Es política, no pedagogía

Ayer seguro que llegaron a Barcelona muchos visitantes extranjeros que no habían estado nunca en esta ciudad y, aunque hubieran estado otras veces, desconocían el régimen jurídico de las lenguas en Cataluña. Al pasear por las calles, subir a un transporte público o tomar una copa en un bar, pudieron comprobar que los ciudadanos se expresaban indistintamente, con toda normalidad y sin conflicto alguno, en catalán y en castellano. ¡Qué facilidad para cambiar de lengua sin ni siquiera pensarlo!, quizás comentaron.

Pero si a estos visitantes les explicaran que la consejera de Enseñanza del Gobierno autónomo catalán no cumple repetidamente ni la ley ni las sentencias porque se opone a que en la escuela se enseñe en castellano, a excepción de la asignatura de Lengua Española, no entenderían nada. ¿Cómo una sociedad tan amable y tolerante, tan dispuesta a cambiar de lengua porque considera que un idioma es ante todo un medio para entenderse y no para enfrentarse, tiene unos gobernantes tan intransigentes y cerriles? Lo que es habitual en la calle, en las familias, entre amigos, está prohibido en escuelas e institutos: el visitante se quedaría asombrado. ¡Qué gente más rara!

Realmente todo es muy raro. Por varias razones. La primera, porque desde hace años es imposible discrepar en algo sobre este tema sin que te descalifiquen: “¡Eres un anticatalán!”. “Bueno, pero si yo simplemente digo que hay que aprender las dos lenguas, que esto del bilingüismo despeja las mentes, está probado…”. “Eres un anticatalán”. No hay diálogo, hay un muro.

Una segunda rareza es el incumplimiento sistemático de la Constitución, el estatuto, las leyes y las sentencias. El Parlamento catalán aprobó una buena primera ley bilingüista en 1983. Al poco ya se incumplía. Por fin, en 1994 una sentencia del TC sentó la doctrina que han aplicado los autos de ayer: el catalán es el centro de gravedad del modelo, pero el castellano no debe ser excluido como lengua vehicular. Una prudente doctrina sin duda protectora del catalán. Han pasado 20 años, con sentencias, leyes, autos, más sentencias: las autoridades catalanas ni caso, las españolas pasando. ¡Un mínimo del 25% lectivo y otra asignatura además de la lengua castellana! Ni eso, no admiten ni eso.

Además hay hipocresía. La normativa no se cumple. En muchas escuelas concertadas y privadas, incluso públicas, se utilizan ambas lenguas. Una ley es arbitraria cuando solo se cumple cuando conviene. La ley no es monolingüista por principio, por supuesto político: no puede admitirse que el castellano sea “también” una lengua oficial de Cataluña porque en el imaginario nacionalista es la lengua de los invasores, se impuso por una “violencia antigua”, como dijo Jordi Pujol hace unos años. Con la lengua en la escuela se hace política, no pedagogía, se quiere inculcar a los catalanes la idea de que en Cataluña solo hay una lengua. Y se está consiguiendo.

Francesc de Carreras es catedrático de Derecho Constitucional en la Autónoma de Barcelona.