Alaya pide a la Junta datos sobre las cuentas de empresas públicas

La juez de los ERE, Mercedes Alaya, vuelve a apuntar a todo el Consejo de Gobierno de la Junta. Esta vez lo hace asumiendo una denuncia del PP, personado en la causa como acusación particular, según la cual todo el Gobierno andaluz tuvo conocimiento entre 2005 y 2007 “del uso perverso” que las distintas consejerías hacían de las transferencias de financiación, el procedimiento por el que se daban las ayudas a las empresas en crisis y que, según Alaya, se diseñó para sortear los controles de la Intervención general.

En un auto firmado el 7 de febrero, la juez pide a la secretaría del Consejo de Gobierno que, “de manera inmediata”, le remita los expedientes “completos, indexados y foliados” de dos acuerdos del Consejo de Gobierno, uno de abril de 2005 y otro de mayo de 2007, con los que el Ejecutivo andaluz, entonces presidido por Manuel Chaves, aprobó los programas de control financiero para las empresas públicas.

La juez pide también a la Intervención General que le envíe todos los informes que haya elevado desde 2001 a la Consejería de Economía y Hacienda. Además, le insta a que acredite que esos informes se remitieron al consejero de turno (desde 2001, Magdalena Álvarez, José Salgueiro, José Antonio Griñán y Carmen Martínez Aguayo). Alaya apoya su decisión en una petición formulada por el PP que aludía, sobre todo, al papel de Grinán, consejero entre 2005 y 2007, quien, según los populares, “puso en conocimiento” de todo el Consejo de Gobierno varios informes en los que se constata la existencia de “irregularidades” en el tratamiento contable que hicieron las empresas públicas sobre las transferencias de financiación.

La magistrada pide dos acuerdos del Consejo de Gobierno

La juez advierte de que el PP ha obtenido a través del caso Invercaria esos documentos que pueden demostrar el conocimiento previo de Griñán y a través de él, de todo el Gobierno, sobre las supuestas irregularidades cometidas por las distintas consejerías. Esos informes, según Alaya, tienen información “muy significativa”, pero no constan en las actas del Consejo de Gobierno que la Junta le remitió y que, asegura la juez, “no pasan de ser meros índices”.

En el mismo auto, en el que la juez da cuenta de su decisión sobre distintas peticiones formuladas por los abogados y acusaciones personados en la causa, Alaya apunta también ahora al vicepresidente de la Junta, Diego Valderas (IU), que es aforado, por lo que la juez no es competente para investigarle.

Alaya admite que, de momento, no hay indicios contra Valderas, pero ordena a la Guardia Civil que investigue su supuesta mediación para la concesión de ayudas, que en teoría se cargaron al fondo de los ERE.

El auto de la juez responde a un escrito presentado por el abogado del principal imputado por el fraude de los ERE, Francisco Javier Guerrero, ex director general Trabajo de la Junta. En su escrito, el abogado Fernando de Pablo señalaba que, a lo largo de la investigación, se ha cuestionado “la carencia de publicidad, solicitud, ejecución y justificación” en la concesión de ayudas. Para rebatir esta supuesta falta de transparencia, el letrado añadía, “a modo de ejemplo”, que en los inicios del fondo de los ERE fueron concedidas varias ayudas en las que “intervinieron muy activamente” Valderas y el Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), Fernando Rodríguez Villalobos, por lo que solicitaba la declaración de ambos “con el fin de acreditar la solvencia de dichas ayudas”.

Las ayudas a las que alude el abogado de Guerrero son las del programa de la Diputación provincial Sevilla Son Sus Pueblos (otorgada a través de la empresa instrumental Sevilla Siglo XXI) y las concedidas a las empresas Autologística de Andalucía S. A., Roda Textil y Centro Limpieza Industrial Huévar. Cuando se otorgaron estas ayudas, Valderas ni siquiera era diputado en el Parlamento andaluz pero, según el escrito de Guerrero, tuvo una participación “activa” para conseguir que esas empresas se beneficiaran de las ayudas.

El vicepresidente de la Junta mostró ayer su sorpresa por la decisión de Alaya y recordó que entre 2004 y 2008, el periodo en el que se concedieron las ayudas a las que alude la juez, no estaba en la Cámara. Valderas aseguró no conocer las dos empresas con las que Javier Guerrero le vincula y negó cualquier mediación suya para relacionada con el fondo de los ERE.

El presidente de la Diputación, por su parte, admitió la concesión de una subvención de 90.000 euros concedida en 2003 por la Dirección General de Trabajo a la sociedad Sevilla Siglo XXI para la muestra Sevilla son sus Pueblos. Pero Villalobos defendió “legalidad en la petición, ejecución y justificación” y aseguró que la ayuda “fue aplicada en su totalidad” para el programa para el que fue concedido.