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Una mafia empresarial a la caza de contratas municipales

La juez levanta el secreto de sumario de la mayor trama de corrupción en Galicia

Las sospechas de sobornos y amaños de concursos salpican a más de 100 imputados

La documentación del caso Pokémon
La documentación del caso Pokémon EFE

Se citaban en lugares apartados, en las afueras de las ciudades, en ocasiones dando rodeos laberínticos e incluso protegiéndose con sistemas de contravigilancia. Eran tan conscientes de que sus teléfonos podían estar intervenidos que hablaban con extrañas claves y se referían a sus contactos con motes como Cachas negras, Ojo de lince, El gordito, El padrino, El cura, El Pulpo, Pijolandia, El birollo... Al dinero destinado a los sobornos que enviaban a través de Seur se referían como “pintura”, “botes”, “prensa deportiva” o “quesos”. El modo de actuar del grupo empresarial Vendex, el eje de la Operación Pokémon, para captar contratos de algunos de los principales Ayuntamientos de Galicia, era similar al de las “organizaciones criminales del narcotráfico o el blanqueo”, según un informe del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), que pinchó sus teléfonos, les hizo seguimientos y captó fotografías y vídeos, ahora tampoco bajo secreto, de sus habituales contactos con políticos.

La apertura de buena parte del mayor sumario por corrupción instruido nunca en Galicia, por el que la juez de Lugo Pilar de Lara ha imputado a un centenar de personas —directivos del grupo empresarial, políticos y funcionarios— confirma las graves acusaciones contra los gobiernos municipales del PSOE en Lugo y Ourense y del PP en Santiago y A Coruña. Los peor parados son el alcalde lucense, Xosé López Orozco, y el exregidor de Ourense, Francisco Rodríguez. Aduanas deduce, de diversos testimonios, que Orozco presuntamente recibió de Vendex sobres mensuales de 2.000 euros. En conversaciones intervenidas, directivos del grupo aseguran que compraron un reloj Rolex de 6.000 euros para el exalcalde ourensano. Los pinchazos arrojan también graves sospechas de que supuestamente se amañaron concursos públicos en Ourense y que se preparaban maniobras similares en Santiago. Pero además de los imputados, los directivos de Vendex alardean en sus conversaciones de los supuestos contactos mantenidos con otros políticos como el alcalde de A Coruña, Carlos Negreira; el exregidor de esa ciudad Francisco Vázquez (El Embajador) o el portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro (El Chino), del que el delegado del entramado de empresas en Galicia, José María Tutor, dice que tiene que “empezarse a relajar”.

En el universo Pokémon, a caballo entre las dos orillas, como un puente que une el mundo de los cazadores de contratas y los políticos que supuestamente se venden a la trama mafiosa (por paquetes de dinero de algo menos de un kilo a través de Seur), los informes de los investigadores sitúan a Francisco Félix Fernández Liñares. Este es el cromo de la colección que durante más tiempo (casi desde el mismo momento en que estalló la Operación Carioca contra la prostitución) persiguió la juez De Lara. Mano izquierda de Orozco, concejal omnipotente de Economía, Urbanismo y Seguridad Ciudadana, fue aupado después por el Gobierno socialista a un cargo que se estrenaba, el de presidente de la Confederación Miño-Sil.

A lo largo de los 26 tomos del sumario que ayer dejaron de ser secretos, el hombre pequeño y calvo al que la trama se refiere como Tkachenko o Garbancito, se ve presuntamente involucrado en los cobros de mordidas tanto siendo edil como responsable de la suerte de los ríos gallegos. Su supuesto testaferro, hombre fiel durante media vida, Javier Reguera (propietario del solar y el local del prostíbulo Queen’s, nido de la Carioca), según un testigo llega a alabar en un momento dado su integridad: “Mira, fue honrado, se marchó a la Confederación y ahora dice que ya no quiere cobrar más porque se va”. Pero lo que creen los agentes de Aduanas es que, después, siguió recibiendo los “palés” de “pintura”.

En su etapa municipal, Liñares aparece descrito como controlador de todas las contratas municipales, empezando por la de la grúa, que ya en el año 2000, como si fuese su empresa particular, acude a rescatarlo tras un accidente en ruta. A los pocos días, se libró de pagar los arreglos del taller de coches, por un valor de casi millón y medio de pesetas, falseando la factura del chapista: según los investigadores, cambió sobre el papel la matrícula de su Nissan Primera por la de una grúa plataforma. Reguera es la sombra de Liñares y a la vez empleado de José María Tutor, el jefe en Galicia de Vendex (el grupo de empresas que controla desde Madrid Gervasio Rolando Rodríguez Acosta). Antes incluso de llegar a Lugo Doal, la empresa de la ORA de Vendex, Reguera, encargado de la firma de la competencia, llevaba coche y móvil de la primera firma, según refiere el sumario. Y en aquel momento también Tutor, desde la distancia, fue mentor, a través de Reguera y Liñares, del convenio laboral de la plantilla de la empresa de la grúa, Cechalva, que no era de Vendex. Así lo describe uno de los primeros testigos, exsocio de esta concesionaria, que dio además a la juez las primeras pistas sobre los supuestos pagos en negro al alcalde.

Cuando la trama habla de “tomar un agua” es que va a quedar con el presidente de la Confederación. Reguera habla a diario con Garbancito. En el momento en que empiezan a sentir que los persiguen, deciden entenderse en clave, lanzar por teléfono mensajes equívocos para despistar, citarse en coches después de tomar “mil tipos de cautelas”, con extrañas maniobras y muchas vueltas. Pero no se resistían a seguir con los pagos y los cobros. A finales de 2011, cuando Liñares ya esperaba su cese en la Confederación, desplegó una actividad frenética para dejar amañados, supuestamente, contratos con diversas empresas amigas. Así habría utilizado a sus hijos como testaferros en varios negocios, y favorecido a otro de sus fieles en Lugo, Manuel Santiso (socio en varios frentes de Reguera), convocando incluso un concurso en el que las dos firmas perdedoras estaban conchabadas. También habría apurado dos obras según los deseos de Orozco en Lugo, y concedió por 227.210 euros trabajos en ríos de Ourense y Pontevedra al dueño de una empresa de reforestación que, a cambio, según los investigadores, le plantó 4.000 eucaliptos en un par de fincas de su propiedad.

 

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