Alaya imputa a José María Ruiz-Mateos

La juez Mercedes Alaya ha imputado en el caso de los ERE al empresario José María Ruiz-Mateos y a su hijo Zoilo como máximos responsables de la consecución de ayudas de la Junta para el grupo Nueva Rumasa que la magistrada considera fraudulentas. Padre e hijo, según Alaya, eran quienes “en última instancia tomaban las decisiones” de todo lo que se hacía en sus empresas y participaron, “junto con otros miembros de la familia Ruiz-Mateos”, en la inclusión de intrusos en distintos ERE del grupo, entre ellos, en los que se llevaron a cabo en el hotel Cervantes (Europa Center), en la empresa Dhul y en la bodega Bellavista.

En un auto firmado el 7 de enero, la juez Alaya acusa al patriarca de los Ruiz-Mateos y a su hijo Zoilo de hacer valer sus “influencias” en la Junta para conseguir financiación para los ERE de sus empresas. Con este propósito contaron también con la ayuda de Juan Lanzas, considerado uno de los cerebros del fraude, y que, según Alaya, actuó para los Ruiz-Mateos como “conseguidor” de subvenciones a cambio de una comisión de 600.000 euros por ERE. Según un informe de la UCO (Unidad central Operativa de la Guardia Civil), Lanzas exigía los cobros en b y en billetes de 500 euros y los recibía en entregas quincenales o mensuales de entre 20.000 y 25.0000 euros.

La juez presenta la imputación del empresario gaditano como consecuencia inexcusable tras las declaraciones prestadas en enero en su juzgado por el exdirector de la división hotelera de Nueva Rumasa, Carlos Miranda Bacciriani, y los directivos del grupo Javier Espinosa y Javier Bertola. El primero de ellos contó a la juez que conocía a Lanzas porque se lo presentó José María Ruiz-Mateos. Le dijo que era “un colaborador” y admitió que en una ocasión le entregó un sobre, cuyo contenido no supo precisar. Miranda Bacciriani sostuvo que la relación entre los Ruiz-Mateos y Lanzas era cercana y aseguró que el conseguidor pasaba sus vacaciones de forma gratuita en el hotel Cervantes por orden del empresario.

Para Alaya, Lanzas actuó para los Ruiz-Mateos como “conseguidor” de subvenciones

El cabeza de familia y su hijo Zoilo están llamados a declarar ante Alaya el próximo 5 de marzo. Ambos se unen así a la causa en la que ya está imputados otros dos hijos de José María Ruiz-Mateos, Pablo y Javier, que declararon el 31 de enero en los juzgados y descargaron también en su padre toda la responsabilidad de las decisiones que se toman en las empresas del grupo. Los dos admitieron que Lanzas colaboraba con Nueva Rumasa, pero aseguraron no saber nada de los pagos que supuestamente recibía por sus gestiones. La juez les imputó un delito de malversación de caudales públicos por el que Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se les imponga a cada uno de ellos una fianza de responsabilidad civil de algo más de 8,5 millones de euros.

En otro auto difundido este lunes, la instructora del caso de los ERE ahonda en la investigación general a la que ha decidido someter a los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Y lo hace extendiendo el foco más allá del ámbito andaluz. En respuesta a un atestado de la UCO sobre el papel en los ERE de varias asociaciones vinculadas a las centrales, la juez ha optado por pedir a la Oficina Pública de Depósito de Estatutos (dependiente del Ministerio de Empleo) que le remita la información que tenga sobre todas las asociaciones, federaciones y confederaciones constituidas por UGT y CC OO, “bien de ámbito estatal o de ámbito autonómico andaluz”.

Alaya ha pedido también las cuentas completas desde 2001 hasta 2012 de las consultoras de los sindicatos: por parte de Comisiones, Atlantis Asesores y Atlantis Correduría de Seguros y Consultora Actuarial; y por UGT, ITG y Temiqui. La juez ordena, además, cursar una petición a la Agencia Tributaria para que informe sobre las declaraciones presentadas esos años por estas sociedades y otra a la tesorería de la Seguridad Social para que remita la vida laboral de las cuatro asociaciones.

Este es otro paso más que da la magistrada en el cerco sobre los sindicatos, a los que desde hace casi un año puso en el punto de mira al acusarles de percibir comisiones ilegales en los ERE, unos cobros que ha cifrado en más de siete millones de euros. Las dos centrales sostienen que el dinero que percibieron por su mediación en los expedientes de regulación es legal y que se fundamente en las tareas de asesoramiento que han realizado a los trabajadores en los despidos colectivos.

En otro auto conocido este lunes, Alaya impuso una fianza civil de 593.306 euros a Juan Antonio Caravaca, secretario de la Federación de Industria de CC OO de Sevilla, por la inclusión de dos intrusos entre los 11 prejubilados de la empresa Calderinox, cantidad de la que responderá su sindicato, informa Efe.

Caravaca, según la juez Alaya, contribuyó a la inclusión en el ERE de Calderinox de dos personas que nunca habían trabajado en esa empresa: Antonio Fernández Garzón, militante del sindicato, y Juan Rodríguez Cordobés, quien fue delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla entre 1999 y 2000.

Las ayudas para Calderinox consistían en una percepción económica, dado que se adeudaban nóminas, y un plan de prejubilación para los trabajadores de mayor edad, compromisos que adquirieron Caravaca junto con los ya imputados Antonio Rivas, ex delegado de Empleo en Sevilla, y Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo.

El auto añade que el 6 de marzo de 2008 se formalizó el Convenio de Colaboración entre la Dirección General de Trabajo y la agencia Idea por el que se estableció el otorgamiento de ayudas a los extrabajadores y se abonó una subvención a la Federación Minerometalúrgica de CC OO en Andalucía de 432.728 euros. Esa cantidad, según la juez, fue duplicada en la solicitud “sin ningún tipo de justificación”.

Además, Alaya ha decidido devolver el DNI que retiró como medida cautelar al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, que pudo abandonar la cárcel en agosto de 2012 tras pagar una fianza de 450.000 euros, informa Europa Press. En el auto notificado hoy, Alaya estima la petición realizada por el abogado del exconsejero, a la que no se opuso la Fiscalía Anticorrupción, que consideró “suficiente” la retirada del pasaporte. La juez también permite que Fernández comparezca solo una vez al mes en el juzgado, en vez de hacerlo cada semana, como ocurría hasta ahora.