Mondragón dejará en la calle a 900 empleados de Fagor tras su cierre

El Gobierno calcula que, solo contando a las personas que han formado parte hasta ahora de la plantilla de Fagor Electrodomésticos, la cooperativa estrella del grupo Mondragón, ahora en concurso de acreedores, tendrá que trabajar con 900 desempleados para formarlos y ayudarles a encontrar otro puesto. El dato esconde la situación tanto de socios cooperativistas —de los 1.800 que lo son, solo habrá una solución para 1.200, y se prevé que la gran mayoría sean socios y no eventuales— como de trabajadores contratados.

El consejero de Empleo, Juan María Aburto, ha detallado este lunes en el Parlamento el escenario al que se enfrenta la Administración ante el concurso de acreedores de la firma. Aburto ha apostado por ponerse en la peor situación y reducir a 1.200 la cifra de 1.500 trabajadores cuya situación Mondragón ve posible solucionar: 400 recolocados en 2013, 400 más este año, 400 que seguirán en sus puestos y 300 prejubilados. Es el grupo para el que existe una salida laboral sobre un total de 2.100 personas, entre socios y eventuales.

Se trata de una fotografía parcial, ya que la cifra omite otras realidades, como los trabajadores eventuales de otras cooperativas que están perdiendo su trabajo para recolocar a los socios de Fagor, los puestos perdidos entre sus proveedores por la falta de actividad y las deudas o el efecto en otras empresas debido a la caída del consumo en la zona. A ello se suma que la corporación esté reasumiendo tareas hasta ahora externalizadas para dar cabida a los cooperativistas que han perdido sus puestos. Todo ello hará que, en la práctica, empleados no vinculados al grupo sean arrojados a las listas del desempleo.

Empleo muestra su “preocupación”  por no poder lograr ayudas europeas

Aburto ha ofrecido un ejemplo: nueve discapacitados, que ocupan tres puestos en una cooperativa de Mondragón —realizan tres turnos cada uno— se han quedado sin trabajo por la necesidad de hacer sitio a los socios de Fagor. El consejero ha recalcado que no comparte esta decisión y dejó entrever su descontento sobre la manera en que Mondragon está realizando las recolocaciones. Aburto ha dejado claro que el grupo es “legítimo” a la hora de jerarquizar cómo lo hace, pero añadió que al Ejecutivo lo que le preocupa es la “jerarquía inversa”. Dicho de otro modo, ante la priorización al recolocar a los socios, los que se quedan en la cola: eventuales, trabajadores de Edesa —que cotizan a la Seguridad Social, al contrario que los de Fagor, cubiertos por Lagun Aro— e incluso socios cooperativistas con perfiles laborales difíciles de encajar. El responsable de Empleo ha precisado que entre los trabajadores que se han quedado fuera 800 tienen una baja cualificación y la de otros 300 es media o alta. Son estos últimos los más demandados por las cooperativas del grupo, ha indicado.

Para esos 900 no reubicados de Fagor y los trabajadores sin cifrar de otras empresas, se pondrán en marcha acciones “específicas” añadidas a los habituales programas ofrecidos al resto de desempleados.

El plan de formación que se ha establecido para ellos arrancará en marzo, aunque ya se ha realizado un curso y se prepara otro para 200 personas. Aburto se ha reconocido “preocupado” por una cuestión: el dinero que su departamento podrá destinar a estas acciones. El Gobierno quiere recibir ayudas del fondo social europeo para grandes colectivos de personas desempleadas, de cuyos responsables todavía no ha recibido respuesta. Y es que Empleo ha dedicado “muchos esfuerzos” a explicar en la UE el modelo cooperativista, porque, en sentido estricto, los socios de Fagor no son desempleados al uso que puedan beneficiarse de la ayuda solicitada del fondo, sino empresarios.

Tras la dimisión el pasado viernes del presidente de Mondragon, Txema Gisasola, el consejero ha señalado que no apuesta por “ninguna revisión del modelo. Lo que deban ser revisadas son algunas cuestiones que tengan que ver con determinadas tomas de decisiones en momentos determinados”. Aburto ha recordado que cuando su departamento realizó un informe jurídico para aclarar si los socios tendrían que responder a la deuda de Fagor con sus bienes —concluyó que no—, fue desautorizado por el director de la firma, Sergio Treviño.