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las 'vacaciones fiscales'

Bizkaia considera “desproporcionada” la multa de 50 millones

La Diputación recalca que no se tiene en cuenta "la situación de crisis e incertidumbre para las empresas en el momento en que se concedieron los incentivos ni en la actualidad"

La Diputación de Bizkaia ha considerado "excesiva y desproporcionada" la multa propuesta por la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE por las denominadas vacaciones fiscales, en la que no se ha tenido en cuenta "la situación de crisis e incertidumbre económica para las empresas en el momento en que se concedieron los incentivos ni en la actualidad".

La Diputación vizcaína se ha pronunciado en un comunicado sobre la recomendación de la abogada general Eleanor Sharpston de que se imponga a España una multa de 50 millones de euros por no haber recuperado a tiempo las ayudas concedidas a empresas por las instituciones forales en los años noventa, derogados en 2000 y que la UE declaró ilegales en 2001.

La institución no "comparte" las conclusiones de Sharpston, que deben recibirse "con prudencia", ya que los dictámenes de los abogados generales son "una opinión muy autorizada sobre la interpretación y aplicación del derecho comunitario", pero la decisión vinculante "debe venir de la sentencia definitiva que pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea" en los próximos meses.

A su entender, la sanción propuesta es "excesiva y desproporcionada", teniendo en cuenta que las ayudas concedidas a las empresas vizcaínas "ya han sido recuperadas en su totalidad, incluso con los términos más estrictos exigidos por la Comisión Europea, tal y como ha reconocido la propia Comisión".

La abogada general, explica la Diputación, fija que las cantidades recuperables, por las que establece la propuesta de multa, ascendían a 322,3 millones de euros en total, de los que 212,4 millones correspondían a la Diputación alavesa (65,89% del total), 68,7 millones a la vizcaína (21,31%) y 41,2 millones a la guipuzcoana (12,80%). Bizkaia considera que "estas cantidades deberían tenerse en cuenta a la hora de un hipotético pago de la multa entre las administraciones vascas" si el tribunal mantiene en su sentencia los criterios de la abogada general.

Igualmente señala que no comparte los criterios por los que se ha decantado Sharpston, ya que "ella misma reconoce en sus conclusiones que la posición de las autoridades forales se encontraba justificada".

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La institución foral recuerda que esta cuestión afecta a seis decisiones de la Comisión Europea, dos por cada territorio histórico, y que "las causas del incumplimiento en la fecha de referencia no son las mismas" en los tres territorios.

Mientras, fuentes de la Hacienda de Gipuzkoa han subrayado a Efe que la letrada ha constatado que la recuperación de las ayudas no comenzó a efectuarse de "forma significativa" hasta cuatro años después de la sentencia, que data de 2006, por lo que la responsabilidad de aquella gestión no corresponde al actual Gobierno foral, que tomó posesión en 2011.

De su lado, el diputado general alavés, Javier de Andrés, ha explicado a esa misma agencia que no ha tenido ocasión de leerse a fondo el dictamen de la Abogacía y que lo importante no es la cuantía de la multa, sino conocer si "admite" los postulados defendidos por las Diputaciones.

El mandatario alavés, que se encuentra en Madrid participando en la feria de turismo Fitur, ha subrayado también la importancia de conocer "cómo va a afectar a las empresas" la resolución que finalmente adopte el tribunal europeo sobre las vacaciones fiscales y que "algunas fuentes apuntan a que podría ser antes de este verano".

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