 25%, más o menos, que está claramente a favor de que se modifique el actual estatus constitucional de Cataluña en el sentido de aumentar su autogobierno.

La manera en que el Gobierno de Rajoy ha afrontado esta crisis no es precisamente brillante. Consiste en pretender que la fórmula para evitar que estos 3,5 millones de electores digan que quieren dejar de ser ciudadanos del Estado español para serlo de un estado catalán sea no preguntárselo. Y ya está. Problema resuelto. Llegados a este punto, lo lógico sería que en un debate general como el que hoy empieza en el Congreso se buscaran fórmulas para desatascar una situación que si sigue como va solo puede tender a empeorar. Lo de votar otra vez que nacionalismo catalán es el malo de la película quizá guste a Rosa Díaz y sus amigos, pero no resuelve nada.