Madrid da marcha atrás a la privatización sanitaria tras el último revés judicial

El Gobierno madrileño (PP) se rinde. El mayor plan de privatización de la gestión de la sanidad pública jamás diseñado en España ha quedado desactivado este lunes después de que el presidente madrileño, Ignacio González, anunciara que renuncia a seguir adelante con él. Al menos de momento, ya que no descartó hacerlo en un futuro, por más que dentro del Partido Popular considerasen la posibilidad “más que remota”.

La dimisión de Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Sanidad desde marzo de 2010, se interpreta de hecho como la renuncia definitiva a los planes de privatización a cuatro meses de las elecciones europeas y a menos de año y medio de las autonómicas y municipales de 2015. Lasquetty será sustituido por el médico Javier Rodríguez Rodríguez, actual portavoz de Sanidad del PP en la Asamblea de Madrid. Rodríguez es catedrático de Patología General y jefe de la Unidad de Hipertensión del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Este martes tomará posesión en la sede del Gobierno regional.

Fue, en última instancia, un revés judicial el que precipitó la decisión de acabar con un plan que incluía el paso a manos privadas de seis hospitales públicos inaugurados en 2008 ( (Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, Del Henares, Del Sureste y del Tajo), afectaba a unos 5.000 trabajadores sanitarios y cambiaba la gestión de sus problemas de salud a 1,2 millones de madrileños. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acordaba ayer mantener la suspensión cautelar que pesa sobre el proceso desde septiembre. Horas después, González claudicaba definitivamente tras meses de incertidumbre... Y sin reconocer que era un nuevo fiasco al Ejecutivo madrileño tras el reciente de Eurovegas. “En absoluto es un fracaso”, negó González. “Este proceso ha abierto un debate que ha servido para concienciar a la sociedad, ha sido bueno para que trabajemos juntos para reducir gastos sin perder prestaciones”, llegó a argumentar.

A nadie se le escapa, sin embargo, que la inminencia de las elecciones europeas y regionales tiene que haber pesado a la hora de decidir seguir adelante con un proyecto político que le ha costado al Gobierno regional una huelga sanitaria como no se recordaba en años y manifestaciones con decenas de miles de ciudadanos protestando en las calles. Dentro del propio Partido Popular de Madrid se ha discutido, según fuentes internas, sobre si era conveniente volver a incendiar hospitales, centros de salud y a la ciudadanía en general perseverando en un proyecto que nunca ha tenido un solo apoyo fuera de los despachos del Gobierno de González. El Ejecutivo de Mariano Rajoy se cuidó mucho de darle su bendición explícita en público, y otras comunidades del PP con proyectos parecidos pero de menor envergadura renunciaron hace meses.

Pese a la variable electoral, González ha explicado su decisión en términos estrictamente judiciales y, según dijo, de “incertidumbre”. “No parece razonable que llevemos casi ocho meses sin tener definida esa medida cautelar generando una incertidumbre y falta de seguridad que no podemos seguir manteniendo”, argumentó. El presidente, que compareció junto al ya exconsejero Lasquetty, ambos con semblante grave, aseguró que el modelo de privatización que pretendían ampliar a seis hospitales de gestión pública ya es efectivo en otros cuatro centros sanitarios.

Lasquetty declaró que se marcha por “rectitud y por sentido de la responsabilidad” al no haber podido llevar a cabo un proceso que volvió a defender como garantía de sostenibilidad económica. Dentro del PP cuestionan la estrategia “errónea” en la que cayó Lasquetty, exsecretario general de la Fundación Faes, el think tank neoliberal próximo al PP, al “ideologizar” el proceso privatizador. González rechazó ayer que así fuera: “Nunca hemos planteado esta medida como una medida puramente ideológica”, afirmó, por más que la Comunidad de Madrid nunca ofreció cifras claras del ahorro que pretendía conseguir.

El plan privatizador está suspendido cautelarmente desde septiembre, cuando la sección tercera del TSJM ordenó paralizar el proceso hasta poder entrar en el fondo del asunto. En su auto, este juzgado apuntaba a posibles irregularidades en la adjudicación, como una modificación de las condiciones del concurso solo cuatro días antes de que se cerrara el plazo, y a que los cambios en la gestión serían “irreversibles” si finalmente fallase contra el Gobierno regional. Un “inusual”, según fuentes jurídicas, movimiento dentro del TSJM dio un vuelco al proceso poco después. El entonces presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Gerardo Martínez Tristán, decidió elevar todos los asuntos relacionados con la privatización (siete recursos presentados por diferentes colectivos) al pleno de la Sala, bajo su presidencia. Fue una jugada que los socialistas intentaron parar recusando a Martínez Tristán por sus vínculos con el PP —está casado con una consejera del Gobierno de María Dolores de Cospedal, también exalto cargo de la Comunidad de Madrid y entonces estaba pendiente de los votos conservadores para entrar en el Consejo General del Poder Judicial—, pero que finalmente echaron atrás el medio centenar de magistrados del pleno, que acordaron devolver los asuntos a sus juzgados de origen. La sección tercera, como era previsible, no se ha contradicho a sí misma, y este lunes se ratificó en la suspensión cautelar.

Con el plan privatizador retirado, sin embargo, siguen quedando flecos y dudas por resolver. Los seis hospitales llegaron a adjudicarse en concurso público a tres empresas. No sin polémica, puesto que no hubo competencia real entre ellas —a cada una le interesaron centros distintos— y no rebajaron el precio inicialmente ofrecido por el Gobierno de González, cuestiones sobre las que alertó un informe de la Comisión Nacional de la Competencia en septiembre pasado. ¿Qué ocurrirá ahora con esas adjudicaciones? ¿Cómo se revertirán? ¿Pedirán algún tipo de compensación las empresas por los avales que suscribieron y con los que, presumiblemente, llevan perdiendo dinero todos estos meses? González no aclaró ninguna de estas cuestiones prácticas, pese a que se le preguntó por ello hasta tres veces. Tampoco las concesionarias quisieron, a llamadas de este diario, aclarar qué pasos darán.

A preguntas de los periodistas, González añadió que no se van a introducir más recortes en la sanidad madrileña como consecuencia de esta decisión de dejar sin efecto el proceso de privatización, aunque se "seguirán ajustando gastos". Tras la decisión de mantener en suspenso el procedimiento administrativo, la Justicia, ha recalcado el presidente regional, no se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión, es decir, sobre si es o no ajustado a la ley entregar a empresas privadas la gestión de centros sanitarios de titularidad pública.

Las cinco semanas de huelga indefinida de los médicos madrileños en protesta por el plan privatizador dejaron 50.000 consultas suspendidas y cerca de 6.500 operaciones aplazadas. La organización que lideró este paro, y que impulsó las sucesivas mareas blancas que llevaron la protesta al centro de la capital, fue la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM). Para malestar del PP, quienes encabezaron las protestas fueron médicos que reconocían formar parte de su electorado tradicional. Esos votantes, y las decisiones judiciales, han terminado por doblegar a la Comunidad de Madrid.

La privatización de seis hospitales públicos de la región fue el primer gran anuncio político de Ignacio González tras el abandono de Esperanza Aguirre de la presidencia madrileña. Ahora es también uno de sus más sonoros fracasos, lo que se añade al fiasco de Eurovegas, un proyecto con el que el Gobierno regional se comprometió de forma expresa y que se fue a pique a finales de año.