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Ex altos cargos señalan a Presidencia por los contratos con la trama Gürtel

El exconsejero Rosado pide que se anulen sus declaraciones como testigo en la pieza cinco

El exconsejero Luis Rosado (izquierda), a su salida del TSJ tras declarar como imputado en el 'caso Gürtel'.
El exconsejero Luis Rosado (izquierda), a su salida del TSJ tras declarar como imputado en el 'caso Gürtel'.

Ni conocía a Álvaro Pérez, El Bigotes. Ni sus pujantes negocios. Pero acató sin rechistar una orden “de Presidencia” para contratar al jefe de la franquicia valenciana de la red Gürtel. El exconsejero de Sanidad (2011-2012) Luis Rosado reprodujo este lunes como un mantra este impreciso argumento durante su declaración como imputado ante el juez José Ceres, que desgrana en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano decenas de contratos adjudicados a dedo a la red corrupta pilotada por Francisco Correa.

Su tesis abonó una singular estrategia de defensa compartida por el resto de imputados de la pieza cinco del caso: disparar por elevación sin poner nombre ni apellidos al autor intelectual de las contrataciones, exculparse mutuamente y señalar a Presidencia de la Generalitat, la nave de mando que entonces pilotaba Francisco Camps.

El juez interrogó este lunes a Rosado por su paso en 2008 por la dirección general de la Agencia Valenciana de Salud, cuando firmó uno de los cuatro contratos bajo sospecha para la presentación de la ampliación del Hospital Clínico de Valencia y la elaboración de un vídeo. Un trabajo que costó 47.178 euros. Y fue troceado siguiendo el esquema de actuación de Correa. Cuatro direcciones generales de Sanidad asumen cuatro facturas de menos de 12.020 euros, el tope para sortear el concurso público. El objetivo fue premiar a la filial valenciana de la trama, Orange Market, y a las firmas satélite, Easy Concept y Diseño Asimétrico, según la investigación y la Intervención General del Estado

El exconsejero firmó un contrato con la trama por un vídeo y una presentación

Ante la vehemencia de la acusación popular que ejerce el PSPV y la fiscalía, Rosado sugirió ayer que la factura de El Bigotes le llegó de la Dirección General de Promoción Institucional, un área adscrita a Presidencia. No citó por su nombre a su entonces titular, Dora Ibars, quien —a su vez— declaró en diciembre haber contratado a El Bigotes por indicación de la entonces secretaria autonómica Paula Sánchez de León. Otro de los altos cargos de Presidencia a las órdenes de Camps.

Rosado incluso exculpó a su jefe en 2008, el entonces consejero Manuel Cervera, que sostuvo como imputado en noviembre que solo cumplía órdenes. De Presidencia, dijo también.

Ceres anunció que volverán a declarar como imputados en esta pieza —la quinta de un total de seis— el exsubsecretario de Sanidad Rafael Peset; el exdirector de la sociedad pública Castelló Cultural, Vicente Farnós; y la apoderada de Orange Market Mónica Magariños.

Este lunes quedó claro que los imputados apuntan cada vez más hacia Presidencia de la Generalitat como el origen de los contratos con la trama Gürtel. Y todo ello mientras se consolidan los indicios. El juez considera a Rosado “cooperador necesario” y le imputa los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad en documento público.

El importe fue troceado en cuatro facturas para sortear el concurso

Ante este escenario, su defensa solicitó sin éxito la anulación de sus dos declaraciones anteriores como testigo. Entonces, estaba obligado a decir la verdad. Ceres se negó tras escuchar a la acusación popular y la fiscalía. Fuentes jurídicas atribuyen la petición al temor del exconsejero de haber revelado algún dato que pueda incriminarle.

Idénticas dudas y titubeos a los mostrados por Rosado, hoy jefe de Servicio del Hospital General de Alicante, planearon en las declaraciones como imputados de los entonces directores generales de Sanidad María Pilar Ripoll (Atención al Paciente) y José Clérigues (Farmacia). Coincidieron en que las órdenes llegaban “de arriba”. Y que recurrir a la caja fija de sus departamentos, un sistema utilizado para gestiones diarias de pequeño importe, “no era habitual” en el abono de facturas.

La investigación apunta que Ripoll pagó por este procedimiento 11.542 a Easy Concept. Y Clérigues tiró de un programa presupuestario farmacéutico para pagar 11.832 euros a Diseño Asimétrico por la contratación de unas azafatas y publicidad. El acto de presentación de la ampliación del Hospital Clínico de Valencia estuvo protagonizado por el máximo responsable de Presidencia, Francisco Camps. El lugar del que partían las indicaciones.