La Almoraima SA, un latifundio público que daba beneficios

Esos cerros que solo un mulo puede remontar con 100 kilos de corcho a cuestas eran rentables. Ese bello —y preciado, según parece— trozo del parque natural de Los Alcornocales daba beneficios. La Almoraima SA, la empresa pública propietaria de las más de 14.000 hectáreas de Castellar de La Frontera (Cádiz) que el Estado quiere vender por 300 millones, casi no conoció qué eran los números rojos entre 1993 y 2007. Según las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil, 2002 fue el mejor ejercicio para la finca: casi 1,9 millones de euros de beneficios después de impuestos. Pero aquello es ya pasado. Las cuentas de 2012, las últimas presentadas por la sociedad, arrojan pérdidas de 1,22 millones.

Los problemas del alcornoque son parte del origen del deterioro económico del latifundio, que comenzó en 2008 con medio millón de pérdidas. El corcho es la actividad económica más importante de La Almoraima, expropiada por el Gobierno en 1983 a José María Ruiz-Mateos. Representa, dependiendo del año, entre el 50% y el 60% de la cifra de negocios de la sociedad estatal.

Pero La Almoraima, como el resto de fincas de Los Alcornocales, está afectada por la seca, una enfermedad causada por un hongo que también daña las encinas. La principal consecuencia es una reducción de la cantidad de corcho que se extrae. El informe de gestión de La Almoraima de 2012 señala que la producción cayó "un 40% respecto a la misma saca de 2003". Los alcornoques se desvisten cada nueve años, de ahí la comparación entre las campañas de 2003 y 2012. Isabel Ugalde Ruiz de Assin, directora gerente de La Almoraima SA, sostiene que la producción ha descendido un 48% entre los años sesenta del siglo pasado y 2012.

Pese a esa caída tan pronunciada, las ventas de corcho en 2012 fueron similares a las del año anterior: 1,4 millones de euros en 2011 y 1,3 millones el siguiente ejercicio. ¿Cómo se logró? Con "la liquidación casi total de las existencias de corcho que figuraban al cierre de 2011" y con "la venta de la práctica totalidad de la producción de 2012", se indica en el informe de gestión. Esta operación incidió negativamente en las cuentas de la sociedad.

Los números rojos en la empresa pública —donde trabajan 100 personas— comenzaron en 2008. El récord negativo se batió en 2009, con 1,7 millones de pérdidas. Pero en el ejercicio 2011 se consiguió remontar el vuelo con 279.902 euros de beneficios. Ugalde dice que en 2013 habrá otra vez ganancias, pero no ofrece una cifra.

Como ocurre en la mayoría de explotaciones agrarias y ganaderas, uno de los elementos esenciales para cuadrar las cuentas en La Almoraima son las subvenciones europeas. Esta finca recibe anualmente unos 700.000 euros de ayudas comunitarias. También hubo problemas con este capítulo en 2012. Las subvenciones al algodón cayeron considerablemente al haberse estimado un año antes una producción superior a la que finalmente hubo.

Ugalde, exdiputada del PP, asumió la dirección de la finca en marzo de 2012 de la mano del ministro Miguel Arias Cañete. Su aterrizaje supuso un cambio en el perfil de gestión. Hasta entonces existía un apoderado —miembro del consejo de administración de la sociedad sin sueldo— y un director técnico. Ese último puesto lo habían ocupado trabajadores estatales: Juan Montoya (que estuvo al frente de La Almoraima 19 años) y Emilio Romero (director entre 2008 y 2012). Con la llegada de Ugalde, se creó la figura de "alta dirección", que ella ocupa, y fue designada también apoderada.

Ecologistas en Acción ha censurado la gestión de Ugalde y la señala como culpable de parte del déficit de la sociedad. Ha criticado su sueldo —que ella asegura que se corresponde con lo fijado por el Estado para los directivos de sociedades públicas— y sus "privilegios" —dispone de una suite en el hotel que hay en la finca—. "Claro que duermo en el hotel, lo puse como condición", replica la directora, quien explica que hace años tuvo un incidente con el coche y prefiere pernoctar en La Almoraima. Respecto al sueldo, en las cuentas de 2012 se afirma que la alta dirección percibió 50.076 euros.

Una supuesta incompatibilidad también ha generado polémica. En el informe de gestión se indica que ningún miembro del consejo de administración tiene participaciones en "sociedades con el mismo, análogo o complementario genero de actividad" que el de La Almoraima. Pero no ocurre así con la directora. Es la administradora y propietaria, junto a su marido, de Ugalsindex SL. En el Registro Mercantil figura que esta sociedad tiene como actividades la promoción inmobiliaria y "la explotación forestal y comercio al por mayor de corcho". Ugalde dice que la empresa lleva años prácticamente inactiva y que no ha tenido trato comercial con La Almoraima SA. Además, afirma que cuando iba a ser nombrada se le dijo que era compatible. Interrogado sobre este asunto, el Ministerio de Medio Ambiente no muestra reparos.

Cuando Ugalde entró a gestionar la finca encargó un plan de ordenación de usos para las cerca de 1.400 hectáreas de la finca que no están dentro del parque de Los Alcornocales. Ese plan —cuyo coste está entre los 100.000 y los 140.000 euros, según Ugalde— ha sido archivado por el Ayuntamiento de Castellar por defectos de forma y de fondo. La directora asegura que solo se ha abonado un primer pago (del 25% del proyecto) a la empresa Ejecución del Planeamiento, que lo ha redactado.

Este plan de usos —que prevé un hotel de lujo, un aeródromo y campos de golf— no parece que vaya a tener una vida muy larga. Fue concebido por la dirección de La Almoraima como un atractivo para la venta de la finca. Pero la Junta de Andalucía, que se opone a la privatización, contraatacó la semana pasada e inició la ampliación del parque de Los Alcornocales, donde se prohíben actividades como las proyectadas. Con la ampliación, además de quedar paralizada la tramitación del plan, se incluyen dentro del parque las 1.400 hectáreas que no estaban protegidas ahora.

Ugalde reconoce que el paso de la Junta hará que "posiblemente baje el precio". "Venderemos como finca rústica". Los 300 millones que pedía hasta ahora el ministerio suponían vender la hectárea a 21.000 euros. "Es lo que se pagaba en el parque de Los Alcornocales en 2005", apunta una fuente que conoce el sector. Ahora, se pagan entre 5.000 y 6.000 euros por cada hectárea.