La ACA no podrá invertir hasta 2017 si no refinancia su deuda

La Agencia Catalana del Agua (ACA) aún no sabe si la Generalitat reprivatizará todas las depuradoras existentes en Cataluña, un plan que el Gobierno catalán mantiene en fase de estudio para enjugar déficit. Lo que sí sabe es que no tiene los recursos necesarios para efectuar las inversiones pendientes y que eso seguirá así al menos hasta 2017 o 2018. El director general de la ACA, Jordi Agustí, aseguró ayer que la entidad podría hacer inversiones antes, pero siempre y cuando refinancie parte de su deuda, de mil millones de euros.

Y eso es lo que quiere hacer Agustí. "Buscamos mecanismos para reformular la refinanciación", aseguró ayer. Fuentes financieras implicadas en un crédito sindicado de 500 millones de euros pactado en 2012 negaron que se haya iniciado ningún tipo de negociaciones. El director general dio por hecho que "tenemos cierta capacidad renegociadora", al haber hecho grandes amortizaciones de capital en los últimos años, como reclamaba la banca. En los últimos tres años ha logrado reducir la deuda en unos 360 millones de euros e, incluso, darle la vuelta al resultado neto de la agencia para pasar de las pérdidas a los beneficios.

Eso sí, a causa de la presión de la banca por la abultada deuda se han frenado en seco las inversiones en los últimos años y cada vez son más necesarias. Según los datos ofrecidos por Agustí, la ACA tiene pendientes unas 1.000 actuaciones — construcción de depuradoras pendientes y otros sistemas más básicos— para completar el Programa de Saneamiento de Aguas Residuales Urbanas (PSARU). Para llevarlo a cabo, es necesaria una inversión de alrededor de 600 millones de euros, a los que se tendrían que sumar otros 200 millones para actualizar las 453 depuradoras ya activas. La dirección de la ACA revisará el PSARU para reducir el número de actuaciones y hacerlo más asumible, después de haber asegurado la cobertura del 96% de nueve millones de clientes.

Más allá de que salga adelante la privatización de depuradoras, Agustí anunció su intención de simplificar la legislación sobre agua. Actualmente la titularidad de las instalaciones de saneamiento recae sobre los municipios pero es la Generalitat la que legisla, elabora los planes hídricos y gestiona los recursos de las depuradoras. La intención es que el Gobierno catalán lo controle todo.