Enseñanza defenderá ante el TSJC que el castellano no está excluido de las aulas

La Generalitat defenderá ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el buen funcionamiento del modelo de escuela catalana por los resultados académicos y quiere acabar con las afirmaciones de que el castellano está excluido en las aulas. Así lo ha avanzado este jueves la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, en el Parlament, un día antes de que el Gobierno catalán presente los recursos contra los últimos cinco autos del TSJC conocidos el viernes pasado en que se fija un 25% mínimo de clases en castellano en el aula cuando un alumno lo pida.

Una de las líneas que quiere defender Enseñanza es la idea equivocada de que en las escuelas solo se usa el catalán. Rigau echó manos de las estadísticas y explicó que en el curso actual hay un 14% de los centros educativos que imparten materias en castellano, a parte de la asignatura de lenguas. Concretamente, son 332 escuelas de Primaria y 127 institutos de todo el territorio catalán. “El castellano no es residual en las aulas”, sentenció Rigau.

Enseñanza también se apoyará en la Ley de Educación de Cataluña (LEC) para defender que en esta polémica lingüística lo importante es el resultado final. “Mostraremos datos del rendimiento escolar”, aseguró Rigau, que insiste en que al final de la etapa educativa obligatoria los alumnos tienen el mismo conocimiento de las dos lenguas cooficiales. “El bilingüismo se demuestra hablando y escribiendo, no haciendo el 50% de las clases en cada lengua”, remachó Rigau, a la vez que defendió que el peso de las lenguas debe hacerse a medida de cada centro según su realidad sociolingüística.

Finalmente, Rigau reprochó al TSJC que le pida aplicar este porcentaje mínimo cuando todavía no hay sentencias firmes de instancias superiores. La Generalitat recurrió ante el Constitucional la decisión del Supremo de considerar insuficiente la atención individualizada.

Este viernes se acaba el plazo de presentación de los recursos a los autos, que como novedad, aparte de fijar el mínimo del 25%, es que señala a los directores de los colegios como responsables de acatar las resoluciones judiciales y les da un mes para hacerlo. Los autos afectan a ocho alumnos de cinco centros, de los cuales cuatro son concertados y uno público.

Rigau protagonizó una agrio debate en el Parlament con la diputada del PP María José García Cuevas. Esta acusó a la consejera de estar “retrasando la aplicación de la legalidad”, en referencia a las diferentes sentencias que obligan a que el castellano también sea lengua vehicular en las escuelas. Durante la sesión la diputada elevó el tono y llegó a asegurar que “la inmersión lingüística no es un modelo de cohesión sino de resignación social, que discrimina a los que hablan castellano, que son tratados como extranjeros en su país”. Rigau lamentó la afirmación y le reprochó que “no defienda los derechos de escolarización de la misma forma en Valencia, donde se está negando la líneas en catalán que muchas familias han pedido”.

El 14% de centros educativos ya incrementan la presencia de castellano en las aulas

Por su parte, Convivencia Cívica Catalana, entidad que gestiona las peticiones de familias que piden la escolarización en castellano, ha presentado este jueves 151 instancias con esta demanda, correspondientes a unos 155 alumnos, ante el Departamento de Enseñanza. La entidad interpreta que a raíz de los últimos autos del TSJC se producirá un “aluvión de peticiones”. Rigau rechaza esta interpretación y asegura que muchas de las instancias están fechadas en septiembre y octubre y asegura que muchas no son válidas porque los datos son incompletos o porque hacen referencia a etapas educativas no obligatorias, como guarderías o universidad. La consejera aseguró que a las peticiones válidas se les dará la respuesta “tradicional”, que es que el actual sistema es el que garantiza el conocimiento de las dos lenguas.